NO ES UN BULO, LA REALIDAD FRENTE AL RELATO: CONFIRMAMOS QUE SPJ-USO SÍ HA SOLICITADO PARALIZAR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS RETRIBUTIVAS DE PRODUCTIVIDAD ACORDADAS PARA EL 2026
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Desde CSIF y STAJ lamentamos profundamente tener que volver a pronunciarnos en relación con el recurso interpuesto por SPJ-USO contra el preacuerdo de productividad.
La petición de NULIDAD y SUSPENSIÓN del Preacuerdo no es un bulo como pretenden hacer creer, es un emplazamiento en la Pieza de Medidas cautelares abierta en el Procedimiento Abreviado nº 121/2026, en recurso interpuesto por SPJ-USO, en la que CSIF y STAJ han procedido a la personación como partes afectadas.
SPJ-USO pretende hacer creer que su recurso se limita a denunciar una supuesta “expulsión ilegítima de la negociación de las medidas económicas transitorias de 2026. Sólo pedimos que SE NOS DÉ TRASLADO de la documentación del preacuerdo y que no se siga negociando sin nosotros”, omitiendo deliberadamente que tanto en la demanda principal como en la solicitud de medidas cautelares han solicitado expresamente la SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS TRANSITORIAS PREVISTAS PARA 2026.
SPJ-USO miente, una vez más, cuando afirma que su única pretensión es recibir la documentación del acuerdo, ocultando y manipulando la información.
Queremos dejar claro que esta cuestión NUNCA debería convertirse en una confrontación entre organizaciones sindicales. La acción sindical tiene una única razón de ser: la defensa de los intereses de los compañeros y compañeras. Por ello, entendemos que los intereses generales de la plantilla deben situarse siempre por encima de cualquier estrategia, discrepancia o interés particular de carácter sindical.
Precisamente en defensa de esos intereses generales, desde CSIF y STAJ apelamos a la REFLEXIÓN, A LA RESPONSABILIDAD Y AL COMPROMISO con los compañeros y compañeras a quienes todos decimos representar: ¿estaría SPJ-USO dispuesto a desistir de su pretensión de que se anule y suspenda el régimen transitorio previsto para 2026?
Resulta difícil comprender que, en un momento en el que miles de compañeros y compañeras esperan una mejora retributiva largamente reivindicada, se impulse una iniciativa que puede poner en riesgo, retrasar o incluso impedir la materialización de unas medidas económicas que benefician de forma directa al conjunto del colectivo.
La defensa legítima de posiciones sindicales diferentes nunca debería traducirse en actuaciones que puedan perjudicar los intereses económicos de los trabajadores y trabajadoras. Creemos que aún se está a tiempo de evitar una situación que genera incertidumbre innecesaria y que puede tener consecuencias negativas para quienes esperan la aplicación efectiva de estas medidas económicas.
El sindicado SPJ USO debe asumir la responsabilidad de sus actos, pero no perjudicar a los compañeros en su intereses legítimos. No vale únicamente con intentar esconder la mano después de haber lanzado la piedra, sin medir las consecuencias de sus decisiones, como ha ocurrido recientemente con las plazas a ofertar en los procesos selectivos de estabilización de Tramitación, donde con otra medida cautelar en otro recurso han dejado a decenas de aspirantes sin poder tomar posesión de sus destinos.
Es evidente que de adoptarse la medida cautelar solicitada por SPJ-USO, el pago de la productividad en 2026 no tendrá lugar, por lo que cada funcionario y funcionaria perderá, de media, 1.200 euros. Recordemos que el nuevo modelo incluye los 38,5 euros que venían percibiéndose hasta 2025, por lo que también se pierden. Y ellos lo saben.
SPJ-USO antepone su propio interés al de los 9.000 funcionarios y funcionarias de Justicia andaluces. Si no fuera así, su recurso se habría circunscrito a la petición principal, sin solicitud de medida cautelar de suspensión alguna. Recurso que por otra parte no es sino una muestra más de su incoherencia, pues fueron ellos quienes, voluntariamente, decidieron no suscribir el nuevo modelo de productividad que ya había sido tratado completamente en el grupo de trabajo, con documentación que obra en su poder, la misma que el resto de sindicatos. Desde ese momento, se autoexcluyeron de la negociación en mesa de trabajo.
La efectividad del acuerdo de productividad está pendiente de algunos trámites, y de ellos hemos informado sobradamente: Tienen que emitirse los informes internos preceptivos, pasar por mesa sectorial -en la que SPJ-USO podrá si quiere adherirse al acuerdo o volver a realizar las alegaciones que estime oportunas respecto al texto final-, y aprobarse definitivamente por el Consejo de Gobierno, de ahí que previéramos que en la nómina de julio o en la de agosto podríamos percibir ya el primer pago, aunque esto nunca lo hemos confirmado.
La petición de medida cautelar del sindicato SPJ-USO añade otro elemento que, no solo va a retrasar, sino que va a poner en peligro la percepción de las cantidades previstas para 2026 (repetimos, 1.200 euros de media por funcionario). Si esto no es intentar torpedear las mejoras retributivas previstas en la productividad, ya nos explicarán qué es.
CSIF y STAJ sí defenderemos ante la Administración, y ante los Tribunales, las mejoras retributivas alcanzadas y que tanto esfuerzo ha costado conseguir, y su percepción en el plazo más breve posible, en todo caso con efectos retroactivos a enero 2026.
