Acabamos de recibir convocatoria de mesa sectorial que tendrá lugar el próximo día 22 de julio para la negociación de la nueva Disposición Transitoria 8ª de la Ley del Registro Civil de 2011, que como sabéis ha sido prorrogada por un Decreto Ley que está ahora en trámite de convalidación en el Congreso.

El borrador de esa nueva Disposición Transitoria establece que Trasladados los libros y clausurada la oficina, los funcionarios,  mediante un proceso de reordenación de efectivos, serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo, previa negociación con las centrales sindicales en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.

Este texto no recoge en absoluto la garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo de la que tanto habla el Ministerio, ni siquiera para su ámbito, por lo que nos gustaría saber cómo y dónde piensa plasmar, de forma creíble, esa garantía. Desde STAJ ya advertimos que no nos lo creíamos. Lamentablemente parece que se confirman nuestras dudas.

Desde STAJ exigiremos que esas garantías se incluyan en el texto, de forma que sean obligatorias para todos los ámbitos, transferidos y no transferidos. Si no lo hace, el Ministerio nos estará dando un argumento más para intensificar las movilizaciones contra el desmantelamiento y privatización del Registro Civil.

Según el Ministerio, la decisión sobre la desjudicialización ya está tomada y estaba ya en la Ley de 2011. Ahora queda negociar con los sindicatos que la situación en que quedará el personal afectado durante y después del periodo de traspaso del servicio a los Registradores mercantiles, sean las “mejores posibles.”

STAJ reprocha la falta de transparencia del Ministerio y aboga por la continuidad del Registro Civil en la Administración de Justicia.

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En la reunión informativa que sobre Registro Civil se celebró ayer día 15 de julio en el Ministerio con STAJ y el resto de sindicatos representativos del sector, el Subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, explicó a las organizaciones sindicales los motivos que han llevado al gobierno a encomendar la gestión y llevanza del Registro Civil a los Registradores mercantiles, en lugar de a otros funcionarios (no de Justicia) como estaba previsto en la Ley de 2011 y cuya entrada en vigor ha sido prorrogada un año más (que se añade a los tres de “vacatio legis” que ya ha tenido). En síntesis, las explicaciones del Ministerio son las siguientes:

Nuevo modelo de Registro Civil en la Ley de 2011.-

El nuevo modelo de Registro Civil diseñado en la Ley de 2011 (aprobada por el PSOE con los votos favorables del PP) se fundamenta en un Registro Civil de personas, y no de actos como el actual. Para ello es necesaria una potente plataforma informática, única para todo el territorio nacional, que debería haberse puesto en marcha en los tres años de vacatio legis. Como consecuencia de las dificultades económicas, esa plataforma no se ha creado aún, y el Estado y las Comunidades Autónomas no están en condiciones, según el Ministerio, de asumir su coste, y además continuar sufragando el coste del servicio, por mucho que vaya a reducirse a partir de ahora gracias a ese nuevo modelo de Registro Civil.

Gratuidad del Registro Civil.-

Los Registros Mercantiles, que a diferencia de los Registros de la Propiedad no han sufrido efectos negativos por la crisis (se siguen realizando infinidad de actos inscribibles en aquél Registro), sí están en condiciones de asumir el coste tanto de la implantación de la plataforma tecnológica, (mediante la creación de una corporación de derecho público que englobaría a todos los registradores mercantiles), y de soportar los gastos que conllevará la llevanza del Registro Civil. Y ello, en primer lugar, porque según el Ministerio tienen margen suficiente para afrontar ese coste sin necesidad de subir los aranceles actuales. De ahí que puedan asumir también que el Registro Civil sea gratuito en todos sus actos, incluso el posible incremento de personal que pudiera necesitarse para la nueva función que se les encomienda. Dice el Ministerio que esta gratuidad está garantizada expresamente en el texto modificado, mientras que el original de la Ley de 2011 no garantizaba esta gratuidad, pues nada se decía al respecto.

Garantía de protección legalidad y protección de datos.-

El Ministerio insiste en que los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos, sometidos a la ley y a las órdenes e instrucciones del Ministerio de Justicia y la Dirección General de los Registros y del Notariado, de quien dependen jerárquicamente. La garantía de legalidad y de protección de datos está asegurada según el Ministerio, y ello aunque los trabajadores de los Registros mercantiles no sean funcionarios, ya que están obligados como todo el mundo a cumplir la ley, incluida, por supuesto, la Ley de Protección de Datos.

