Mar 19 2014
Publicado en la Web del Ministerio de Justicia. 64 puntos sistema general, y 50 puntos para turno discapacitados, en todos los ámbitos territoriales.
Acuerdo de 18 de marzo del Tribunal Calificador Único, turno libre, por el que se establece la puntuación mínima para superar el primer ejercicio, en todos los ámbitos territoriales.
19 de marzo de 2014
Documentos asociados
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Mar 19 2014
En la tarde de ayer STAJ y los otros tres sindicatos representativos de Justicia de ámbito nacional (CSIF, UGT y CCOO) mantuvimos reunión con el Grupo Parlamentario Popular, dentro de la ronda de contactos que los cuatro sindicatos estamos manteniendo con los diferentes grupos parlamentarios.
STAJ trasladó a los representantes populares nuestra rotunda oposición a que el Registro Civil pase a manos de los Registradores de la propiedad, en lo que sería una privatización de un servicio que ha venido siendo público y gratuito desde su creación, con el consiguiente riesgo para la privacidad de datos sensibles de los ciudadanos. STAJ puso de manifiesto que la única garantía de confidencialidad de todos los datos que acceden al Registro Civil es que continúe siendo gestionado por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
En este sentido, STAJ ha trasladado al Grupo Popular nuestra propuesta de que el Registro Civil, aun desjudicializándose, sea gestionado enteramente por funcionarios de Justicia, pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios judiciales, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, como funcionarios profesionales altamente cualificados en la materia y en la atención al público especializada que requiere un servicio como el Registro Civil, y por tanto, continúe siendo un servicio de la Administración de Justicia aun sin estar servido por jueces.
Los representantes populares tomaron nota de nuestras propuestas, que encontraron muy interesante, y ofrecieron su compromiso de estudiarlas y trasladarlas al Ministro de Justicia en los próximos días.
Por otra parte, STAJ ha vuelto a presentar escrito ante el Ministerio de Justicia reiterando nuestra propuesta de que el Registro Civil continúe siendo un servicio y un centro de destino de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por funcionarios de Justicia.
Más información, pincha AQUÍ
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Mar 18 2014
El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía Emilio de Llera mantuvo la semana pasada reunión con STAJ de Andalucía, en la que nos informó sobre la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal.
6-03-2014
El Consejero trasladó a STAJ sucintamente los planes de la Consejería al respecto, reiterando en este sentido lo que ya sabíamos (inicio de implantación de la NOJ en El Ejido y Vélez Málaga y de la NOF en la Fiscalía de Sevilla), el Consejero insistió en las “bondades” de su proyecto, incidiendo especialmente en que con el nuevo modelo se establecerá un sistema de organización del trabajo mucho más eficiente del que se beneficiarán todos, tanto ciudadanos como funcionarios que trabajamos en los órganos judiciales.
También aprovechó el Consejero la reunión para reprochar a STAJ que hayamos impugnado el Decreto, manifestando “no entender” nuestra postura. STAJ volvió a explicarle que el recurso de STAJ se fundamenta en la ausencia de negociación del Decreto. No pretendemos, ni mucho menos, torpedear la puesta en marcha de la NOJyF. STAJ está a favor de la modernización de la Justicia, pero no podemos permitir que una norma que incide de manera directa en las condiciones de trabajo de los funcionarios sea impuesta sin negociación con los representantes de los trabajadores. En el ámbito Ministerio, donde la NOJ ya es una realidad desde 2010, se negoció hasta la última coma, y aunque no hubo consenso en todo, sí se logró un importante acuerdo, en el que STAJ fue protagonista y firmante, que garantizaba y mejoraba los derechos de los funcionarios en el tránsito a la NOJ. La Consejería andaluza, en cambio, se niega a negociar lo más básico, por ello STAJ no ha tenido otro remedio que impugnar el Decreto, aunque continuaremos abiertos a la negociación en la que, al menos, se garanticen los siguientes puntos:
Mantenimiento de todas las retribuciones actuales -sin recortes- y creación de puestos con mayores retribuciones acordes con la responsabilidad y/o especial dedicación que asuman, que se determinen en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Voluntariedad en los procesos de acoplamiento y reordenación de efectivos y en la adscripción a los puestos de trabajo mediante concurso de traslado.
Diferenciación de puestos de trabajo en las RPTs por secciones o equipos y tipos de puesto dentro de los servicios comunes y por tipos de órganos dentro de las Unidades Procesales de Apoyo Directo. Garantía de movilidad voluntaria y no obligatoria entre diferentes puestos de trabajo.
Incremento de plantillas, antes de la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que incluya al menos el número de refuerzos existentes antes de 2010.
Definición de funciones y tareas generales a realizar según los tipos de puestos.
Cobertura mayoritariamente por funcionarios de Justicia en las futuras Unidades Administrativas.
STAJ también está en contra de los puestos de libre designación.
