Guía de medidas preventivas en las Sedes Judiciales y Fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

En la reunión del comité sectorial celebrada esta mañana se ha aprobado la guía de medidas preventivas, que se irá actualizando continuamente añadiendo anexos. Nos darán traslado de cada cambio que se produzca.

– VIGILANCIA DE LA SALUD.-

Se va a completar la guía con un anexo, para ver el seguimiento de los contagiados.

– SALAS DE VISTA.-

Se va a instalar un sistema de protección llamado cubículos modelo Alemán, una especie de mamparas que separan tanto frontal como lateral.

– EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES.-

Se hará un protocolo para el servicio común y reingreso de los contagiados que figurará en anexos que se irán añadiendo.

– GRUPOS DE RIESGO.-

Los colectivos de riesgos, quien lo integran, le corresponde establecerlo el Ministerio de Sanidad. Si no hay cambios una vez se levanten las medidas del Covid-19 se acordará sobre el reingreso de los funcionarios de grupo de riesgo.

– TEST.-

Realización de test al personal de la Administración de Justicia.

Suministros de los test, se tiene que coordinar con la Consejería de Salud, la semana que viene tendremos el 100% de seguridad de cómo se van a realizar esas pruebas. Se llevará a cabo por Salud. Tiene que elaborar una guía de cómo se va a realizar. Preguntarán a las organizaciones sindicales con representatividad qué grupo de funcionarios deben ser los primeros en realizar la prueba con los test. Todo el personal de justicia se le va a realizar el test.

– INFORMACIÓN SOBRE EPIS Y PROTOCOLO DE REPARTO.-

La Guardia Civil no está obligada al reparto de material de protección pero la mayoría van a colaborar, pero han solicitado en los grandes edificios refuerzo en las horas punta, de lo que se encargará el personal de mantenimiento.

Se va a contratar unas máquinas dispensadores de cajas que contienen mascarillas y guantes para toda la semana. Se hará un proyecto piloto en grandes edificios, una vez se compruebe su utilidad se ampliaría el contrato a más edificios. Cada caja contiene 5 mascarillas y 5 guantes. Funciona con una tarjeta personalizada y se podrá usarse un día de la semana para evitar aglomeraciones. Se ha indicado que debería llevar en cada caja más de 5 mascarillas y guantes por si se rompen durante su uso, respondiendo la Administración que lo hablarían con Sanidad, ya que son ellos quien se encargan de reponer todo el producto.

Se ha vuelto a solicitar la colocación en todos los edificios de contenedores para el deshecho de las mascarillas y guantes usados.

También se ha solicitado colocación en todos los edificios de dispositivos de control temperatura.

A continuación puedes acceder a la Guía que ha sido aprobada hoy, que como decimos se irá actualizando conforme sea necesario.

Publicado en el BOE de hoy 29 de abril.

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Administración de Justicia

• Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
  
  • PDF (BOE-A-2020-4705 – 23 págs. – 372 KB)
    
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Tal como hemos venido anunciando los últimos días, el Gobierno aprobó ayer el Real Decreto-Ley con medidas procesales y organizativas urgentes en el ámbito de la Justicia, habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy 29 de abril, con entrada en vigor al día siguiente.

Lo aprobado finalmente coincide con lo que hemos venido informando. En los que nos afecta principalmente, contiene las siguientes medidas. Por lo que respecta a la jornada de mañana y tarde, antes de su establecimiento, es preciso desarrollarlo mediante la negociación colectiva en cada ámbito territorial, lo cual tendrá lugar en cuanto las Administraciones competentes nos convoquen para ello.

Habilitación del 11 al 31 de agosto para las actuaciones judiciales.

1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales, que a efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se declaran urgentes, los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y la eficacia de la medida, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia adoptarán de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la distribución de las vacaciones de Jueces, Magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Jornada laboral.

1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establecerán, para los Letrados de la Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Por tanto, antes de que se aplique esta medida, debe ser objeto de negociación en cada ámbito territorial.

Atención al público.

1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, la atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia. todo ello siempre que sea posible en función de la naturaleza de la información requerida y, en todo caso, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2. Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial, será necesario obtener previamente la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes, que deberán prever las particularidades de las comparecencias ante los juzgados en funciones de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer.

Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.

1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Esto también es aplicable para los actos que se practiquen en las fiscalías.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.

Acceso a las salas de vistas.

Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, el órgano judicial ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el acceso del público a todas las actuaciones orales.

Exploraciones médico-forenses.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.

Órganos judiciales asociados al COVID – 19.

1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, podrá transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del presente real decreto-ley en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.

2. Se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo General del Poder Judicial, pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de ellos con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19.

Actuaciones dentro de un mismo centro de destino.

1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los Secretarios Coordinadores Provinciales podrán asignar a los Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia destinados en cualquiera de las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales, la realización de cualquiera de las funciones que, siendo propias del Cuerpo al que pertenecen, estén atribuidas a cualesquiera otras unidades.

2. En los partidos judiciales en que no se encuentren aprobadas las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, la asignación de funciones, en el mismo periodo establecido en el apartado anterior, podrá realizarse entre el personal destinado en cualquier órgano unipersonal o colegiado.

3. En la asignación que regulan los dos apartados anteriores se dará preferencia a los Letrados y Letradas de Administración de Justicia y demás personal al servicio de la Administración de Justicia que accedan voluntariamente y en ningún caso implicará variación de retribuciones.

La decisión de asignación se adoptará, en todo caso, mediante resolución motivada que se fundamentará en que la medida resulta imprescindible para garantizar la correcta prestación del servicio.

Asimismo, dicha asignación solo podrá realizarse entre unidades u órganos que radiquen en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional en el que el Letrado o funcionario venga realizando su actividad profesional.

Fomento del teletrabajo

Se establece también una modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, para facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, para fomentar así el teletrabajo. Las administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para que estos sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías.

Ampliación de plazos procesales.

1. Los plazos que hubieran quedado suspendidos por el estado de alarma, volverán a computarse desde su inicio.

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida por el estado de alarma, y las que se notifique en los veinte días posteriores al levantamiento de esa suspensión, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para la interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Ampliación del plazos en el ámbito del Registro Civil.

1. En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo de un año para la celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará igualmente a aquellos expedientes en los que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde la publicación de edictos, de su dispensa o de las diligencias sustitutorias que prevé el artículo 248 del Reglamento de la Ley del Registro Civil

3. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización se ampliará a cinco días naturales el plazo de 72 horas que el artículo 46.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece para que la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.

Modificación de la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Dada la imposibilidad de que entre en vigor la Ley del Registro Civil de 2011, se amplia nuevamente su vacatio legis, hasta el día 30 de abril de 2021

Otras medidas.