Habrá oficinas de Registro Civil en todas las provincias.-

Frente a las previsiones iniciales de la Ley de 2011, la modificación que ha aprobado el gobierno permitirá que exista una oficina de Registro Civil en todas las capitales de provincia, frente a una por Comunidad Autónoma (y otra más por cada 500.000 habitantes), que es lo que preveía el texto original de la Ley de 2011. En este sentido, dice, el texto se ha mejorado para acercarse más a la ciudadanía.

Las Notarías y las “Oficinas Judiciales de Paz” asumirán funciones auxiliares en materia de Registro Civil.-

El nuevo Registro Civil será fundamentalmente electrónico, por lo que apenas requerirá la presencia física de los ciudadanos ante sus dependencias. Cuando no sea posible la solicitud o iniciación de esos trámites por vía electrónica, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas del Registro Civil de las capitales de provincia, y en el resto de ciudades y pueblos, podrán hacerlos ante las notarías. Allí donde no haya notaría, esos trámites podrán solicitarse o iniciarse ante las Oficinas Judiciales de Paz que sustituirán a los actuales Juzgados y Agrupaciones de Paz.

El Ministerio garantiza, para su ámbito, todos los puestos de trabajo sin excepción.-

El Ministerio insiste en que en su ámbito de competencias no va a desaparecer ni un sólo puesto de trabajo. En cuanto a los funcionarios de carrera, por que no puede ser de otra manera (y esto vale incluso para los territorios transferidos), garantizando además que la reordenación se hará a otros puestos de la misma localidad; y en cuanto a los interinos, porque ese es su compromiso, y se arbitrarán los mecanismos para que el número total de funcionarios, incluidos los interinos, sea el mismo una vez se produzca el traspaso. El Ministerio considera que los funcionarios de Justicia hacen mucha falta en las labores derivadas estrictamente de la función jurisdiccional de la Administración de Justicia, por eso todo el capital humano se empleará en esas labores. Respecto a las CCAA con competencias, alguna también se ha comprometido a mantener todos los puestos de trabajo.

Con el texto original de la Ley de 2011 no se garantizaba ni un sólo puesto de trabajo. Los pocos funcionarios que pudieran ocupar los puestos de Registro Civil en las RPTs que se aprobasen por las CCAA, no absorberían ni mucho menos a todo el personal excedente en Justicia, por lo que esos puestos se perdían en la Administración de Justicia, lo que equivale a que los interinos serían cesados, y los titulares reordenados a vacantes disponibles, desplazando y cesando, a su vez, a los interinos que los ocupasen.

Además, y respecto a la petición sindical de que el Registro permanezca servido por Secretarios judiciales y resto de personal de la Administración de Justicia como un servicio más de ésta, el Ministerio considera que la Ley de 2011 supone la desjudicialización plena, en sentido amplio, y además afirma que eso no aseguraría ni mucho menos los puestos de trabajo, porque la nueva plataforma tecnológica supondrá que la inmensa mayoría de las inscripciones de nacimiento y defunción se promoverán directamente por los hospitales, de forma telemática, las certificaciones no será necesario obtenerlas salvo para cuestiones meramente privadas, ya que las Administraciones tendrán acceso electrónico al Registro Civil, y las comparecencias presenciales en los expedientes de nacionalidad se reducirán a la mitad, sólo para el trámite de juramento. Por ello, será necesario muchísimo menos personal.

Periodo transitorio y negociación de la situación en que quedará el personal.-

La Disposición Transitoria 8ª de la Ley de 2011 debe ser modificada porque no tiene encaje con la modificación realizada por el actual gobierno, por eso hay que negociar una nueva. Hoy o mañana nos facilitarán el borrador, para alegaciones.

En cuanto a las condiciones del periodo transitorio (dos años durante los cuales convivirán el modelo actual de Registro civil y el nuevo modelo, una vez se instaure la plataforma tecnológica), y la situación en que quedará el personal tras el cierre de las oficinas actuales, también van a negociarse con las organizaciones sindicales, bajo el principio de lograr que se haga con las mejores condiciones, con salvaguarda de todos los derechos de los funcionarios.

STAJ, ha reprochado al gobierno su absoluta falta de transparencia y su falta de respeto hacia los trabajadores, por no haber ni siquiera hablado con los sindicatos sobre sus intenciones respecto al Registro Civil, de las que nos hemos enterado siempre a través de terceras personas.