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Mar 18 2014
Publicado en el BOE de hoy 18 de marzo
Orden JUS/409/2014, de 26 de febrero, por la que se resuelve concurso de traslado para la provisión de plazas del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
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Mar 18 2014
Ocupa las últimas posiciones en percepción de independencia del poder judicial.
Noticia publicada en Diario de Noticias La Ley
España se encuentra -junto con Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia- entre los Estados miembros con más casos judiciales en el ámbito civil y comercial pendientes de sentencia y ocupa las últimas posiciones en materia de inversión en tribunales y número de jueces, según el marcador sobre el estado y la calidad de la justicia en la UE publicado este lunes por la Comisión Europea, que utiliza datos de 2012.
La justicia española se encuentra también entre las percibidas como menos independientes de la UE por parte de empresarios de todos los sectores (ocupa el puesto 22 entre los 28 Estados miembros), un sentimiento que además ha empeorado entre 2010 y 2012. Sólo Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia registran resultados peores, según los datos del Foro Económico mundial de los que se hace eco Bruselas.
Según los datos de Bruselas, España se sitúa en la parte media de la clasificación por lo que se refiere a la duración de los procedimientos, con alrededor de un año de promedio, superando incluso a Francia o Finlandia. Sin embargo, el número de casos pendientes está entre los más altos de la UE(casi tres por cada 100 habitantes en primera instancia), aunque baja ligeramente respecto a 2010. Sólo registran peores resultados Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia. Pero el estudio no tiene información de Chipre, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Holanda y Reino Unido.
Por lo que se refiere a la calidad del sistema judicial, el Ejecutivo comunitario sitúa a España en la parte media del marcador en cuanto al uso de tecnologías de la información para el registro y la gestión de casos, aunque le suspende por la escasa participación (inferior al 10%) de jueces en actividades de formación continua en materia de derecho de la UE o en derecho de otros Estados miembros.
Además, España figura como farolillo rojo en el presupuesto dedicado a tribunales, con una espectacular caída de los 90 euros por habitante en 2010 a apenas 25 euros por habitante en 2012. Sólo Rumanía, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia e Irlanda dedican cifras más bajas.
España está también a la cola de la UE en número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes, cifra que únicamente es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia.
http://diariodenoticias.laley.es/documento.asp?id=./NE0000350419_20140317.HTML
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Mar 17 2014
B.O.E. de 15-3-2014.
· Cuestión de inconstitucionalidad n.º 890-2014, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
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Mar 17 2014
El presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo del Río, durante su visita a Ceuta para conocer “el desarrollo de la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ)”, ha reconocido que el nuevo esquema organizativo no ha dado aún “un resultado plenamente satisfactorio”. “Seguramente la ciudadanía todavía no ha percibido ninguna diferencia con respecto al modelo anterior”, ha lamentado.
El presidente del TSJA opina que en la NOJ existe “mucho trasiego de papel” y “demasiada burocracia” pero “poco sitio” para que los funcionarios trabajen con comodidad, por lo que ha avanzado que habrá que hacer una “redistribución” de personal entre las distintas Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD).
“La falta de una sede única y del expediente digital complica las cosas pero hay que conseguir que el papel no se mueva tanto para lograr mejoras sensibles que todavía no se han logrado”, se ha propuesto Lorenzo del Río.
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Mar 17 2014
La supresión de la incompatibilidad entre abogado y procurador del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales choca con las nuevas competencias que la Ley de Enjuiciamiento Civil podría atribuir a los procuradores.
El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, impulsado por el Ministerio de Economía vuelve a encontrar piedras en su camino.
El Consejo de Estado plantea objeciones al texto en lo que respecta a la posible supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, y lo hace sobre todo teniendo en cuenta las nuevas competencias que prevé asignar a estos últimos el Ministerio de Justicia a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en mayo de 2013.
En el dictamen emitido por el órgano consultivo sobre el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, exige que a la hora de valorar la posible compatibilidad entre ambas profesiones, no se pierda de vista la otra reforma que amplía las funciones de los procuradores.
Se refiere a la modificación de la LEC, que atribuye a este colectivo la facultad de realizar determinadas funciones que hasta ahora ejercían en exclusiva los secretarios judiciales, como actos de comunicación o de ejecución de la Administración de Justicia, para los que se les otorgaría la condición de agentes de la autoridad.
Entre dos ministerios
Estas objeciones suponen la escenificación de un choque entre reformas normativas del Ministerio de Economía y el de Justicia, que, tal y como propone el Consejo de Estado, deben ser vistas en conjunto para lograr una coherencia legislativa.
El Consejo de Estado recuerda que si ya la atribución de actos procesales de ejecución a los procuradores, a través de la reforma de la LEC, suscitaba “importantes objeciones”, como hizo constar en un dictamen anterior, ahora crea dudas “de mucho mayor calado el que esas mismas funciones de colaboración con la Administración de Justicia fuesen desempeñadas por el abogado de una de las partes en el proceso”. Es decir, considera incompatible la medida de la Ley de Servicios que contempla la supresión de la incompatibilidad entre abogado y procurador con la posible aprobación de la asignación de ciertas funciones jurisdiccionales a los procuradores, que en ningún caso podrían ejercer los abogados.