Junto a las anteriores medidas, también se crea un procedimiento especial y sumario en el ámbito del derecho de familia, se establecen algunas modificaciones procesales relativas a procedimientos de familia, en el ámbito laboral para la impugnación de ERTES regulados en el Real Decreto-Ley 8/2020, y en procedimientos concursales.

Del mismo modo, se incluyen también medidas relativas a la preferencia para la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito civil, familia, concursal, contencioso-administrativo y social.

El Ministerio ha publicado en su página web una nota de prensa anunciando que el Consejo de Ministros, en su reunión de esta mañana, ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. La norma todavía no está en vigor porque no ha sido publicada en el BOE.

Las medidas contenidas en dicho Real Decreto son las que fueron filtradas a la prensa cómo os anticipamos hace días, no habiéndonos trasladado nada por escrito en ningún momento a los sindicatos representativos de justicia, que hemos obtenido el texto por otros medios.

Esta iniciativa del Ministerio ha recibido duras críticas tanto por STAJ y el resto de fuerzas sindicales como por varias Asociaciones de Jueces o Lajs, colectivos profesionales y partidos de la oposición.

Habrá que esperar a su publicación en el BOE para comprobar su alcance real, puesto que conlleva la modificación de varios preceptos de la LOPJ, una norma de rango superior, para lo que se necesitaría una mayoría absoluta del Congreso previo preceptivo debate en el mismo.

En dicho Real Decreto se establecen las líneas maestras, aunque no se definen las cuestiones que más nos pueden afectar, que son: cómo serán dichos turnos de mañana y tarde, que protocolos se van a adoptar para proteger a quienes realizan diligencias en domicilios, cómo se va a gestionar el día a día en las sedes judiciales o cómo se garantizará la seguridad en las ellas si tenemos a varios turnos entrando y saliendo diariamente.

> Ver nota de prensa del Ministerio

Postura de STAJ ante estas medidas

Nuestra postura desde el principio ha consistido en proponer una desescalada progresiva y gradual, en la que se priorice ante todo la seguridad, tanto a nivel de medidas de protección y test y de extremar la limpieza. Unas medidas que hemos reclamado insistentemente y que ahora se tendrán que incrementar como consecuencia de la mayor afluencia de gente que inevitablemente se producirá. Los funcionarios de justicia queremos trabajar y prestar ese servicio que es nuestra razón de ser. Lo hemos demostrado reiteradamente y lo volveremos a demostrar las veces que haga falta.

Por eso ante estas medidas que ahora adopta el Ministerio, que suponen una profunda modificación de nuestras condiciones de trabajo, y que han sido impuestas sin negociación alguna, no podemos sino mostrar nuestro rechazo, tal como expresamos desde que fueran anunciadas a los sindicatos representativos (STAJ, CSIF, CCOO, UGT, ELA y CIG) en la videoconferencia del pasado jueves 23 de abril.

Queda ahora, una vez se publique el Real Decreto-Ley y entre en vigor, proceder a la negociación del establecimiento de los turnos en cuanto Ministerio y CCAA nos convoquen para ello. Nuestra exigencia seguirá siendo la misma: Mientras no se garanticen los tests, los EPIs para todos los funcionarios, no debe incrementarse la presencia de funcionarios en los juzgados, ni siquiera por turnos, pues sin medios de protección, los turnos no solucionan nada. Todo es pura propaganda de un Ministerio que en muy poco tiempo está demostrando un desprecio absoluto a los trabajadores y sus representantes, por más que quiera disfrazarlo de supuesto consenso que, en realidad, no existe más que en sus notas de prensa.

Como hemos venido informando estos días atrás, el Gobierno aprobará el martes que viene un Real Decreto Ley con medidas procesales y organizativas urgentes en el ámbito de la Justicia.

El proyecto que ya tiene elaborado el Ministerio, en lo que nos afecta principalmente, contiene las siguientes medidas, algunas de las cuales ya os hemos adelantado en nuestras anteriores notas informativas. Queda pendiente su aprobación, como decimos, en el Consejo de Ministros del próximo martes, por lo que podría sufrir algún cambio:

Habilitación del 11 al 31 de agosto para las actuaciones judiciales.

1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y la eficacia de la medida, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia adoptarán de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la distribución de las vacaciones de Letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Jornada laboral.

1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establecerán, para los Letrados de la Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Por tanto, antes de que se aplique esta medida, debe ser objeto de negociación en cada ámbito territorial

Atención al público.

1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, la atención al público en cualquier sede judicial se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

2. Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial, será necesario obtener previamente la correspondiente cita previa, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes.

Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.

1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.

Acceso a las salas de vistas.

Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, el juez o tribunal limitará el acceso del público a todas las actuaciones orales en atención a las características de las salas de vistas.

Exploraciones médico-forenses.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.

Órganos judiciales asociados al COVID – 19.

1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, podrá transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del presente real decreto-ley en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.

2. Se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo General del Poder Judicial, pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020.

Actuaciones dentro de un mismo centro de destino.

1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los Secretarios Coordinadores Provinciales podrán asignar a los Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia destinados en cualquiera de las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales, la realización de cualquiera de las funciones que, siendo propias del Cuerpo al que pertenecen, estén atribuidas a cualesquiera otras unidades

2. En los partidos judiciales en que no se encuentren aprobadas las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, la asignación de funciones, en el mismo período establecido en el apartado anterior, podrá realizarse entre el personal destinado en cualquier órgano unipersonal o colegiado.

3. En la asignación que regulan los dos apartados anteriores se dará preferencia a los funcionarios que accedan voluntariamente y en ningún caso implicará variación de retribuciones.

La adopción de la decisión de asignación se adoptará, en todo caso, mediante resolución motivada que se fundamentará en que la medida resulta imprescindible para garantizar la correcta prestación del servicio.

Asimismo, dicha asignación solo podrá realizarse entre unidades u órganos que radiquen en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional en el que el Letrado o funcionario venga realizando su actividad profesional.

Fomento del teletrabajo

Se establece también una modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, para facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, para fomentar así el teletrabajo. Las administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para que estos sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías.

Ampliación de plazos procesales.

1. Los plazos que hubieran quedado suspendidos por el estado de alarma, volverán a computarse desde su inicio.

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida por el estado de alarma, y las que se notifique en los veinte días posteriores al levantamiento de esa suspensión, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para la interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Ampliación del plazos en el ámbito del Registro Civil.

1. En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo de un año para la celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma. 2. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a aquellos expedientes en los que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde la publicación de edictos, de su dispensa o de las diligencias sustitutorias que prevé el artículo 248 del Reglamento de la Ley del Registro Civil

3. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización se ampliará a cinco días naturales el plazo de 72 horas que el artículo 46.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece para que la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.