No creemos que el servicio vaya a ser gratuito, de alguna forma los Registradores exigirán, tarde o temprano, una contraprestación para financiar su coste, y lo harán vía aranceles o vía presupuestos, subvenciones, o como sea, con lo que seguirá siendo una “carga para los presupuestos”.

Aunque los Registradores sean funcionarios, su personal no lo es, y diga lo que diga el Ministerio, sólo los funcionarios somos los garantes del cumplimiento de la legalidad y nuestra intervención está siempre sometida a los principios de imparcialidad y confidencialidad.

En STAJ no nos creemos que se vayan a garantizar todos los puestos de trabajo, seguro que, a corto o medio plazo, irán eliminando refuerzos, para poder absorber todos los excedentes del Registro Civil. Y además, el Ministerio debe buscar el mecanismo para que la garantía de los puestos obligue también a las CCAA con competencias.

Por último, STAJ siempre se opuso a la Ley de 2011, pues abogamos por el mantenimiento del Registro Civil como un servicio de la Administración de Justicia, y continuará luchando por ello, para intentar parar por otras vías esta privatización, así como intensificando las movilizaciones, sin descartar LA CONVOCATORIA DE HUELGA. El Ministerio no tiene asegurada la “paz social”, ni mucho menos.

Alcanzado principio de acuerdo entre el Ministerio de Justicia y CSIF, STAJ y UGT, pendiente de su ratificación o no, a la vista de la redacción final.

1. No se suprimen los partidos judiciales. Los Tribunales de Instancia pierden, pues, su condición de provinciales. Lo único que será provincial será el reparto de asuntos con arreglo a criterios de reparto equitativo de trabajo entre las diferentes unidades, sin perjuicio de las especializaciones por materias y/o jurisdicciones que pudieran establecerse.

2. Se mantienen todos los Juzgados y Agrupaciones de Paz. Se crearán “Oficinas judiciales de Paz” allí donde actualmente hay Juzgado de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz con funcionarios de Justicia y se les dará más funciones. Actos de comunicación y ejecución, recepción de escritos, información general y particular al ciudadano, mediación, registro civil,

3. Se mantienen los centros de destino previstos en la LOPJ vigente, de forma que los centros de destino no se referirán a la provincia, sino al municipio.

4. Se garantiza la promoción interna: de gestor a Letrado (Secretarios) habrá oferta anual de promoción interna haya OPE a Secretarios o no la haya. La antigüedad requerida continuará siendo de dos años y no de tres como venía en el anteproyecto. Para el resto de cuerpos la promoción está garantizada ya que se podrá convocar promoción independiente cuando se estime necesario (cuando no haya OPE).

5. Se introduce la posibilidad de promoción interna de Técnicos de Laboratorio a Facultativos de INTyCF, así como la posibilidad de sustitución a dicho cuerpo.

6. Sustituciones de Gestión a Letrados: Los gestores podrán ser nombrados Letrados suplentes (se elimina el apelativo de no profesionales para los gestores), y tendrán preferencia absoluta en los llamamientos sobre el resto de aspirantes de la bolsa que no son gestores a los que se llamará letrados suplentes no profesionales.

7. Se reconoce el carácter de agente de la autoridad a los gestores cuando la naturaleza del acto lo requiera (embargos, lanzamientos, etc.)

8. Se recoge que los Gestores podrán prestar servicios en las Unidades Administrativas, que el texto original había “olvidado” (sólo lo preveía para Tramitación y Auxilio)

9. Los Gestores y los Tramitadores podrán realizar funciones en materia de justicia restaurativa (asistencia a la víctima) y de solución extra procesal.

10. Se recogen los mismos derechos profesionales que los establecidos para los Letrados judiciales.

11. Se establece la obligatoriedad de elaboración y publicación del escalafón anual, que fue suprimida en 2003.

12. Se establece un régimen transitorio de varios años para la nueva exigencia de titulación MIR especialidad en medicina legal, para ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses, en que esa nueva titulación no será exigida. Incluso existirán una o dos oposiciones antes de que la nueva titulación entre en vigor.

13. Se recogerá en el nuevo texto el derecho a no ser discriminados por razón de la orientación sexual del funcionario.

14. Se elimina la obligatoriedad de “vestir con decoro”.

15. Se establecerán planes de igualdad en la Administración de Justicia.

16. Compromiso, fijado en la LOPJ con plazo (entre 3 y 6 meses), para la negociación del desarrollo de la LOPJ por vía reglamentaria antes del final de legislatura.

