LOS INMIGRANTES NO SOLO VIENEN A EUROPA EN EL “AQUARIUS”
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El Sindicato STAJ como representante de funcionarios del colectivo de justicia que abarca un número que supera los 7.000 efectivos en Andalucía, no es ajeno al problema de la inmigración que sufre nuestro país como punto de entrada más cercano a Europa, más si cabe por el hecho de que muchos de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, ven cada día la miseria y el abandono de estas personas a las que se añade la falta de recursos y dejadez de la Administración. Son muchas las noticias que cada día los medios de comunicación ponen en conocimiento de la sociedad relativa a la llegada de personas que huyen de países en conflicto, de regímenes autoritarios que pisotean los derechos más elementales de cualquier ciudadano, hambre y necesidades básicas. Hombres, mujeres y niños que en busca de un futuro mejor y que afrontando toda una odisea personal ponen en peligro su integridad física y en muchos casos son engullidos por la naturaleza más primigenia a través del mar mediterráneo en el que ahora, en época estival muchos nos acercamos en búsqueda de un remanso de paz y como garantía de éxito absoluto como plan de vacaciones.
Sin embargo no se dan detalles más allá de las estadísticas y de alguna historia personal. Localidades como Barbate en la que problemas como el paro y el narcotráfico merma la calidad de vida de su ciudad y de sus vecinos, es desde hace años uno de los puntos en las que las FF y CC de Seguridad del Estado ponen a disposición judicial a estas personas para poder llevar a cabo el procedimiento legal de la regularización de la situación personal. Esto lleva aparejado que los dos únicos Juzgados ubicados en la localidad deban hacerse cargo, durante los períodos de guardias que alternan entre ellos, de este trabajo con una escasez de medios tanto personales como materiales que hemos denunciado repetidamente, tanto a través de numerosos escritos como en las reuniones que STAJ ha tenido tanto a nivel provincial con la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior en Cádiz, como en las distintas mesas sectoriales a nivel autonómico con la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal en Sevilla.
Las carencias se traducen en falta de creación de nuevos órganos que viene siendo requerida por los informes que elabora anualmente la Sala de Gobierno del TSJA, falta de revisión de plantillas que cuentan con la misma dotación desde hace más de treinta años, retraso deliberado en la cobertura de las bajas por incapacidad temporal demorando hasta más de tres meses los nombramientos de personal interinos a pesar de haber un compromiso formal por parte de la Consejería en cuanto a la celeridad de los mismos. Sedes judiciales totalmente ineficientes, incapaces de acoger a dichas personas en unas condiciones mínimas de bienestar, más si cabe tras la larga travesía acontecida.
A todo esto se le une el incremento poblacional, que además de Barbate experimentan otros municipios de la costa andaluza con la llegada del verano y que supone un aumento de la litigiosidad sobre todo ahora en materia penal.
La falta de coordinación también es evidente en cuanto a las relaciones que la Delegación del Gobierno debe mantener con el resto de operadores implicados en el problema de la llegada de personas migrantes, dado que se llegan en algunos casos a acumular en los juzgados barbateños varios furgones de Policía y Guardia Civil con centenares de personas y que conlleva prolongaciones de jornadas por los funcionarios de justicia de más de quince horas, acabando las mismas pasada la medianoche.
STAJ denuncia además de la situación de abandono que sufren los juzgados de Barbate, como no puede ser de otro modo, la doble moral de la clase política que nos representa y que utiliza situaciones de máxima gravedad como la vida y el destino de las personas que llegan a nuestro país desde el infierno para, en algunos casos, como el acontecido con el buque Aquarius, dar un primer impulso mediático al gobierno novel de la nación, el cual valoramos de manera muy positiva pero lo entendemos como del todo insuficiente, más si cabe no es capaz, en ámbito autonómico, con el mismo partido en el gobierno de la Junta de Andalucía, de articular medidas que supondrían un coste mínimo en comparación con cualquier otro asunto de política social.
Es cuestión de voluntad política y ser consecuente con los principios que deben inspirar cualquier estado democrático de derecho moderno que se precie; es la clave para dar solución a este problema de tanta gravedad.
A pesar de todo, el colectivo compuesto por Gestores, Tramitadores y Auxilios Judiciales seguirán como hacen cada día, prestando con total entrega el servicio público al que se comprometieron con su nombramiento legal, sirviendo a la ciudadanía de nuestro país así como a las personas que requieren de España la ayuda que sus naciones son incapaces de brindarles. Todo ello sin gestos de cara a la galería y vacíos de contenidos a los que la clase política nos tiene acostumbrados.
STAJ, por su parte, seguirá luchando de manera incesante para que las condiciones tanto de los funcionarios de justicia como de los justiciables sean siempre más y mejores. Es de justicia.