Modificación de la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Dada la imposibilidad de que entre en vigor la Ley del Registro Civil de 2011, se amplia nuevamente su vacatio legis, hasta el día 30 de abril de 2021

Otras medidas.

Junto a las anteriores medidas, también se crea un procedimiento especial y sumario en el ámbito del derecho de familia, se establecen algunas modificaciones procesales relativas a procedimientos de familia, en el ámbito laboral para la impugnación de ERTES regulados en el Real Decreto-Ley 8/2020, y en procedimientos concursales.

Del mismo modo, se incluyen también medidas relativas a la preferencia para la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito civil, familia, concursal, contencioso-administrativo y social.

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• Comenzará a partir de la semana del 20 de abril para ámbito Ministerio.
  
• STAJ ha pedido que se extienda a todas las CCAA con competencias.
  

Tras la peticiones realizadas por STAJ, el Ministerio de Justicia anunció en la reunión de ayer que durante este fin de semana está ultimando los preparativos para permitir a partir de la semana próxima el teletrabajo para los funcionarios de Justicia de ámbito no transferido, que se unirá a la implementación de mecanismos de videoconferencia para la realización de aquellos trámites que lo permitan (por ejemplo, declaraciones). Aunque se va a intentar que se extienda a todo el Estado y así lo comunicará el Ministerio a todas las CCAA, el Ministerio no tiene capacidad más que para hacerlo en su propio ámbito, por lo que STAJ insistirá a las CCAA para que también lo implanten cuanto antes.

Se trata de un programa que se iniciará en una primera fase mediante acceso web a escritorio virtual desde los domicilios de los funcionarios que voluntariamente quieran utilizar sus equipos personales para poder así realizar su trabajo sin tener que desplazarse a la sede judicial a diario. Se establecen diversas medidas de seguridad como doble clave SMS, entre otras. Esta primera fase se extenderá hasta 15 días después de finalizado el estado de alarma. A continuación, se iniciará una segunda fase que se extenderá durante la puesta en marcha de los planes de actuación para atender la acumulación y el retraso en la tramitación de expedientes judiciales

Se trabajará en entorno enteramente digital, por lo que queda descartado, y así lo hemos exigido desde STAJ, el traslado y depósito de expedientes o documentos a los domicilios particulares de los funcionarios.

Con ello podrán evitarse desplazamientos diarios al puesto de trabajo, incluso una vez se inicie el esperado “desescalado”, sin que ello suponga una desconexión total del centro de trabajo, al que habrá que acudir con la periodicidad que se determine, en principio se baraja cada dos semanas.

El uso de equipos personales no es lo ideal, pero en esta primera fase se trata de evitar los desplazamientos en la medida de lo posible, por cuanto la pandemia está lejos de estar aún controlada y, como siguen recomendando los expertos, el modo más eficaz de contención sigue siendo la movilidad reducida de personas.

No obstante, la posibilidad de acceso o trabajo en remoto no es posible para la totalidad de los funcionarios, dado que el ancho de banda sólo permite que simultáneamente puedan estar en conexión entre 2500 y 3000 usuarios, por lo que si hubiese más voluntarios, sería necesario hacer una selección, cuyos criterios habrá que determinar, en función de tipo de órganos, jurisdicciones más sensibles, necesitadas o colapsadas, número de funcionarios voluntarios por órgano, etc.

Además, se requiere que los ordenadores personales de los funcionarios reúnan una serie de requisitos técnicos para que el acceso pueda realizarse correctamente (además de línea móvil telefónica móvil donde recibir los SMS con las claves, se requiere conexión a Internet de 10 Mb/seg o más, Windows 10 o superior, Antivirus actualizado, navegador Chrome 50 o superior o Explorer 11 o superior, 4 GB de RAM, y espacio libre 600 Mb en el disco duro)

El Ministerio tiene intención de adquirir equipos informáticos para ponerlos a disposición del personal, e incluso ampliar el ancho de banda, pero por razones obvias no es posible hacerlo en este preciso instante con la celeridad necesaria, ya que se trata de poner en marcha el plan de forma inmediata.

La idea es que a partir de este lunes comiencen a recabarse datos necesarios a los voluntarios que quieran acogerse al programa, para proceder a realizar los ajustes técnicos necesarios para posibilitarles el acceso remoto, lo cual requiere dividirlo en grupos. Se comenzará por Ciudad Real. El Ministerio calcula que el despliegue en todo el ámbito no transferido puede llevarle diez días.

Se pondrá a disposición de los usuarios un teléfono gratuito para incidencias.

Se va a facilitar a los usuarios las instrucciones de acceso, así como manual de buenas prácticas con recomendaciones relativas a salud laboral y seguridad. Por lo que respecta al tiempo de trabajo, no puede exceder de la jornada laboral ordinaria, sin que pueda ser requerido el funcionario fuera del horario rígido para realizar actuación alguna, con lo que la desconexión digital debe quedar garantizada de este modo.

Una vez pasen las dos primeras fases del programa de implantación de teletrabajo, en la que como decimos se trata de buscar una solución de emergencia hasta que se produzca una vuelta a la normalidad, deberán negociarse todos los detalles y aspectos que rodean esta forma de trabajo, sus implicaciones en jornada y horarios, salud laboral, conciliación, desconexión digital y en general todos los aspectos relativos al trabajo en remoto o teletrabajo, de forma que sea una forma de trabajo alternativa y voluntaria que pueda beneficiar a todos.

STAJ ha vuelto a pedir al Ministerio de Justicia y a las CCAA que instauren ya con carácter de urgencia mecanismos de teletrabajo que permitan a los funcionarios que voluntariamente lo soliciten prestar el servicio desde su domicilio

Esta petición, que hemos formulado varias veces y reiterado desde el inicio del estado de alarma, la hemos reiterado en nuestra propuesta de reactivación de la actividad por fases, y la hemos defendido también estos días en las diferentes reuniones mantenidas con el Ministerio.

Hoy se está manteniendo una nueva reunión con el Ministerio de Justicia, en la que STAJ sigue apostando por mecanismos de teletrabajo, y está pidiendo que el acceso al teletrabajo se haga de manera voluntaria por los funcionarios, con las debidas garantías de seguridad, en entorno completamente digital y en el que debe quedar absolutamente excluido el traslado de documentos a los domicilios particulares de los funcionarios.

Asimismo, deben establecerse garantías relativas al derecho y protección de la salud laboral, horarios, derecho a permisos y vacaciones, y la desconexión digital.