Tras más de dos meses de negociaciones en grupos de trabajo entre los sindicatos y el Ministerio de Justicia, el pasado día 10 de julio ha tenido lugar la reunión de la Mesa sectorial en la que se ha alcanzado un principio de acuerdo que recoge las cuestiones más importantes de cara a la salvaguarda de los derechos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial frente a la redacción original del anteproyecto que nos presentó el Ministerio de Justicia inicialmente.

Finalmente, y aunque no se recogen muchísimas de las alegaciones realizadas por los sindicatos, sí que se han aceptado por el Ministerio las más importantes, y que eliminan el riesgo de movilidad forzosa ordinaria que consagraba el texto original. Así, no sólo no se eliminan los partidos judiciales, sino que con los nuevos criterios de reparto provincial se mitigan las desigualdades en volumen de asuntos que se dan en muchos casos entre unos partidos judiciales y otros (que es lo que ponía en riesgo la permanencia de los menos saturados como sede judicial, y que podría hacerlos desaparecer ya hoy sólo con modificar los anexos de la Ley de Planta, sin necesidad de modificar la LOPJ).

Junto a eso, los centros de destino se mantienen referidos a la localidad y no a la provincia, desapareciendo el riesgo de movilidad forzosa ordinaria con la que se amenazaba en el texto original, y además se recoge el compromiso del Ministerio de un posterior desarrollo reglamentario en el que se pueda establecer una diferenciación más concreta no sólo de los puestos singularizados, sino también de los genéricos. Desarrollo reglamentario que también podrá mejorar el régimen de sustituciones y comisiones de servicio actuales.

Además, se crean las “Oficinas judiciales de Paz”, que sustituirán a los actuales Juzgados de Paz y Agrupaciones, con competencias en actos de comunicación, mediación o conciliación, información y atención al ciudadano en materia de trámites procesales, primera orientación en materia de asistencia a las víctimas, recepción de escritos, y las funciones residuales que pudieran quedarles en materia de Registro Civil. Los funcionarios destinados en los actuales Juzgados de Paz permanecerán en esas “oficinas judiciales de Paz”, garantizándose así el puesto de trabajo a casi tres mil funcionarios, en TODO el territorio nacional, y ello aunque desaparezca el Registro Civil como servicio de Justicia (los primeros en “caer” serían los funcionarios destinados en Juzgados de Paz, al desaparecer una de sus principales funciones)

Todo ello, junto al resto de puntos aprobados, constituyen sin duda un importante avance que no sólo mantiene los derechos de los funcionarios puestos en serio riesgo, sino que en algunos aspectos se mejoran sustancialmente. Por ello las organizaciones CSIF, STAJ y UGT hemos alcanzado este principio de acuerdo (aún no se ha firmado nada), que quedará no obstante condicionado a la definitiva redacción que sea llevada al texto definitivo que se apruebe por el Gobierno para su inminente envío al Congreso para su tramitación parlamentaria, que se producirá antes de final de mes.

No es fácil de entender que CCOO no haya aceptado este preacuerdo sujeto, recordemos, a ratificación a la luz de lo que diga definitivamente el proyecto de LOPJ. Y no lo entendemos porque su reivindicación principal, como la nuestra, HA SIDO SATISFECHA PLENAMENTE. Sorprendente también que ELA y CIGA se hayan levantado de la mesa al inicio de la reunión, sin esperar si quiera a que el Ministerio diera contestación a las peticiones sindicales.

Finalmente, la firma de este preacuerdo no significa que las tres organizaciones sindicales renunciemos ni al resto de alegaciones presentadas, ni a la recuperación de los derechos injustamente perdidos (de hecho la negociación reglamentaria abre la vía para recuperar algunos) y para seguir exigiendo un Registro civil público gestionado por funcionarios de Justicia. Llevamos meses consultando a los trabajadores y lo se llevará al texto de la LOPJ es precisamente lo que ellos nos han demandado. Ha quedado demostrado que la negociación y la movilización sirven para algo y que todos juntos podemos. Las tres organizaciones sindicales renovamos nuestro compromiso con los funcionarios de Justicia y seguiremos en la lucha por conseguir mejorar las condiciones de trabajo de todos nuestros compañeros.

La alternativa suponía liberar al Ministerio de compromiso alguno y darle vía libre para llevar la reforma de la LOPJ tal cual nos la presentaron inicialmente algo que los tres sindicatos no podemos permitir por responsabilidad. Lamentamos que CCOO no lo haya percibido así pero esperamos que con el paso del tiempo se den cuenta de lo que significaría para los funcionarios un texto como el que nos planteó el Ministerio en un principio.