“El problema, en definitiva, no es tanto el de la compatibilidad entre la profesión de procurador tradicional y la de abogado, sino el de la compatibilidad de esta última profesión con la que desempeñaría el nuevo procurador de los tribunales que, además de sus clásicas funciones de representación, asumiría otras de ejecución y comunicación procesales en sustitución del secretario judicial”, insiste el dictamen.
Y añade que “el desempeño por el abogado de una de las partes de las nuevas tareas que la proyectada reforma de la LEC atribuye al procurador resultaría incompatible con la independencia y apariencia de la misma que debe exigirse a quien como abogado actúe como colaborador de la Administración de Justicia”.
Posible solución
En esta línea, sostiene el Consejo de Estado que para unificar las profesiones de abogado y procurador debería establecerse claramente “que quedan excluidas de tal compatibilidad el ejercicio simultáneo de funciones de defensa jurídica, de actos de comunicación con capacidad de certificación, el cumplimiento del embargo y los demás actos para los que se requiera la condición de agente de la autoridad”.
http://diariodenoticias.laley.es/documento.asp?id=./NE0000348112_20140314.HTML
http://www.expansion.com/2014/03/14/juridico/1394814135.html
Postura de STAJ.-
Cuando el pasado 3 de mayo, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, este sindicato ya advertía de algunas de las objeciones que ahora plantea el Consejo de Estado.
“Desde STAJ consideramos que estamos ante la privatización de otro servicio público, encomendado siempre a funcionarios. Aunque la futura Ley permitirá al ciudadano (demandante) elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación y de ejecución no existe duda sobre quién elegirá el demandante cuando tenga suficientes recursos económicos. La realización de los actos de comunicación por el Procurador de la parte contraria, causará múltiples casos de indefensión y asimismo encarecerá el proceso de ejecución. Se hacen cada vez más visibles los pasos dados desde el Ministerio de Justicia para crear una justicia de dos velocidades: una para ricos y otra para el resto de ciudadanos.
STAJ considera dicha privatización inadmisible y en unión de los demás Sindicatos realizaremos actos de presión y movilizaciones para que esto no se lleve a cabo.
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Mar 17 2014
En relación a la noticia publicada en este blog el día 11 de marzo relativa a la MUGEJU, asistencia sanitaria en el extranjero, os comunicamos que para los que tengan pensado viajar por la Unión Europea, que existe un documento llamado Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), que acredita el derecho a recibir prestaciones sanitarias en idénticas condiciones que los residentes del país de destino.
Os dejamos el enlace al documento de solicitud de dicha tarjeta por si es vuestro caso. Simplemente la tenéis que rellenar y presentar en vuestra delegación provincial de la MUGEJU.
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Mar 14 2014
El culebrón de los trienios del personal interino llega a su fin con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 21 de Febrero de 2014. Se trataba en esta ocasión de determinar si el Estado era responsable del pago retroactivo de los trienios al personal interino ya que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fijaba sus efectos desde su vigencia ( Abril de 2007) pese a que la Directiva europea fijaba como límite de transposición al Derecho interno el 10 de Julio de 2001.
1. Es el caso de una legión de funcionarios interinos que acudieron a los Juzgados, que estimaron su reclamación pero con el límite temporal de Abril de 2007 porque así lo fijaba el EBEP. O sea cosa juzgada en cuanto a rechazar la extensión retroactiva de sus trienios. Aunque hemos de recordar que hubo Juzgados que valientemente inaplicaron el EBEP y reconocieron tal eficacia retroactiva pero la inmensa mayoría siguieron la letra de la Ley.
2. Algunos funcionarios interinos con sentencias que estimaban su derecho pero con el citado límite temporal no se conformaron, aceptaron la cosa juzgada, pero con la sensación de que el Estado había hecho mal sus deberes, acudieron a pedir responsabilidad patrimonial al Estado legislador. Así, en el caso ahora zanjado por el Supremo intentaron exigir responsabilidad al Estado que con su demora al aprobar el EBEP había esfumado el derecho al pago retroactivo de los períodos anteriores.
3. El Tribunal Supremo en un laboriosa de 21 de Febrero de 2014, aborda la responsabilidad del Estado legislador frente al incumplimiento del Derecho comunitario y analiza los tres requisitos para que prospere.
En primer lugar, el Supremo confirma que hay un incumplimiento formal puesto que el plazo para trasponer la Directiva 1999/70/CE, de 28 de Junio vencía en el año 2001 y el EBEB la transpone el año 2007 (¡!).
En segundo lugar, el Supremo confirma que hay un incumplimiento material porque el EBEP realiza una transposición incorrecta, pues al extender su efecto a los funcionarios interinos limita su eficacia a la entrada en vigor del EBEP, negando su retroactividad. O sea perjuicio económico real.