Lo ideal, por último, es que se utilicen ordenadores propiedad de la Administración, y por ello ahora no podemos sino reprochar que a estas alturas los únicos que estén dotados de estos equipos sean jueces y unos pocos LAJs.

Pero, con todas esas garantías definitiva, consideramos que el teletrabajo es una oportunidad para no ahondar en el estado de colapso de la Administración de Justicia al tiempo que se trata de un mecanismo más de contención, de protección de la salud del personal frente al contagio y propagación del virus pero, ya que no se ha hecho antes, su implantación debe estar encuadrada en la vuelta escalonada a la actividad judicial, de modo que la prestación del servicio en modo remoto se haga también priorizando los procedimientos que deberían tramitarse con mayor urgencia, dejando temporalmente suspendida la tramitación de aquellos que pudieran ahondar en el agravamiento de situaciones económicas difíciles por las que están pasando muchos ciudadanos y familias.

A ello, desde luego, contribuye poco la Resolución del ministerio del día 13 de abril, que permite la presentación indiscriminada de escritos vía Lexnet, cuyo resultado ya estamos viendo, por ello insistimos en su retirada.

Tal como advertíamos en las alegaciones presentadas a la resolución de fecha 13 de noviembre, del Ministerio de Justicia, dictada en cumplimiento de lo que el CGPJ había acordado en cuanto a la apertura a la presentación de escritos iniciadores de procedimientos y escritos de trámite aunque no fuesen propios de los servicios esenciales, ya se está produciendo la presentación indiscriminada de escritos en procedimientos cuya parte actora son bancos o entidades financieras o de recobro de deudas, que van a incidir muy negativamente en la economía de muchas familias que con la crisis sanitaria y el estado de alarma van a ver aún más agravada su difícil situación. Así lo hemos venido denunciando en las últimas horas.

Junto a ello, también hemos podido constatar ya la entrada masiva de demandas en los decanatos, en su mayoría civiles, para su registro y reparto. Muchas, la mayoría, son solicitudes iniciales de procesos monitorios los cuales, ante la paralización de plazos, no harán sino contribuir al colapso de la jurisdicción civil que se avecina, si es que no lo está ya, por cuanto deberán ser admitidos a trámite pero de los que en muchos de ellos no podrá practicarse el requerimiento de pago por estar suspendidos los plazos, lo cual a su vez generará nuevos escritos de parte pidiendo el impulso del procedimiento, como siempre ocurre cuando un trámite procesal se demora.

Ante ello, además de haber pedido la retirada y anulación de la resolución del Ministerio, STAJ se ha dirigido esta misma tarde por escrito al CGPJ, interesando la rectificación del Acuerdo adoptado en coordinación con el Ministerio de Justicia, en virtud del cual se ha “abierto la veda” a la presentación de escritos de trámite de todo tipo y a la presentación de demandas, por cuanto contribuye negativamente al colapso de los órganos judiciales, por un lado, y al agravamiento de la situación de crisis en que están cayendo muchas familias, para lo cual se pone en riesgo la salud de los funcionarios de Justicia a quienes, para ello, se nos ha obligado a incrementar la presencia en los órganos judiciales desde el pasado miércoles.

ESCRITO DE STAJ A CGPJ

• PDF PROTOCOLO ENTREGA MATERIAL PREVENTIVO
  
• RECOMENDACIONES UTILIZACIÓN MATERIAL PREVENTIVO
  

MATERIAL PREVENTIVO.

El material preventivo disponible en Andalucía para los Órganos Judiciales son suficientes, tienen previsto comprar más según la disponibilidad del mercado. El problema es coordinar la entrega.

Se ha cerrado un contrato de compra extraordinario de EPI´s para el Instituto de Medicina Legal y Forense

EL material preventivo enviado por el Ministerio, un 10% del total, se lo entregan a los Letrados de la Administración de Justicia y no a la Guardia Civil, por orden del Ministerio, para su reparto en los órganos destinados.

El resto lo entrega la Guardia Civil.

El dispensador de Gel hidroalcohólico se va a colocar en todas las plantas de los edificio judiciales de la provincia.

Se colocarán contenedores diferenciados para desechar las mascarillas y guantes usados con el objeto de contaminar.

JUZGADO DE PAZ.-

Se ha llegado a un acuerdo para la Administración General dote a los Juzgado de Paz material de protección a través de los Ayuntamientos, ayer empezaron.

PROTOCOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL TRABAJADOR DE LAS SEDES JUDICIALES Y FISCALES.

Los equipos de protección serán acopiados y custodiados por el personal de los controles de Guardia Civil y/o Seguridad en cada uno de los centros de trabajo.

El personal de Guardia Civil y/o Seguridad entregará diariamente a cada una de las personas trabajadoras, en el momento de su acceso al centro de trabajo, una unidad de cada uno de los equipos de protección disponibles. El punto de entrega se ubicará junto al control de acceso al centro.

La entrega de los equipos de protección al personal trabajador se realizará de forma independiente a la entrega de mascarillas u otros equipos al público que acceda a la sede, cuidando de formar dos colas de entrega independientes, en especial en las horas de mayor afluencia.

Las personas trabajadoras que reciban los equipos firmarán su recibí mediante el formulario adjunto en el anexo1, responsabilizándose de su cuidado y buen uso durante la jornada laboral.

Por parte del personal trabajador se pondrá en conocimiento de Guardia Civil y/o Seguridad el deterioro que se produzca en cualquiera de los equipos entregados, para su sustitución por uno nuevo, tras la devolución del equipo deteriorado.

Para la utilización de los equipos de protección se seguirán las indicaciones de uso que figuran en el anexo de este protocolo.

Se dispondrán los carteles informativos sobre utilización de los equipos en un lugar bien visible junto al punto de entrega de los mismos.

Al finalizar la jornada laboral los equipos de protección desechables serán depositados en los contenedores que se habiliten a tal efecto.

Por parte del personal de Guardia Civil y/o Seguridad de los controles se llevará un registro del número de cada uno de los equipos recepcionados por estos, el número de los equipos entregados y las existencias disponibles en cada momento, trasladando esta información diariamente a la Secretaría General Provincial de Justicia correspondiente.

TEST COVID-19.-

Los test rápidos de antígeno se realizan a través de una muestra en mucosa y pueden identificar la proteína del virus. Se está tratando con la Consejería de Salud, y se le ha solicitado para proporcionarlo a Justicia. Una vez la Consejería de Salud termina de proporcionar los test a los colectivos de alto riesgo, Sanitarios, Policía y centro o residencias de mayores, seremos los siguientes. Dicha prueba se haría en las Clínicas del IML al tener personal sanitario, por su puesto los primeros en realizar la prueba sería el personal del IML. Una vez estén disponibles los test se hará un protocolo.

