JOSÉ ANTONIO SAU No sé si ha sido idea de la Gerencia de la Ciudad de la Justicia o la genialidad, más bien, ha partido de algún superior jerárquico en la escala de la Consejería de Gobernación y Justicia, pero lo cierto es que la medida se las trae: ahora, los funcionarios de los juzgados tienen que identificarse ante el ciudadano que requiere de sus servicios, y para ello se han encargado alrededor de mil plaquitas muy coquetas y simpáticas con el número del empleado público correspondiente y con el cuerpo al que pertenece (tramitación, gestión o auxilio).

Algunos de esos cartelitos se han impreso con los nombres y apellidos de los trabajadores, por ejemplo en la Fiscalía, que trata, en un 90%, con asuntos penales. No sé cuánto se habrán gastado en imprimir y hacer los cartelitos, y aunque imagino quién ha sido su promotora, prefiero callármelo por aquello de la prudencia; o, como decían los sabios chinos: «No digas nada si tus palabras no mejoran el silencio».

Si una persona va a denunciar a alguien por robo o violación, o simplemente es un delincuente el que va junto a su abogado a la Fiscalía para llegar a un acuerdo con el acusador; y resulta que el chico o chica es agudo/a y se fija en el cartelito, y ve el nombre del funcionario, y empieza a pensar que todos los que trabajan allí son una panda de amargados que quieren hacerle la vida imposible; y se va a su casa después de que le hayan dicho que el acuerdo es para que se coma tres años de cárcel; y coge la guía telefónica o busca por internet o pregunta quién es el abnegado funcionario que lo atendió y decide ir a su casa a hacerle un regalo, el regalo de su vida, ¿quién asume la culpa? Y todo para que el ciudadano pueda reclamar, que no digo yo que eso esté mal, pero, ¿no es mejor acreditarlos con un código como ocurre con la policía, sobre todo en Penal? Una vez más, me reafirmo, y sin citar a Weber –como haría un articulista de postín– en lo que siempre he pensado de la administración: chalauras, que diría un indignado de Huelin.

En los juzgados de lo Social o Primera Instancia los temas que se tratan no son tan escabrosos, y los cartelitos han ido con un número identificativo, pero lo cierto es que allí se sancionan despidos, se ordenan desahucios y asuntos por el estilo. Y el cabreo de un ciudadano al que acaban de privar de su vivienda puede ser de órdago, así que si quiere hacerle saber al funcionario, en primera persona, lo que piensa de él, por lo menos tendrá que currárselo más. Para esto sí hay dinero, pero para la nueva oficina judicial no. Cosas de la burocracia.