——– Un acuerdo que precariza aún más a los trabajadores públicos ———
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El Ministerio de Hacienda ha llegado a un acuerdo, en el marco de la Mesa General de negociación de Función Pública, con los sindicatos UGT y CCOO para el incremento salarial durante el período 2022-2024.
El acuerdo prevé que a la subida general de 2022 del 2% que ya se nos aplicó en enero de este año, se sume un incremento fijo del 1,5% con carácter retroactivo desde 1 de enero 2022. Este 1,5% acumulado desde enero se recibirá en nómina a finales de año.
En 2023 el incremento será del 2,5%, y en 2024 el incremento será del 2%.
En total, el Acuerdo prevé un INCREMENTO SALARIAL FIJO DEL 6% EN 3 AÑOS Y NO UN 8% COMO SE DICE, puesto que de ese 8%, un 2% ya lo tuvimos desde enero de este año.
Asimismo, se prevé una parte variable de subida, pero sujeta a condicionantes:
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Al incremento para 2023 se podría sumar un porcentaje variable doble, de un 0,5% vinculado a que el PIB supere el 5,9% que parece bastante difícil de alcanzar y otro 0,5% si el IPC acumulado de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
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Respecto de 2024 al incremento fijo del 2% se podría añadir un 0,5% si el IPC acumulado de 2022,23 y 24 supera el 8%.
Lo que ya podemos afirmar con rotundidad es que para este año 2022, la suma del 2% que ya se nos aplica desde enero más el 1,5% con efectos retroactivos de este acuerdo (total 3,5%) se traducirá ya en el presente ejercicio en una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores públicos, teniendo en cuenta que el IPC en 2022 puede alcanzar el 9,1% según las previsiones de la OCDE.
Lo mismo podemos afirmar del incremento pactado para el año 2023 en cuanto a su parte variable (0,5%+0,5%) y del de 2024 (0,5%) vinculados a variables de PIB e IPC. Para 2023 el Ministerio de Economía prevé un crecimiento del 2,1% por lo que el 0,5% adicional vinculado a PIB se firma a sabiendas de que no se va a cumplir. El 0,5% vinculado a la inflación acumulada de 2022 y 2023 si esta supera el 6% supone que la subida seria del 3% pero el IPC superaría el 6% con lo que como mínimo se perderían 3 puntos más de poder adquisitivo.
Y respecto del 0,5% adicional al 2% fijo para 2024 si el IPC acumulado del período 2022-2024 alcanza el 8%, lo que equivaldría a una economía en la UCI y sería una tomadura de pelo para los trabajadores públicos al limitar su subida al 2,5% total y la inflación por encima del 8% lo que implicaría como mínimo otros 6 puntos de pérdida de poder adquisitivo.
Desde STAJ manifestamos nuestro absoluto rechazo a la oferta salarial acordada por el gobierno y los sindicatos CCOO y UGT porque precarizan aún más las retribuciones de los funcionarios de la Administración de Justicia y al resto de trabajadores públicos, que ya sufrimos una pérdida del poder adquisitivo superior al 20% perdida que va a incrementarse estos años con una inflación muy por encima de la subida pactada.
El triunfalismo de los dirigentes sindicales de CC.OO y UGT en línea con buena parte de los medios de comunicación afines al Gobierno sólo se explica gracias a las generosas subvenciones de dinero público que reciben unos y otros, estas sí, en continuo aumento año tras año. Por todo ello, nos gustaría que los afiliados a CCOO y UGT fueran críticos con el Acuerdo alcanzado por sus centrales sindicales y el Ministerio de Hacienda y coincidan con nuestro análisis de que dicho Acuerdo precariza aún más nuestras retribuciones como Funcionarios de la Administración de Justicia.