ACCESO A LOS PROFESIONALES Y PÚBLICO.-

Está restringido, el único personal autorizado son los funcionarios que presten servicios esenciales establecido por Dirección General. Los Guardias Civiles y Vigilantes de control de acceso y los empleados de la limpieza que harán un mantenimiento correctivo y preventivo.

GRUPOS DE RIESGO.-

Sí en un Órgano Judicial todos los funcionarios se hubieran acogido al permiso por deber inexcusable se haría una sustitución por jurisdicción y turno rotatorio, ejemplo el núm. 1 sustituiría al 2, el 3 al 4 y así.

UTILIZACIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS.

Todos los Jueces y Fiscales en Andalucía tienen portátiles. Los Letrados unos pocos, se ha hecho un contrato 150 portátiles y más tarde otros 150 más, para que tengan todos los Letrados portátiles.

UTILIZACIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS PREFERENTES. – Según la Consejería es una tarea titánica de mucho esfuerzo y dinero. Se está confeccionando el nuevo sistema de Gestión Adriano, coste 20 millones. Portátiles para los funcionarios, no hay capacidad económica para comprar 8000 portátiles. Aún no han encontrado una solución para que sea seguro desde casa entrar en el sistema de Gestión Adriano, tiene unas particularidades que lo hacen imposible a fecha de hoy.

• STAJ ADVIERTE QUE LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO PARA LA REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL BENEFICIARÁN A LOS BANCOS Y FINANCIERAS Y ASFIXIARÁN AÚN MÁS A LAS FAMILIAS ENDEUDADAS
  
• STAJ SOLICITÓ AL MINISTERIO QUE SE EMPEZASE LA ACTIVIDAD GRADUAL POR LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA Y AQUELLOS QUE PUDIERAN FAVORECER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
  

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, en sus alegaciones a la Resolución del Ministerio de Justicia, por la que se daba carta blanca a la normalización de la actividad judicial, pese al mantenimiento del Estado de Alarma y orden de confinamiento, si bien de forma gradual, instaba al Ministerio para que no se dejase a la “ponderación de abogados y procuradores la presentación de escritos”, debiendo establecer el Gobierno los criterios para la paulatina vuelta a la normalidad, de modo que la tramitación, entrada y registro de asuntos quedara bajo el control del Gobierno, empezando por mantener en suspenso aquellos procedimientos que pudieran ahondar en el agravamiento de situaciones económicas precarias, y priorizar los procedimientos relativos a Familia o aquellos que pudieran derivar beneficios a los sectores de la población más vulnerables en la presente crisis.

Una vez abierta la posibilidad de la tramitación y registro de la presentación de escritos ante la Administración de Justicia, la falta de adopción de estos criterios, ha puesto de manifiesto lo advertido por STAJ, pudiéndose constatar que más del 80 % de los escritos que se han presentado lo han sido en ejecuciones hipotecarias (un 45%) o ejecuciones dinerarias (un 35%), procedimientos en los que la parte ejecutante son bancos o entidades financieras, es decir, procedimientos en los que se persiguen bienes de personas que, por regla general, están pasando por momentos difíciles económicamente y que, a buen seguro, tras la declaración de estado de alarma y paralización de muchos sectores de la producción, su situación se habrá agravado. De hecho, el escrito estrella está siendo la solicitud de embargo de la devolución de Hacienda, esa devolución que las familias esperan en estas fechas, y maxime este año, como agua de mayo.

Con ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha tomado en consideración las reivindicaciones de las cúpulas colegiales de la Abogacía y la Procuraduría para acelerar la reanudación de la actividad de esta Administración, pero en materias que, en plena crisis sanitaria, en poco o en nada ayudan a la ciudadanía y que de ningún modo son esenciales para la vida de la mayoría de los ciudadanos en estos momentos.

Quede claro que estos profesionales no hacen sino su trabajo, pues se deben a los intereses de sus clientes, a quienes deben defender, pero a los que no puede exigírseles la protección de interés público alguno.

La reactivación de la actividad judicial sin establecer límites a la presentación de escritos y demandas supondrá, además, el agravamiento de la situación de atasco en la tramitación procesal e impedirá que, a medio plazo, puedan destinarse los recursos humanos a la atención de otros procedimientos judiciales que sí podrían contribuir a la protección de colectivos que hayan sido especialmente castigados por la crisis, como son los trabajadores asalariados, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, todo ello por la falta de previsión y criterios sociales para el restablecimiento gradual de la actividad de la Administración de Justicia.

Por todo ello, STAJ critica que la incorporación paulatina de los funcionarios y consiguiente exposición al contagio del coronavirus a la que se enfrentan, ya que las medidas de protección llegan tarde y escasamente a las sedes judiciales, se realiza sin atender a criterios de necesidad sino de satisfacción a determinados sectores y colectivos, para los que estos trabajadores están exponiendo su salud y la de sus familiares.

Texto del escrito presentado al Ministerio:

AL MINISTRO DE JUSTICIA

Madrid, 14 de abril de 2020.

Excmo. Sr. Don Juan Carlos Campo:

CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA, sindicatos integrantes de la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y representantes de más del 80% de las 55.000 personas que constituyen el personal funcionario no judicial ni fiscal de la Administración de Justicia, por medio del presente EXPONEMOS:

Primero.- La RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA DE 13 DE ABRIL DE 2020 POR LA QUE SE ADAPTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA AL REAL DECRETO 487/2020, DE 10 DE ABRIL, cuya entrada en vigor tendrá lugar el miércoles 15 de abril establece un importante incremento del personal que habrá de prestar de forma presencial el servicio público en la Administración de Justicia.

Como todas las organizaciones hemos expresado ya a los representantes del Ministerio, consideramos que con esta resolución se incrementa el riesgo de contagio sin justificación alguna, por cuanto con el régimen de disponibilidad con el que se ha venido prestando el servicio durante las últimas dos semanas, los servicios esenciales están perfectamente atendidos, máxime teniendo en cuenta que la realización de otros servicios no esenciales consideramos que contraviene la D.A. del RD de estado de alarma.

De ahí que consideremos que la nueva Resolución ministerial es nula y por ello pedimos su inmediata retirada.

Segundo.- Subsidiariamente, debe tenerse en cuenta que esa nueva resolución se dicta bajo la premisa de la garantía de la protección de la salud del personal que deba cumplir esa presencia en órganos judiciales y fiscales.

Así, se establece que los “principios de actuación que promueve la resolución para esta nueva fase son los siguientes”:

…

2. Provisión efectiva y coordinada de hidrogeles, guantes y mascarillas por parte de las administraciones prestacionales de justicia para proteger la salud de todos los profesionales de la administración de justicia, así como del conjunto de la ciudadanía que acude a juzgados y tribunales, cumpliendo criterios de uso de las autoridades sanitarias.