Y en tercer lugar, el Supremo cambia de tono al examinar el tercer requisito, el relativo a que exista un incumplimiento “suficientemente caracterizado” y ..¡ rechaza que concurra en el presente caso!
Queda zanjada la cuestión y seguro que está muy clarita en la sentencia que podéis releer aquí. y que “es conveniente que se conozca, entre otras cosas para que los interesados que tengan un recurso pendiente ante la misma Sala puedan desistir a tiempo para librarse de las costas (cuyo límite máximo no es precisamente bajo, 4.000 €)”.
Lee el artículo completo en: http://contencioso.es/2014/03/12/el-estado-no-es-responsable-por-la-errada-transposicion-de-las-directivas-sobre-trienios-a-los-interinos/
Enlace permanente a este artículo: https://stajandalucia.es/el-estado-no-es-responsable-por-la-errada-transposicion-de-las-directivas-sobre-trienios-a-los-interinos-articulo-de-sevach
Mar 14 2014
Ha afirmado que serán funcionarios públicos quienes se ocuparán de gestionar este servicio, «pero no de un único cuerpo porque en función de la división territorial de España habrá que buscar lo más adecuado».
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha insistido este miércoles que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, en que se va a «desjudicializar» para aliviar la carga de trabajo de los juzgados, y que será gestionado por funcionarios públicos.
Lo ha asegurado al preguntársele en una atención a los medios antes de su participación en una conferencia en Barcelona y después de que el Ministerio de Justicia haya renunciado a dejar el Registro Civil en manos del Colegio de Registradores, al no aceptar éste que este servicio público sea gratuito.
Gallardón ha recordado que este registro es gratuito y así lo seguirá siendo «tanto en el acceso al mismo como para la obtención de certificaciones», y ha añadido que esta actividad no la deben hacer los jueces para intentar aliviarles de carga de trabajo.
También ha afirmado que serán funcionarios públicos quienes se ocuparán de gestionar este servicio, «pero no de un único cuerpo porque en función de la división territorial de España habrá que buscar lo más adecuado».
Al preguntársele si en Cataluña podrían asumirlo los funcionarios de la Generalitat, ha dicho que no va a anticipar quienes serán los distintos trabajadores públicos que se encargarán, pero que en todo caso no serán los jueces.
http://diariodenoticias.laley.es/documento.asp?id=./NE0000347500_20140313.HTML
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Mar 14 2014
Publicado en el BOE de hoy 14 de marzo
Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
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Mar 13 2014
Los manifestantes, convocados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), CC.OO., UGT y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), han hecho oír sus protestas con pitos, bocinas y con gritos pidiendo la dimisión del ministro y con pancartas a favor del aborto libre y gratuito y con lemas como “Sin justicia no hay democracia”.
El secretario general de STAJ, Vicente Navarro, ha señalado que “la protesta es contra las reformas y proyectos del ministro Gallardón” ya que “es paradójico que hoy venga a una conferencia sobre la tutela judicial efectiva cuando en su mandato se ha aprobado una ley de tasas que impide a la gran mayoría esta tutela”…
Ver noticia completa en el siguiente enlace:
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Mar 13 2014
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que el Registro Civil seguirá siendo gratuito tras su reforma y que será gestionado por funcionarios, aunque no especifica qué cuerpos concretos se encargarán de su gestión. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, garantiza que una vez reformado el Registro Civil tanto el acceso como la obtención de los certificados continuarán siendo gratuitos en España, señaló ayer antes de comparecer en la sede de Barcelona de la escuela de negocios Esade. El Ministerio de Justicia renuncia así a dejar el Registro Civil en manos del Colegio de Registradores, al no aceptar éste que este servicio público sea gratuito. Gallardón ha recordado que este registro es gratuito y así lo seguirá siendo “tanto en el acceso al mismo como para la obtención de certificaciones”, y ha añadido que esta actividad no la deben hacer los jueces para intentar aliviarles de carga de trabajo. “La clave de la reforma” pasa por “la desjudicialización” del Registro Civil, “la gratuidad en todos los actos del registro para todos los ciudadanos” y por que al frente de ellos haya “funcionarios públicos”, señaló. El ministro ha insistido en la necesidad de reformarlo para liberar de carga de trabajo a los jueces cuya “labor -ha puntualizado- es juzgar”, por lo que “el trabajo del Registro Civil no lo deben hacer los jueces. Los funcionarios que se encargarán del trabajo del Registro Civil serán “de diversos cuerpos, en función de la división territorial de España”, aunque no ha querido anticipar qué funcionarios específicamente se harán cargo de esta tarea.
