En la asamblea de registradores celebrada en Zaragoza la pasada semana se aprobó, mayoritariamente, que estos no quieren asumir la gestión del Registro Civil.
La lucha por conseguir que los Registros Civiles continúen servidos por personal al servicio de la Administración de Justicia aún no ha acabado. Ahora los secretarios judiciales piden gestionar el Registro Civil para garantizar su gratuidad y protección de datos personales
Frente a los planes del Ministerio de entregar el Registro civil a los REGISTRADORES STAJ mantiene una oposición frontal a esta encubierta privatización de los Registros Civiles. Es cierto que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles tienen el carácter de funcionarios públicos según establece la Ley Hipotecaria (no así su personal), pero cobran por arancel y no por sueldos públicos como el común de los funcionarios. Por ello, cobrar y hacer propios los beneficios derivados de la actividad registral supondría de facto la privatización de un servicio público hasta ahora gratuito pagado por el Estado con nuestros impuestos para explotarlo en beneficio propio.
Los ciudadanos, tendríamos que sufragar adicionalmente, mediante el pago de aranceles, el coste del servicio del Registro civil, hoy estimado en 450 millones de euros, además de la inversión tecnológica que se supone que habría que hacer. Aun cuando las inscripciones de nacimiento o defunción fuesen gratuitas, la expedición de certificados a particulares y el ejercicio de determinados derechos fundamentales y su inscripción, como contraer matrimonio, adquirir la nacionalidad o el derecho al nombre y su cambio estarían sujetos al pago de aranceles a Registradores y Notarios.
Por otro lado, implicaría un aumento de los hechos y actos que tendrían que acceder al Registro civil de evidente significado jurídico pero que nada tienen que ver con el estado civil de las personas, como son el otorgamiento de poderes, los seguros de vida, los planes de pensiones, los seguros de deceso o los testamentos, implica el deseo de rentabilizar la llevanza del registro civil por parte de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Desde STAJ seguimos defendiendo que dado el carácter de servicio público que tiene el Registro Civil, así como el carácter específico de los hechos y actos del estado civil cuya constatación es objeto del Registro Civil, que afectan directamente al contenido de derechos fundamentales de la persona en cuanto tal, y la necesidad de su salvaguarda y privacidad, exigen que el Registro Civil esté servido en su totalidad por funcionarios públicos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. El sistema informático que va a gestionar los datos más íntimos y personales de todos los ciudadanos españoles y de los extranjeros que viven en España ha de ser un sistema informático público, gestionado por funcionarios públicos sujetos a los derechos y deberes establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuya calificación e independencia suponen una garantía para los ciudadanos.
STAJ entiende que esta negativa hacerse cargo de los Registros Civiles es una estrategia de los Registradores para conseguir que el Ministerio les dote con todos los recursos que hasta la fecha no se han invertido en el Registro Civil y con los cuales los Registros Civiles actualmente funcionarían a la perfección. La modernización del Registro Civil simplemente precisa del establecimiento de herramientas informáticas que desarrollen y complementen el programa Inforeg.
Por lo que STAJ apuesta por un Registro Civil llevado por funcionarios de Justicia, lo que conllevaría que siguiera siendo un centro de destino para los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial. La desjudicialización no tiene por qué suponer que deje de ser un servicio gestionado por funcionarios de justicia.
SECRETARIOS JUDICIALES
El portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Carlos Artal, ha pedido encomendar el Registro Civil a estos fedatarios públicos para garantizar su gratuidad y que información “tan delicada” como los datos personales de los ciudadanos sigan en manos del personal funcionario.
UPSJ ha advertido sobre el peligro de que una información “tan delicada” como los datos de carácter personal albergados en el Registro Civil queden en manos de “personal no funcionarial” y sin experiencia en este ámbito, lo cual podría vulnerar la propia Ley de Protección de Datos. Ha apostado por la interconexión y la supresión del papel para lograr un Registro Civil “efectivo al cien por cien” y ha desmentido que los registradores hayan resuelto el atasco de 400.000 expedientes de nacionalidad, puesto que “solo han informado, verificado los requisitos”. “Lo están tramitando los registros civiles, solo han informado”
Los Secretarios Judiciales mueven ficha y vienen a corroborar lo que desde STAJ venimos manifestando, tanto en cuanto a la necesidad de que por la salvaguarda y privacidad de los datos que se manejan en el Registro Civil necesariamente tiene que estar gestionado por funcionarios públicos, como en cuanto a la información engañosa que se esta publicando en los medios de comunicación en cuanto a la puesta al día y resolución por parte de los Registradores de los 400.000 expedientes de nacionalidad.
Si bien, la opción implicaría que el Registro Civil estuviera gestionado como hasta el momento por funcionarios de la Administración de Justicia con experiencia necesaria para que con los medios adecuados actualizaran el funcionamiento de los registros Civiles, esperamos que teniendo en cuenta que el verdadero impulso procesal y la tramitación efectiva de los procedimientos recae en numerosas ocasiones en los funcionarios, esto no sea una treta para conseguir para este Cuerpo nuevas funciones y retribuciones en menoscabo del trabajo que realizamos el resto de Cuerpos de los funcionarios de Justicia
Por último y en relación a esta nueva tendencia del Ministro Gallardón a la privatización de los servicios de la justicia, STAJ se opone rotundamente a la privatización de los actos de comunicación y de ejecución, para encomendárselo a los procuradores, en un momento en el que, precisamente, la figura del procurador está puesta en entredicho por la Unión Europea. La Justicia no puede privatizarse, y menos aún ponerla en manos de profesionales que representan a una de las partes en el litigio. Por lo demás, la experiencia está demostrando que los procuradores no son aptos para realizar actos de comunicación (los colegios de procuradores de ciudades de dimensiones medias son incapaces de realizar las notificaciones a sus propios colegiados en tiempos razonables, dándose casos en los que tardan más de quince días en tramitar unas notificaciones que no requieren más que la firma del propio profesional que la recibe, en la oficina destinada al efecto en los propios colegios. ¿Qué sucederá cuando las comunicaciones requieran el desplazamiento fuera de las sedes de los colegios profesionales? ¿Qué sucederá si, además, se le dan tareas de ejecución de sentencia?
