La apuesta del anterior Ministro de Justicia José Manuel Campo, ha sido retomada por la actual Ministra Pilar Llop que, con algunos matices, sigue adelante con los proyectos de Ley, en cierto modo consensuados con varios partidos políticos, aunque aún les queda todo el recorrido legislativo, donde sufrirán cambios y, sin duda, cierta demora en su puesta en marcha.
La base de JUSTICIA 2030 son tres leyes que están en marcha, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, orientadas a dar respuesta a las necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia, y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros después que el Consejo General del Poder Judicial haya emitido su informe, la tercera, ha sido aprobada en primera vuelta hace unos meses.
En total, los recursos presupuestados en materia de política de Justicia ascienden a 2.284 millones de euros: 2.208 millones de euros es la participación correspondiente al Ministerio de Justicia, lo que representa un 11,8% más que en 2021; y 76 millones de euros la correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, que implica un incremento de un 4,2% en relación al año anterior. Estos fondos respaldan la puesta en marcha de las tres reformas previstas por el Ministerio para conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia que se encuentran en fase de anteproyecto.
El anteproyecto de la Ley de eficiencia procesal permitirá una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales y potenciará los medios de solución de controversias paralelos a la propia jurisdicción.
La Ley de eficiencia organizativa, por su parte, apuesta por la creación y constitución de los Tribunales de Instancia, la evolución de los juzgados de paz hacia Oficinas de Justicia en los municipios y el desarrollo e implantación de la Oficina Judicial.
El anteproyecto dispone la constitución escalonada de los Tribunales de Instancia:
– El 1 de octubre de 2022 los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en aquellos partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer.
– El 1 de diciembre de 2022 los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en los partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles, Secciones de Instrucción y Secciones de Violencia sobre la Mujer.
– El 1 de julio de 2023 los restantes Juzgados no comprendidos en los supuestos anteriores se transformarán en las respectivas Secciones.
La Oficina de Justicia en el municipio acercará a la ciudadanía los servicios públicos, independientemente del lugar en el que habiten, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes.
Asimismo, los Tribunales de Instancia darán más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y para mejorarla en términos de especialización.
La ley de eficiencia digital consolidará la transformación digital que ya vive la sociedad, según ha detallado la titular de Justicia.
La ley de eficiencia digital, promueve la digitalización, regulando los servicios tecnológicos accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia. La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial estudió el pasado día 24 la propuesta de informe al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Púbico de Justicia.
Junto a la regulación de la utilización de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia el Anteproyecto prevé la modificación de las normas procesales, modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
El anteproyecto regula la identificación por medios electrónicos; la generalización de los medios electrónicos en la relación con la Administración de Justicia a través del Punto de Acceso General de la Administración de Justicia y del uso de las sedes judiciales electrónicas; la incorporación de un sistema de acceso personalizado llamado “Carpeta Justicia” o el establecimiento de la preferencia de la práctica de las comunicaciones judiciales por vía telemática.
STAJ ya ha presentado alegaciones a los Anteproyectos de Ley pidiendo la necesaria negociación y el acuerdo con los sindicatos de todas estas profundas reformas que van a provocar una transformación tan radical en la organización judicial en la Administración de Justicia y en la forma de relacionarse con los ciudadanos y profesionales.
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