Ver la noticia completa en el siguiente enlace:
Gallardón asegura que el acceso al Registro Civil seguirá siendo gratuito,Servicio Público. Expansión.com
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Mar 12 2014
La plataforma Justicia para todos a instancias de STAJ, CSIF CCOO y UGT, APRUEBA UN COMUNICADO EN EL QUE PIDE AL GOBIERNO QUE RETIRE EL PROYECTO DE PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL Y QUE SE MANTENGA SU ACTUAL ESTADO DE SERVICIO PUBLICO UNIVERSAL Y GRATUITO
A pesar de que algún sindicato, como es habitual, pretende hacer ver a los trabajadores que es el único que se mueve, hemos de informar que somos los cuatro sindicatos representativos de Justicia en todo el territorio nacional, presentes en la Mesa sectorial del Ministerio, entre ellos por supuesto STAJ, los que estamos promoviendo y participando en todas las actuaciones, reuniones y movilizaciones en defensa de los trabajadores de justicia.
Desde STAJ consideramos que ahora es momento de luchar sin protagonismos al máximo contra estas reformas de justicia, que privatizan y llevan implícitos graves perjuicios
Por tanto, los cuatro sindicatos (STAJ, CSIF, CCOO y UGT) con implantación nacional en la Administración de Justicia hemos propuesto al resto de organizaciones integrantes de la Plataforma Justicia para Todos el comunicado en defensa del Registro Civil que podéis ver pinchando AQUÍ. Ello además de otras actuaciones que estamos realizando de manera conjunta y otras que el STAJ está realizando en solitario (por ejemplo, campaña de sensibilización de la ciudadanía con entrega de “gallardones”)
CONTRA LA PRIVATIZACION DE LA JUSTICIA, NO TE QUEDES PARADO.
JUEVES DIA TRECE DE MARZO, CONCENTRACIONES ANTE LOS REGISTROS CIVILES CAPITALES DE PROVINCIA
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Mar 12 2014
El Partido Popular ha rechazado en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que exigía al Gobierno destinar a las comunidades autónomas el dinero recaudado por las tasas judiciales para poder sufragar el sistema de Justicia Gratuita.
El PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU han apoyado esta iniciativa para exigir al Gobierno que cumpla su palabra y asuma el mandato que plasmó en la polémica ley de tasas al vincularla con la financiación de la justicia gratuita. El Ejecutivo recaudó 300 millones en 2013 con cargo a estos gravámenes, pero las comunidades “no han recibido ni un solo euro” y la oposición pregunta “a dónde ha ido el dinero”.
La diputada del PP Beatriz Escudero ha recordado que el Ministerio de Justicia se comprometió con las comunidades en la conferencia sectorial del pasado diciembre a asumir el sobrecoste generado por la ampliación de la justicia gratuita y que en esa línea se está trabajando.
Lee la noticia completa en el siguiente enlace:
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Mar 12 2014
STAJ ha presentado escrito dirigido al Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón mostrando el malestar existente entre los funcionarios por la falta de negociación con las organizaciones sindicales de todos los proyectos que el Ministerio tiene en marcha y que afectan de manera muy directa a todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de todo el territorio nacional. Reformas que ya han supuesto en unos casos una limitación del acceso a la Justicia por parte de los más débiles económicamente, y que en otros casos supondrán, en buena medida, una privatización de servicios para dejarlos en manos privadas con el consiguiente riesgo para la concepción de la Justicia como servicio público y para la propia subsistencia de muchos puestos de trabajo. Prueba de ello son la ya aprobada Ley de Tasas, Ley del Registro Civil, atribución de funciones procesales públicas a Procuradores, reforma del Proceso penal, reforma de la LOPJ y de la demarcación judicial.
Proyectos todos que son lo suficientemente amplios como para afectar de manera directa e incluso negativa a las condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia: el nuevo modelo organizativo basado en los tribunales de instancia, con la consiguiente desaparición de los Juzgados unipersonales y los partidos judiciales afectará necesariamente a la distribución de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales, con lo que el riesgo de reordenación de efectivos con movilidad geográfica es una amenaza real. La entrega del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad también afectará negativamente al servicio público y a los puestos de trabajo. La atribución de funciones procesales públicas a los Procuradores, puede también afectar negativamente a los puestos de trabajo, además de ser, a nuestro juicio, contrario a la imparcialidad que debe presidir todo el proceso judicial no sólo en el enjuiciamiento sino también en la ejecución de las sentencias, y por tanto contrario al principio de tutela judicial efectiva.
Desde STAJ consideramos que es un grave error no contar con los funcionarios de Justicia para el diseño de todas las reformas en marcha o en proyecto. El colectivo de funcionarios de Justicia -por cierto, el más numeroso dentro de la Administración de Justicia-, constituye un capital humano muy profesional que ese Ministerio no debería ignorar constantemente, sino, al contrario, potenciar, para lograr, en definitiva, que la Administración de Justicia sea un servicio público de calidad y que sirva con eficacia los intereses de toda la ciudadanía.
Por ello le instamos a que cese en esa actitud de absoluta falta de transparencia que constantemente demuestra el Ministerio. Le instamos a convocar urgentemente la Mesa sectorial del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como a la creación urgente del grupo de trabajo sobre la nueva LOPJ, compromiso que realizó ese Ministerio de Justicia a través de los responsables directos en la Mesa de retribuciones y empleo, para tratar de lograr acuerdos, no sólo en lo relativo al libro VI de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, sino también lo relativo a al libro V de los Secretarios judiciales, el libro I y en general todo aquello afecta a los funcionarios de justicia directa o indirectamente a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, por cuanto se afecta a la organización judicial y por ende a la configuración de los centros de destino, así como a la atribución y distribución de funciones procesales públicas.
