STAJ cree que la restricción del uso de taxis derivará en un “colapso total” de los actos de comunicación
SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) –

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) advirtió hoy a la Junta de Andalucía que la restricción del uso de taxis por parte de los funcionarios en los actos de comunicación, como los embargos y las notificaciones, derivará en un “colapso total” de los actos de comunicación de las instancias judiciales.

El coordinador en Andalucía del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, José Luis Fernández Alaya, ha remitido un escrito al viceconsejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Ortiz Mallol, advirtiendo de que “son muchísimas las diligencias que practican diariamente”, extremo que “es posible únicamente si se cuenta con un servicio de transporte adecuado, como es el taxi, que aunque su número no es ni mucho menos suficiente, dado el volumen de trabajo, sí al menos podría considerarse aceptable”.

Sin duda, para el sindicato, el rendimiento de estos servicios y el de los funcionarios que realizan las diligencias de comunicación “se verá seriamente menoscabado si han de utilizar medios de transporte público colectivo únicamente”. “Las líneas de autobús urbano no llegan a todas partes ni muchísimo menos (además de la lógica lentitud del servicio en muchos casos), y, fundamentalmente en los pueblos, donde sin existir servicios de transporte público los funcionarios deben realizar diligencias en lugares muy alejados de la sede del órgano judicial o de difícil acceso, con desplazamientos interurbanos en numerosas ocasiones”.

Según figura en la misiva, “no es difícil adivinar que si se suprime el servicio de taxi, los actos de comunicación se ralentizarán irremediablemente y, con ello, la tramitación de los procedimientos judiciales, que legalmente dependen de la notificación personal de las resoluciones que se dictan”.

SUSPENSIÓN Y RETRASO DE JUICIOS

Así, señala el escrito, “se retrasarán y se suspenderán numerosos juicios por falta de emplazamiento o de citación de las partes o los testigos, se retrasará la ejecución de las sentencias, ya sean Civiles, Penales, de lo Social, Contencioso-Administrativo, Mercantiles, de Juzgados de Familia, de Violencia sobre la Mujer, etc., por no poder practicarse los actos de notificación y de ejecución que han de realizarse ordinariamente fuera de la sede judicial”.

“En definitiva, un grave perjuicio para el servicio público que padecerán los ciudadanos que verán como los procedimientos judiciales se retrasan aún más como consecuencia de la falta de medios personales y, a partir de ahora, también materiales”, dijo STAJ, que advirtió de un “colapso total que sufrirá la práctica de actos de comunicación en toda Andalucía”. “Pondrá en situación de riesgo a los trabajadores que habrán de realizar su labor en barrios desfavorecidos y sin la menor protección y posibilidad de auxilio que en muchas ocasiones es necesaria”.

En consecuencia, “solicitamos se deje sin efecto la Instrucción dictada por esa Viceconsejería, y manifestamos nuestro rotundo rechazo a cualquier medida que pueda comprometer la labor que realizan los funcionarios de la Administración de Justicia y que cause mayor dilación a los procedimientos judiciales, que por falta de medios, tanto personales como materiales, es ya insostenible”.

El Pais.com

Justicia baraja pedir a los funcionarios que usen su coche
J. M.-A. – Sevilla – 10/09/2009

Optimizar el parque oficial de automóviles y que cada funcionario utilice su coche con apoyo económico de la Administración son dos de las opciones que la Junta baraja, al margen del autobús, para sustituir los taxis que hasta ahora utilizaban los funcionarios de los juzgados para entregar las notificaciones.
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La medida, que ha causado gran preocupación entre jueces, fiscales y secretarios por los retrasos que originará, está previsto que suponga un ahorro de dos millones y está siendo estudiada por la Consejería de Justicia. Ayer el secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, se reunió con representantes de la judicatura, los secretarios y el ministerio público para estudiar posibles alternativas. “Es más cómodo ir en taxi, pero a pesar de que genera inquietud, es una medida que puede suponer reutilizar esos recursos”. Izquierdo aludió a la posibilidad de generar 40 nuevos empleos con el ahorro logrado.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, alertó sobre que hay lugares donde el transporte público no puede llegar y que ciertos procedimientos judiciales implican una “celeridad”. José Luis Fernández, del sindicato STAJ, alertó de que la medida derivará en un “colapso total” de los servicios.

MÁLAGA
DIARIO SUR.ES

La misma plantilla para el triple de juzgados
09.09.09 – M. M. MÁLAGA

La eliminación de los taxis afectará especialmente al Servicio Común de Actos y Comunicacones (SCAC) y a los 33 trabajadores que realizan esas tareas sólo en el partido judicial de Málaga, que en el primer semestre de este año realizó casi cien mil diligencias (requerimientos, exhortos, notificaciones). Actualmente, este servicio acumula unas nueve mil pendientes de reparto.
Los trabajadores realizan unas 800 notificaciones diarias. Para ello tienen a su disposición diez bonobuses y once taxis. El transporte público colectivo se utiliza para el reparto en zonas céntricas y comunicadas y los taxis para el resto. Algunos funcionarios realizan el reparto en sus vehículos, particulares «por lo que no reciben contraprestación económica alguna», según los sindicatos.
El STAJ afirma que la situación es «insostenible» y subraya la falta de medios personales del SCAC, que da cobertura actualmente a las notificaciones que producen 76 juzgados en Málaga con la misma plantilla que lo hacía en 2002 con 26 juzgados. Juan Antonio Luque, su delegado en Málaga, recuerda que ya en 2008 la secretaría del SCAC solicitó a la Junta 18 funcionarios y cinco taxis más para paliar el déficit de recursos.