Tercero.- Las organizaciones sindicales firmantes de este escrito hemos podido constatar que, a fecha de hoy el suministro de material de protección no está ni mucho menos garantizado. El reparto efectuado hasta el momento no ha sido uniforme, de modo que en unos partidos judiciales se ha suministrado, pero en otros no, y en los juzgados de paz la situación de desabastecimiento de medidas preventivas es especialmente grave, verificándose que con carácter general el material que ha llegado ha sido insuficiente, o le ha faltado alguno de los elementos, principalmente mascarillas.

En consecuencia, solicitamos:

1.- Que se deje sin efecto la RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA DE 13 DE ABRIL DE 2020 POR LA QUE SE ADAPTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA AL REAL DECRETO 487/2020, DE 10 DE ABRIL, en tanto se mantenga la vigencia del estado de alarma y las autoridades sanitarias aconsejen la finalización plena del confinamiento.

2.- Subsidiariamente, que se posponga la entrada en vigor de la referida Resolución hasta que se haya verificado el suministro de equipos de protección completos y suficientes para dotar a todo el personal que en cumplimiento de la misma deba prestar el servicio en modo presencial, manteniendo como máximo la dotación prevista en la Resolución de fecha 30 de marzo del Ministro de Justicia y las correlativas dictadas por las diferentes Administraciones prestacionales.

3.- Que se informe a las organizaciones sindicales con el mayor detalle de los medios de protección que han sido suministrados y que van a ponerse a disposición del personal, con carácter previo al inicio de su actividad en los órganos judiciales y fiscales de todo el Estado, suspendiéndose la actividad en los centros de trabajo concretos que no dispongan de los equipos de protección de forma temporal hasta que no se corrijan las deficiencias que se detecten.

Esperando su inmediata contestación, reciba un cordial saludo.

• Entrada en vigor mañana jueves para capitales de provincia y partidos judiciales con 5 ó más juzgados y para los IML. Resto a partir del lunes
  

La Consejería acaba de hacernos llegar la Resolución por la que se adapta la dotación de personal presencial para la prestación del servicio en juzgados y fiscalías.

Su entrada en vigor, tal como habíamos solicitado, se ha pospuesto para garantizar que todo el personal tendrá a su disposición los equipos de protección individual. Así, para capitales de provincia y partidos judiciales con 5 ó más juzgados y para los institutos de medicina legal, la entrada en vigor será mañana jueves 16 de abril, y para el resto de órganos judiciales, el lunes 20 de abril.

La resolución de la Dirección general acata al pie de la letra lo dictado por el Ministerio de Justicia en su resolución de 13 de abril. Resolución respecto de la cual STAJ ha pedido su anulación por cuanto supone un incremento de personal innecesario para atender los servicios esenciales, poniendo en riesgo la salud de los funcionarios y en general de la ciudadanía, por cuanto aumenta la movilidad de personas de forma gratuita, desoyendo las indicaciones de los expertos sanitarios, que insisten en afirmar que la única forma conocida de contención del virus es imitando la movilidad personal. Así se ha demostrado en el ámbito de Justicia, pues como hemos afirmado varias veces, se ha constatado que cuando menor presencia de funcionarios ha habido en los juzgados, el incremento de contagios se ha parado drásticamente.

El Ministerio, una vez más, se ha plegado a las órdenes de la Consejo General del Poder Judicial, llevados además por las presiones de las cúpulas -que no del colectivo- de colegios nacionales de abogados y procuradores, y así, permiten ahora el ingreso de escritos y nuevas demandas sin importar el número ni la clase, ignorando que con ello contribuyen a atascar aún más los órganos judiciales, situación que se agravará al no permitirse la notificación de resoluciones o la realización de trámites que supongan inicio de plazos procesales para las partes. Así, cuello de botellas se traslada a hora de la bandeja de entrada de Lexnet, a la de salida.

STAJ permanecerá vigilante, y cualquier nuevo contagio que pueda tener su causa en este caprichoso incremento de personal, será denunciado ante las autoridades competentes y ante la opinión pública.

RESOLUCIÓN DGOJF ANDALUCÍA 15-04-2020

• La Dirección general accede a la petición de STAJ de entrada en vigor de forma escalonada conforme se dote de EPIs a todo el personal.
  

Tras la petición de STAJ de que no entrase en vigor la resolución del Ministerio de justicia mientras no se garantice la dotación de EPIs a todos los funcionarios que habrán de prestar presencialmente el servicio a partir de ahora, la Dirección general nos acaba de informa que mañana se dictará resolución por la que se adaptará a lo acordado por el Ministerio de Justicia, entrando en vigor de forma escalonada, a partir del jueves, y conforme se tenga garantía de la dotación de los equipos a todo el personal.

Por tanto, mañana la dotación de personal presencial será la misma que se ha mantenido ayer y hoy.

Mañana miércoles en torno a las diez de la mañana podremos ampliar esta información con los detalles de entrada en vigor.

STAJ en cualquier caso, ha presentado escrito al Ministerio de Justicia instando a la retirada de la resolución del lunes 13 de abril.

Reproducimos correo electrónico recibido de la Dirección general.

La Instrucción se creó como tal y no como Resolución porque iba a tener una vigencia muy limitada, del 31 de marzo al 9 de abril, esta es la fecha que regulaba la vigencia del Real Decreto 10/2020, y la Instrucción 3 y 4 de 2020, se dicta para adecuar la dotación de plantilla de la Administración de Justicia a dicha norma. Entiendo ahora, por la confusión que hay, que la propia Instrucción en lugar de hacer referencia a la norma por la que se crea, debería también haber hecho expresa mención a su vigencia.

La propia Instrucción dice que sigue vigente la Resolución de la CCAA, que en este caso era la de 24 de marzo. No dudamos, de que la dotación establecida en la Instrucción no haya cubierto los servicios esenciales en el plazo para el que fueron establecidos, pero ahora estamos en otro escenario, y no debe aplicarse la Instrucción porque no está vigente, expiró el 9 de abril.

Sin perjuicio de que hemos vuelto a solicitar el mantenimiento de la dotación prevista en las instrucciones 3 y 4/2020, hemos advertido a la Consejería de la imposibilidad de que, a pocas horas de iniciarse la jornada laboral, pueda darse cumplimiento a la dotación prevista en la resolución de 24 de marzo.

Accede a la resolución de 24 de marzo en el siguiente enlace:

https://stajandalucia.es/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCION-DGOJF-DE-24-03-20-v2.pdf

• Subsidiariamente, pedimos la prórroga de la entrada en vigor, hasta que quede verificada la entrega de material de protección a todos los funcionarios, sin excepción.
  