Puedes acceder al contenido completo del escrito pinchando AQUÍ.
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Mar 12 2014
A partir del día 18 de marzo comienza la lectura del segundo ejercicio de Gestión Promoción interna. En la Web del IAAP se ha publicado los primeros convocados:
Convocatoria de Lectura para el 2º Ejercicio. Día 18 de marzo
Se convoca el día 18 de marzo a las 17:00 h. a los opositores desde ALCALDE MARTÍN, Erica, hasta CASTAÑO GUERRERO, Javier, a la lectura del 2º ejercicio realizado el día 15 de febrero de 2014.
La lectura tendrá lugar en el edificio NOGA. Avda. de la Buhaira, nº 26, 1ª planta. 41018 SEVILLA.
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Mar 12 2014
Reproducimos lo publicado en nuestro blog de STAJ Valencia:
No sabemos el motivo pero podría tratarse del mismo que sufrieron ccoo y ugt, cuando sus jefes firmaron acuerdos en contra de lo propuesto por sus delegados.
Desgraciadamente son cosas que ocurren con demasiada frecuencia en los sindicatos que también representan a otros colectivos más grandes, porque los funcionarios judiciales somos una pequeña minoría para ellos y, por lo tanto, un objetivo de segunda o tercera categoría.
El resultado en la práctica es que firman acuerdos que nos dejan al margen o incluso nos utilizan como moneda de cambio ¿Y cómo es posible que ocurra esto? La explicación es muy sencilla: por ejemplo, en la comunidad valenciana hay 12 maestros y 10 sanitarios por cada funcionario de justicia ¿A quién creéis que dará prioridad un sindicato que los representa a todos? Evidentemente estará más centrado en los maestros y los sanitarios, porque le suponen más votos y más cuotas de afiliación. Si para defenderlos tienen que dejar de lado a la pobre minoría de funcionarios judiciales, pues lo asumen y punto, porque somos “un mal menor” o un posible “daño colateral” de otra negociación más importante.
Quizás estas dimisiones tengan que ver con el acuerdo que han firmado los sindicatos mayoritarios con la Administración Valenciana. Un acuerdo que nos deja sin un sólo euro a los funcionarios de justicia, mientras aprueba una recuperación del poder adquisitivo para el personal Docente, el Sanitario y el del Consell
Como ya informamos recientemente, los sindicatos mayoritarios han firmado un acuerdo con la Administración Valenciana que nos deja sin voz ni voto e imposibilita cualquier incentivo económico para los funcionarios judiciales. Dicho acuerdo tiene su traducción directa en los Presupuestos de la Generalitat, que no incluyen nuevas partidas para nuestro colectivo ni en 2014 ni en 2015.
El Director General fue expreso al afirmar que en 2014 no habrá ayudas para hijos, discapacitados o estudios, por falta de presupuesto. Un recorte que se extiende al año 2015 por culpa del acuerdo firmado por los sindicatos mayoritarios.
ESTO NO OCURRE CON STAJ. SOMOS EL ÚNICO SINDICATO ESPECÍFICO DE JUSTICIA Y NO DEPENDEMOS DE NADIE PARA DEFENDERTE.
http://stajvalencia.blogspot.com.es/2014/03/dimite-la-mayoria-de-los-liberados-de.html#more
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Mar 12 2014
El Ministerio de Justicia exige como condición irrenunciable la gratuidad del servicio para el ciudadano, sin excepciones
El Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores no han logrado llegar a un acuerdo sobre la gestión del Registro Civil. Después de semanas de negociaciones, en una reunión mantenida ayer, el Colegio rechazó asumir la gestión del Registro Civil si el nuevo modelo no incluye una contraprestación económica, según han señalado a EXPANSÍON fuentes del Ministerio.
Esta postura choca frontalmente con una de las líneas rojas establecidas por Justicia, que es precisamente la de la gratuidad total del servicio para los ciudadanos, sin excepciones.
Esta cuestión se ha convertido en un escollo insalvable: los registradores exigen una contrapartida económica ya sea a través del pago del ciudadano por algunos trámites, o por la vía de la asignación económica en los presupuestos generales, algo a lo que Justicia se niega.
Este desacuerdo en torno a la financiación ha provocado que el Ministerio tome la decisión de explorar otras dos o tres opciones alternativas. Mientras, la asignación de la gestión del Registro Civil sigue en el aire a la espera de que se acuerde un nuevo modelo, teniendo en cuenta que el legislador estableció en 2011 como fecha tope el próximo 22 de julio. Las mismas fuentes señalan que la decisión que finalmente se adopte será comunicada en un plazo de dos o tres semanas. En todo caso, la ley que se apruebe incluirá una prórroga de hasta un año para poder poner en marcha el nuevo sistema.