Noticia publicada en el diario ABC.es

Reunión para tratar los recortes La delegación provincial de Justicia se reunirá hoy con el decano de los jueces y representantes de los secretarios judiciales para tratar los recortes de los taxis. Justicia asegura que habrá reuniones en todas las delegaciones provinciales ya que la medida afecta todas las provincias. STAJ presentará hoy una queja formal ante la consejería.
M. B. SEVILLA
Publicado Miércoles, 09-09-09 a las 07:06
La consejería de Justicia tuvo ayer que salir al paso ante las críticas que ha provocado la instrucción dada para suprimir los taxis y que los funcionarios que realizan notificaciones y otros actos judiciales tengan que utilizar el transporte público.
El departamento que dirige Begoña Alvarez, que había cuantificado en tres millones de euros lo que se gasta en taxis para los juzgados andaluces, dijo ayer que la nueva medida de supresión de estos vehículos supondrá el ahorro de dos millones de euros «que estarán mejor empleados».
Según la nota de la consejería de Justicia,con ese dinero que se obtendrá de «la regulación del uso del taxi», se contratará a más de 40 profesionales al servicio de los equipos adscritos a los juzgados de familia y a los de menores como psicólogos y trabajadores sociales. En cualquier caso, Justicia mantiene la instrucción dada para que las notificaciones en las ciudades donde haya red de transporte público se hagan en autobús con la excepción de servicios especiales como levantamientos de cadáveres o lugares de difícil acceso para el servicio público.
Miles de actos suspendidos
La puesta en marcha de esta medida de ahorro ha levantando una gran polémica. El pasado lunes el juzgado decano de Sevilla suspendió todos los embargos y lanzamientos y todas las citaciones, lo que supuso que quedaron pendientes 287 embargos, 31 lanzamientos, 2 posesiones y 1 remoción además de un gran número de citaciones.
Según fuentes judiciales ayer había 464 citaciones pendientes de practicar en Sevilla a los que había que sumar los embargos así como más de 1.439 diligencias. Eso supone que en unos días se han quedado pendientes más de 2.000 diligencias ya que los funcionarios que usaban los taxis ahora deben ir en autobús con lo que no tienen tiempo para llegar a todas partes. La media era de 20 taxis diarios. También se están viendo afectados los fiscales que acuden a los juicios de faltas o los que deben acudir a centros penitenciarios o de mayores.
Ayer, el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, advertía de que la utilización del servicio público para estas notificaciones «no va a ser operativa» porque hay 800 órganos judiciales en toda Andalucía y miles de procedimientos se verán afectados por el citado recorte.
«Va a provocar un atasco judicial si no hay medidas alternativas», advertía el decano mientras que desde el Sindicato de Trabajadores para la Administración de Justicia, STAJ, se recordaba que miles de actos se están suspendiendo en toda Andalucía y se recordaba el enorme gasto de la Junta de Andalucía en coches oficiales para altos cargos.

Jueces, fiscales y secretarios advierten a la Junta de las “disfunciones” de restringir el uso de taxis

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) –
El colectivo de jueces, fiscales y secretarios judiciales de Sevilla advirtió hoy miércoles a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de las “disfunciones” en el funcionamiento del servicio público judicial que supondría restringir el uso de taxis por parte de los funcionarios en los actos de comunicación, como los embargos y las notificaciones.
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, informó de que en el encuentro mantenido en la mañana de hoy con la delegada provincial del ramo, Francisca Amador, ésta ha informado a los operadores judiciales del contenido de la Instrucción 2/2009 emitida con fecha 29 de julio del presente año 2009 por el departamento que dirige Begoña Álvarez.
En este sentido, Jiménez Ballester señaló que durante el encuentro, de carácter eminentemente informativo, se ha trasladado a la delegada provincial los “problemas” que podría generar esta orden por la cual se acuerda que los desplazamientos de los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces se hagan en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.
Al hilo de ello, el juez decano llamó la atención sobre uno de los principales inconvenientes de la implantación de esta medida, como es el hecho de que existen determinados lugares donde el transporte público colectivo no puede llegar, mientras que determinados procedimientos judiciales implican una “celeridad” que transportes como el autobús no permiten.
De igual modo, valoró la importancia de que el servicio de Guardia disponga de un vehículo de circulación preferente que no se vea afectado por el tráfico cotidiano, de cara a casos como levantamiento de cadáveres, punto en el que destacó la “receptividad” demostrada por la responsable provincial de Justicia, que les ha informado de que en los próximos días plantearán “soluciones” y “alternativas” a los problemas presentados.
HASTA TRES MILLONES EL PASADO AÑO
Según informó el departamento de Begoña Álvarez a Europa Press, la Consejería hizo frente en 2008 a gastos por valor de tres millones de euros en concepto de los taxis utilizados por los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces, recordando que el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Junta la competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia.
En este sentido, resaltó que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública “debe coligarse con la eficiencia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales”.
Por ello, ha emitido una instrucción por la que se regula la utilización de los taxis para los servicios que a diario se practican en la comunidad autónoma, de manera que los desplazamientos se harán, tal y como establece el ‘Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio’, en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.