STAJ se ha presentado escrito al Ministerio SOLICITAMOS LA RETIRADA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE ABRIL. En el escrito reproducimos las alegaciones formuladas al borrador, que aunque ha sido modificado en algunos aspectos, mantiene los términos gravosos en cuanto establece una dotación de personal excesiva, no garantiza los medios de protección adecuados para la prestación presencial del servicio, y permite la presentación indiscriminada de escritos y realización de cualquier tipo de actuación judicial esté o no amparada por los servicios esenciales decretados en el Real Decreto de estado de alarma.

Además, y dado que durante todo el día de hoy hemos estado recabando datos de todos ámbitos de todo el Estado, habiendo verificado que los medios de protección no están llegando a todos los centros de trabajo, o están llegando de manera insuficiente e incompleta, exigimos al Ministerio que, en todo caso, posponga la entrada en vigor de la resolución hasta tanto se verifique que se ha dotado de dichos medios a todo el personal, sin excepción.

STAJ está estudiando, además, la interposición de las acciones que sean procedentes contra la resolución del Ministerio.

Junto a ello, STAJ ha vuelto a incidir en la petición de un vuelta a los puestos de trabajo y a la actividad procesal de forma escalonada, por fases, así como la implantación de mecanismos de teletrabajo seguro, de carácter voluntario, con equipos informáticos securizados, propiedad de la Administración, con todas las garantías de seguridad y confidencialidad, y con respeto absoluto al derecho a jornada y horario y a la “desconexión” digital.

ESCRITO STAJ 14-04-2020

Desde STAJ, y dado que hoy por hoy no se puede garantizar por la Administración el suministro de material de protección suficiente ante el incremento de personal presencial a partir de mañana, en que entra en vigor la nueva resolución del Ministerio de Justicia, y dado que una de sus premisas es la protección de la salud de los funcionarios y funcionarias, hemos presentado SOLICITUD a la Consejería para se mantenga sin ninguna modificación la instrucción 4/2020 de la Dirección General, posponiendo la entrada en vigor de la nueva dotación presencial resultante de la resolución ministerial, hasta tanto dicho material esté plenamente garantizado y disponible con carácter previo a la entrada del personal en los edificios.

• El Ministerio rechaza la petición sindical unánime de mantener la dotación mínima prevista en la resolución de 29 de marzo y las dictadas por las CCAA con competencias.
  
• La medida adoptada puede suponer una avalancha de nuevos escritos y demandas que colapsará aún más los juzgados.
  
• El Ministerio accede a que el personal en régimen de disponibilidad solo pueda ser llamado para prestar servicios esenciales (en el borrador inicial, podría ser llamado para cualquier cosa, a criterio de los LAJs)
  
• No se ha aceptado la propuesta de STAJ de iniciar al vuelta a los órganos judiciales por fases a partir de la finalización del estado de alarma, propuesta que incluye también la reanudación de la actividad judicial y tramitación de procedimientos de forma escalonada y de forma que no se saturen los juzgados con nuevos escritos y demandas, priorizándose aquellos tipos de procedimiento que pudieran suponer beneficios para colectivos especialmente afectados por la crisis, dejando paralizados de momento aquellos otros que pudieran depararle aún mayores perjuicios. Nada de esto se ha admitido.
  

El Ministerio ha dictado una nueva resolución, que entrará en vigor el miércoles 15 de abril, adaptándola a la nueva situación en la que ha finalizado el confinamiento “cualificado”. En esta nueva resolución se incrementa de forma considerable la dotación presencia de personal para atender los juzgados fiscalías, de modo que, como regla general, habrá un funcionario por juzgado al menos (en algunos incluso más).

Junto a este incremento de personal, se permite que abogados, procuradores y graduados sociales puedan presentar escritos de cualquier tipo, sin que deban ceñirse a actuaciones propias de los servicios esenciales, y se establece que el servicio que presten los funcionarios presencialmente no se limite exclusivamente a actuaciones propias de los servicios esenciales, sino que podrá tramitarse cualquier cosa. Eso sí, el personal que esté en turno de disponibilidad sólo podrá ser llamado para atender actuaciones propias de servicios esenciales.

Eso sí, los plazos continúan suspendidos, lo que sin duda concede a las partes en los procesos judiciales un tiempo real extra para presentar recursos, realizar trámites, contestar demandas, etc.

STAJ manifestó ayer por escrito su frontal oposición a esta nueva resolución del Ministerio, y así lo ha reiterado en la reunión mantenida hoy por videoconferencia, pues se incrementa en un 200 % la presencia de funcionarios en las sedes judiciales durante la pandemia, desoyendo con ello las indicaciones de los expertos sanitarios y contradiciendo las palabras del mismísimo presidente del gobierno, que en rueda de prensa manifestó que aún no estamos en fase de “desescalado”, por lo que el confinamiento continúa.

Por otra parte, aunque la voluntad del Ministerio y las CCAA es dotar a todos los funcionarios de equipos de protección individual, lo cierto es que el suministro de estos equipos sigue siendo desigual y en muchos casos deficiente, por lo que el incremento de la presencia de funcionarios no debería realizarse sin la garantía plena de este suministro puntual y suficientemente a todas las sedes judiciales.

La resolución establece que los turnos presenciales deben organizarse por los Secretarios coordinadores o de Gobierno, y por los Fiscales Jefe. Esos turnos deben respetar la dotación establecida en el anexo de la resolución. El resto de personal estará disponible, pero únicamente para la atención de servicios esenciales, sin que pueda ser llamado para otra cosa.

Por otra parte, la resolución hace referencia al “teletrabajo”, pero realmente esta posibilidad sigue siendo casi imposible en nuestra administración, con la escasez de medios con que contamos. No obstante, se va a trabajar en su implantación, que desde STAJ entendemos debe hacerse con medios securizados, con todas las garantías de confidencialidad en el tratamiento de los procedimientos judiciales, con prestación voluntaria y con pleno respeto a los derechos a la jornada laboral de los funcionarios que garantice la desconexión digital.

Accede a la resolución:

RESOLUCIÓN MINISTERIO JUSTICIA DOTACIÓN SERVICIOS 13-04-2020

Con esta resolución, de aprobarse definitivamente, se estará implantando un régimen generalizado de presencia, en detrimento de la prestación del servicio mediante disponibilidad. La resolución contradice abiertamente tanto lo recomendado por las autoridades sanitarias, en cuanto al mantenimiento del confinamiento con carácter general y la reducción de los movimientos de personas, como las propias palabras expresadas por el Presidente del Gobierno en rueda de prensa este domingo.