Malestar por la carta
Hace unas semanas, el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, remitió una carta a todo el colectivo en la que afirmaba que “al final la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores”.
Justicia no tardó en reaccionar recordando que no había ninguna decisión tomada y recriminando que en la carta no se hablara de la financiación y de la exigencia impuesta por el Ministerio en cuanto a la gratuidad del servicio.
La polémica sobre la gestión del Registro Civil viene de largo e incluso llegó a provocar un vuelco en la cúpula del Colegio de Registradores, dividido sobre esta cuestión. Las bases del colectivo forzaron una asamblea hace un año en la que se rechazó asumir la gestión del Registro Civil si esta medida no iba acompañada de una memoria económica que detallara cómo se iba a financiar. La situación supuso un adelanto de las elecciones del colegio, cambiando la junta de gobierno, que pasó de dirigir Alfonso Candau, a asumir el actual decano, Gonzalo Aguilera.
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Mar 11 2014
Publicado en la Web del Ministerio de Justicia:
Acuerdo de 10 de marzo del Tribunal Calificador Único por el que se publica las plantillas, en las que se recogen las respuestas correctas al cuestionario de examen del día 8 de marzo de 2014. Acceso Libre.
10 de marzo de 2014
Documentos asociados
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Mar 11 2014
Publicado en el BOE de hoy 11 de marzo.
Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Mutualidad General Judicial, por la que se desarrolla el régimen de prestación de asistencia sanitaria transfronteriza para el colectivo de mutualistas adscrito a entidades médicas privadas.
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Mar 10 2014
Los trabajadores de Penal 1 mandan un escrito a la Junta para que se cubran tres bajas de su plantilla ante el colapso que sufre la oficina – El STAJ califica de “dramática” y “dantesca” la situación de este órgano
Si se compara la situación de los 14 juzgados de lo Penal de Málaga con un enfermo, éste habría experimentado en el último año y medio una ligera mejoría, pero, según explica el secretario provincial del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque, el paciente sigue en la UCI. Como ejemplo, STAJ se hecho eco esta semana del momento que atraviesa Penal 1, con tres bajas en una plantilla de ocho personas, dos de ellas de larga duración, y con una avalancha descomunal de trabajo, un escenario que se puede extrapolar a muchos de los negociados que enjuician y ejecutan las sentencias de la delincuencia que causa mayor alarma social, la que abarca desde el trapicheo de droga a los delitos contra la seguridad vial pasando por hurtos, robos y pequeñas estafas. Penal 1, por ejemplo, señala juicios para 2016 y otras oficinas para 2015.
Es cierto que el pasado miércoles la Junta cubrió una de esas plazas de Penal 1 con un funcionario interino, pero los propios empleados tuvieron que enviar un escrito a la Delegación del Gobierno en Málaga y a la Secretaría General de la Consejería de Justicia e Interior para que la Administración autonómica se moviera. Las otras dos siguen sin cubrirse.
«Los funcionarios del juzgado ponemos en su conocimiento la grave y caótica situación que se está produciendo en la oficina», consta en el escrito. El sindicato STAJ dice que el órgano «se encuentra en una de las situaciones más dramáticas en el ya de por sí dantesco espectáculo que representa el estado de los juzgados malagueños». La baja por enfermedad de dos funcionarios –una de auxilio y otra de tramitación– se ha prolongado mes y medio, y una tercera es de hace pocos días, ya cubierta.
Los datos no dejan lugar a dudas: según STAJ, se están señalando juicios para 2016; en el último trimestre de 2013 había 590 asuntos pendientes de incoar y hay 530 procesos con preso. Por ello, esta central reclamó que se cubrieran las plazas y denuncia que se tarda entre dos y tres meses en sustituir a los funcionarios por interinos en todos los juzgados andaluces, lo que corroboran fuentes de la judicatura.
En Penal 10, según los datos aportados por STAJ, el horizonte es difícil también: hay entre 2.500 y 3.000 sentencias por ejecutar, y otras doscientas para incoar. Ahora se están señalando para juicio a lo largo de este año los expedientes que entraron en 2011 y 2012. Luque explica que hay dos funcionarios del servicio de apoyo de la Audiencia Provincial.
No obstante, hasta el líder del STAJ reconoce que «la litigiosidad penal ha descendido este año, sobre todo debido a la crisis, y ha bajado el número de ejecutorias, pero ninguno de los 14 negociados está en las cifras aconsejables de trabajo que manda el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es más, la mayoría lo duplica».
En su opinión, «el enfermo tenía 45 grados y ahora tiene 42, en Penal 10 hay casos prescribiendo; La idea es que los juzgados de lo Penal siguen en la UCI, en peligro de muerte». En Penal 9, hay 1.346 ejecutorias pendientes, y casi 400 causas con preso. Se están señalando juicios para 2015.
El STAJ se queja de que las plantillas son cortas –ocho funcionarios frente a los diez de otros negociados–, y de que hacen falta más órganos, y acusa directamente al Ministerio de Justicia de no invertir y dejar las oficinas «colapsadas», y a la Junta, por no cubrir las bajas.
Ver la noticia completa en La Opinión de Málaga
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Mar 10 2014
Publicado en el BOE de hoy 10 de marzo:
– Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Orden JUS/342/2014, de 21 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/2071/2013, de 4 de noviembre, por la que se publican los Tribunales calificadores únicos, Tribunales delegados y Unidades de colaboración de los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
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Mar 10 2014
Publicado en el BOE de hoy 10 de marzo
– MUGEJU
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.
Convenios otras Comunidades:
El resto de convenios están también publicados en el BOE de hoy 10 de marzo. Accede en el siguiente enlace:
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Mar 08 2014
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Mar 08 2014
El Tribunal Supremo ha decidido plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) porque considera que la supresión a los funcionarios y empleados públicos de la paga extra de diciembre de 2012 pudo vulnerar la prohibición de retroactividad de las leyes, garantizada en la Carta Magna.
De acuerdo con la providencia de la sala de contencioso-administrativo del Supremo, la supresión de la extra por decreto con efectos del 15 de julio afectaría a derechos retributivos generados desde el 1 de junio de 2012, informa Efe.
En el sector público la paga extra de junio se corresponde con el periodo trabajado desde el 1 de diciembre anterior hasta el 31 de mayo, en tanto que la de diciembre se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.
Recordamos que en nuestro caso (funcionarios de justicia), la paga se eliminó por modificación de la LOPJ publicada el 28 de diciembre de 2012, cuando la habíamos devengado el 30 de noviembre de 2012, y según el artículo 9 de la constitución española, no cabe la retroactividad de una norma desfavorable o restrictiva de derechos. Por lo tanto con los mismos argumentos usados por varios tribunales de distintos puntos del Estado, nos correspondería la devolución de toda la paga.
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Mar 08 2014
Funcionarios de Justicia se han concentrado en la mañana de ayer jueves frente a los registros civiles de toda España a fin de protestar contra la privatización de los mismos proyectada por el Gobierno central. A juicio de los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, "la privatización a favor de los registradores de la propiedad va a suponer la desaparición de las oficinas del Registro Civil de una gran cantidad de pequeños municipios, obligando a los ciudadanos de estas localidades a desplazarse a las nuevas sedes para realizar gran cantidad de trámites que son obligatorios o a acudir para su tramitación a gestorías o despachos profesionales".
En Salamanca, el delegado del STAJ, José Antonio Gómez, ha señalado que "cualquier inscripción que antes era gratuita ahora va a haber que pagar, nos va a afectar a todos. Inscribir a los hijos recién nacidos, los matrimonios, las defunciones, son varias de las acciones por las que según esta reforma va a haber que pagar" (VER VIDEO).
En Málaga se han repartido billetes llamados "gallardones" que simbolizan "el valor estimado del coste del servicio privatizado que proyecta el Gobierno contra todos los ciudadanos".
En Córdoba el Delegado de STAJ José Gómez denunció ayer que el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, "parece haber adoptado" la decisión de "asignar a los registradores de la propiedad" la gestión de los registros civiles, una "reforma privatizadora" que supondrá "la pérdida de la gratuidad y del servicio público". Con este motivo, STAJ convocó una concentración a las puertas del Registro Civil de Córdoba en la que el delegado del sindicato, apuntó que la medida supondría la desaparición de 33 registros civiles en la provincia y afectaría a 31 funcionarios que tendrían que ser reubicados. Además, aseguró que se perdería "la protección especial existente en el tratamiento de los datos del estado civil de los ciudadanos que deben ser custodiados en archivos especiales".
El delegado sindical de STAJ insistió en que con la reforma los trámites que actualmente se hacen en los registros civiles de forma gratuita pasarían a ser de pago. Como ejemplo, señaló que casarse costaría 100 euros y un certificado de nacimiento o defunción, 20 euros.
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Mar 08 2014
Los procuradores catalanes presentaron en su primer congreso un plan estratégico con una serie de medidas "para lograr la máxima agilidad en la ejecución de las sentencias". Los procuradores piden que se les otorgue más competencias, y entre las propuestas figura la posibilidad de investigar domicilios o patrimonios, la adopción de acciones adecuadas para asegurar embargos y la custodia y depósito de bienes.
Además de más competencias, los procuradores proponen la creación de una oficina mixta con los juzgados para resolver determinados aspectos de la ejecución de una sentencia de la manera más ágil posible, así como la constitución de un observatorio que tenga como finalidad dar más transparencia a este trámite y facilitar su aplicación.
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Convocatoria Bolsa interinos 2019
STAJ RENUNCIA EXPRESAMENTE a las subvenciones que la Junta de Andalucía recupera para los sindicatos. mientras los funcionarios seguimos sin recuperar todo lo que nos han quitado con la excusa de la crisis.