Desde STAJ, por responsabilidad, no podemos sino exigir el mantenimiento de la resolución de 29 de marzo y las dictadas por las CCAA en aplicación y desarrollo de la misma apostando por la disponibilidad del personal en lugar de la presencia, pues se ha demostrado que la contención de casos entre funcionarios de la Administración de Justicia se ha producido, precisamente, cuando se ha generalizado la prestación de servicio en modo de disponibilidad.

Con la nueva resolución del Ministerio entendemos que se corre el riesgo poner en peligro la salud de los funcionarios.

El Ministerio debería prever una vuelta escalonada a la normalidad, cuando se produzca el desescalado -que según el Presidente aún no se ha acordado-.

Desde STAJ proponemos eso. Así, en estos momentos y durante al menos las próximas dos semanas debe mantenerse la dotación presencial actual, sin alteración alguna, es decir, deben mantenerse en sus puestos las personas absolutamente imprescindibles para la prestación de los servicios esenciales.

Y sólo cuando las autoridades sanitarias así lo aconsejen, proceder a una vuelta a la normalidad por fases, regladas, que no dependan de la voluntad o bondad de las partes, sino que atienda a razones de interés público.

En los siguientes enlaces podéis consultar el borrador del Ministerio y las alegaciones completas de STAJ a este borrador

BORRADOR Resolución servicio público RDL 478

ALEGACIONES STAJ

En resumen proponemos una vuelta a la normalidad por fases:

PRIMERA FASE: DURANTE AL MENOS LAS PRIMERAS DOS SEMANAS DE DESESCALADO

(cuando así lo decrete el Gobierno oficialmente, no antes del 26 de abril).

Reanudación del trabajo en las diferentes modalidades y con las dotaciones presenciales aumentadas con respecto a las actuales, lo cual deberá valorarse en su momento.

En esta fase debe iniciarse la tramitación de escritos presentados con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma y cuya tramitación quedó en suspenso.

No se permitirá la presentación de nuevos escritos en esta fase.

SEGUNDA FASE, SIGUIENTES DOS SEMANAS, AL MENOS.

La organización del trabajo se mantendrá como en la primera fase en sus diferentes modalidades, ampliando en la medida de lo posible, la dotación de personal en las sedes judiciales.

Debe garantizarse a todo el personal que acuda a trabajar en modo presencial, la dotación de mascarillas, guantes y geles de desinfección para preservar la salud de los mismos, del mismo modo que en la primera fase.

Se permitirá la presentación de escritos exclusivamente por vía telemática, así como el registro y reparto de los mismos a los órganos competentes para su tramitación.

En esta fase se continuará la tramitación de escritos de la primera fase y de los escritos que se vayan presentando por vía telemática por su orden de preferencia.

TERCERA FASE: NO ANTES DE LA CUARTA SEMANA DE DESESCALADO, Y PARA EL
SUPUESTO DE QUE PARA ENTONCES SE HAYA DECRETADO EL ALZAMIENTO DEL
ESTADO DE ALARMA.

Restablecimiento del trabajo en modo presencial de forma generalizada, con la dotación completa de la plantilla existente en cada órgano judicial, siempre que así se establezca y permita por las autoridades sanitarias y bajo sus instrucciones y con las medidas de seguridad e higiene adecuadas a la evolución de la crisis sanitaria.

En este sentido, se podrán señalar vistas y juicios de modo también progresivo, de forma que se garantice la afluencia adecuada de personas en las sedes judiciales, sin aglomeraciones y con las medidas de seguridad adecuadas, dando la prioridad que se determine, en orden a la materia y urgencia de los procedimientos y su incidencia social.

La dotación de los mecanismos de seguridad individuales como guantes y mascarillas se ajustará a las instrucciones de las autoridades sanitarias, debiendo garantizarse, en todo caso, también durante esta fase, la dotación de geles de desinfección en todas las sedes judiciales.

CUARTA.- ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN Y DE REFUERZO.

Cuando se reanude la actividad normal en los órganos judiciales, debe tenerse ya previsto un Plan de actuación y de refuerzo, cuyas características deberán ser negociadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial.

Ante las numerosas consultas que nos estáis trasladando en relación con la vuelta a los puestos de trabajo, os informamos que aún no se ha dictado ninguna nueva resolución por parte del Ministerio de Justicia o las CCAA con competencias, si bien mañana lunes por la mañana los sindicatos representativos mantendremos reunión por videoconferencia con el Ministerio de Justicia, en la que se abordará esta cuestión, dado que el estado de confinamiento absoluto de las últimas dos semanas decretado por el Gobierno ha finalizado ya.

En esa reunión se abordará, por tanto, el borrador de resolución que ha preparado el Ministerio, cuya intención es incrementar las dotaciones presenciales para la atención del servicio mediante turnos, un incremento de las actuaciones a realizar, -que no se limitará a los servicios declarados esenciales-, y modalidades de teletrabajo voluntario, para aquellas actuaciones que así lo permitan.

Igualmente, se abordará el suministro de los equipos de protección imprescindibles para que la prestación del servicio sea segura, lo cual es una exigencia que STAJ viene realizando desde el principio de la pandemia, incluso antes de que la epidemia fuera declarada como tal.

En consecuencia, a partir del próximo martes entrarán en vigor estas las nuevas medidas, que os comunicaremos e informaremos con más detalle inmediatamente, en cuanto sean aprobadas.

Desde este sindicato les hemos instado a que mantengan únicamente en sus puestos a las personas absolutamente imprescindibles, así como a que acuerden de forma inmediata el abandono de los lugares de trabajo que puedan conllevar un posible riesgo, dejando al personal en situación de disponibilidad.

Asimismo les hemos trasladado que, de igual forma que el personal de justicia está cumpliendo con sus obligaciones, confiamos en que por su parte, y como responsables directos de nuestra seguridad, aplicarán escrupulosamente y con la máxima diligencia todas las medidas necesarias para evitar riesgos innecesarios o perjuicios evitables respecto a la salud de los trabajadores a su cargo.

Por los Delegados de STAJ se continuará realizando la oportuna labor de vigilancia y control que nos atribuye el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, actuando de forma urgente en las ocasiones que fuese necesario y exigiendo asimismo en su caso las oportunas responsabilidades en el supuesto de que se produzcan perjuicios que pudieran haberse evitado.

ALEGACIONES STAJ A PROPUESTA MINISTERIO

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua DGRN) está enviando a los Registros Civiles la Circular de 11 de abril de 2020, sobre la transmisión de datos en cumplimiento de la Instrucción de 4 de abril de 2020 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre remisión de datos de los Registros Civiles.

Accede en el siguiente enlace:

Circular de 11 de abril de 2020