En la tarde de este martes día 23 de septiembre Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado en rueda de prensa su dimisión como Ministro de Justicia, motivada por no haber contado con el apoyo del Gobierno en la aprobación de su controvertido proyecto de ley del aborto. Al frente del Ministerio le sustituirá Rafael Catalá Polo, hasta ahora Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento. El nuevo Ministro ya tuvo responsabilidades en el Ministerio de Justicia, pues fue Secretario de Estado de Justicia con el Ministro Michavilla, entre 2002 y 2004, periodo en el que se produjo la reforma de la LOPJ que modificó nuestro estatuto jurídico e introdujo la denominada “nueva oficina judicial”.
Desde STAJ no podemos decir que nos apene la renuncia de Gallardón, pues no han sido pocas las veces que hemos pedido su dimisión. Le deseamos lo mejor en su vida personal, pero desde luego al frente del Ministerio no ha hecho sino tomar decisiones polémicas una tras otra y muchas de ellas, a nuestro juicio, gravemente perjudiciales para el servicio público de la Administración de Justicia.
Es el caso, por ejemplo, de la modificación del CGPJ, que introduce cualquier cosa menos independencia en el órgano de gobierno del Poder Judicial. O el caso de la Ley de Tasas, que impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que menos recursos tienen, y que STAJ ha combatido fuertemente, habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo socialista en el Congreso, además de haber forzado una modificación que suavizó, aunque de forma insuficiente, las previsiones de la Ley.
También perjudica al servicio público la reciente “privatización” del Registro Civil, medida que ya está aprobada no sólo por el propio Ministro, sino también por el Gobierno y el Parlamento, por lo que no puede decirse que sea algo exclusivo de Gallardón sino, más bien, de todo el partido popular. Por otra parte, y en honor a la verdad, hay que decir que Gallardón sólo es responsable de la “privatización”, pero no de la desjudicialización, pues ésta fue promulgada en una ley aprobada por el PSOE cuando en el 2011 estaba en el Gobierno -y contra la que, por cierto, nada hizo algún sindicato que ahora tanto protesta-, desjudicialización que preveía ya de forma indirecta la desaparición de los cientos de puestos de trabajo vinculados al Registro Civil. Ahora, al menos, el Ministro se había comprometido a mantener esos puestos en su ámbito, y las presiones de STAJ iban por buen camino en el sentido de garantizarse también los puestos en las Comunidades Autónomas con competencias. Y si no se logra esa garantía, STAJ apuesta por la huelga y en este sentido está consultando a todos los funcionarios afectados.
Hay otros proyectos de Gallardón que quedan en el aire, y que son más o menos polémicos. La reforma del Código Penal está en trámite parlamentario, pero la nueva Ley de enjuiciamiento criminal difícilmente verá la luz, ni siquiera ha sido aprobada aún por el gobierno. También están en trámite parlamentario la Ley del Estatuto de la víctima, la nueva Ley de jurisdicción voluntaria, y la nueva Ley de justicia gratuita. Estas dos últimas tampoco están exentas de polémica, la primera por lo que tiene de cierta privatización de algunos asuntos de jurisdicción voluntaria, y la segunda porque no gusta nada a los abogados. En cualquier caso, son leyes que ya no están en el Ministerio, sino en el Parlamento.
Sin duda, junto con la desjudicialización del Registro Civil, la reforma que más nos afectará a los funcionarios de justicia es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el caso de que siga adelante su tramitación. El Anteproyecto de esta Ley habría supuesto, de aprobarse sin modificaciones, el mayor retroceso de derechos que hubiéramos tenido nunca los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, además de suponer una profunda transformación de la organización judicial en España. Ese anteproyecto no sólo ha contado con el rechazo de los funcionarios y especialmente de STAJ, sino también de prácticamente todos los colectivos vinculados a la justicia, desde jueces a abogados, sin olvidar a representantes de otros sectores de la Administración. De ahí que el texto esté sufriendo una modificación tan grande que se parecerá poco al Anteproyecto originario.
Por lo que respecta a nuestro estatuto jurídico, el preacuerdo alcanzado en julio por STAJ y otros sindicatos con el Ministerio, fruto de las negociaciones y presiones que hemos ejercido desde que se dio a conocer el anteproyecto, va a mantenerse prácticamente en los mismos términos en que actualmente está diseñado en la LOPJ vigente, incluso con algunas mejoras, aunque desde luego no está todo lo que quisiéramos. Gracias al preacuerdo, se mantendrá el carácter municipal y no provincial de los centros de destino, se impedirá la movilidad geográfica ordinaria forzosa y se potenciará la promoción interna, entre otras cosas. Y además, se mantendrán los partidos judiciales y los juzgados -oficina judiciales- de paz, sin que se pierdan, en definitiva, los puestos de trabajo afectados.
En estos momentos no podemos saber si la nueva LOPJ verá la luz, ni siquiera si será llevada al Consejo de Ministros. Pero si se lleva, desde luego tendrá que ser recogiendo en su texto todas las garantías descritas en el preacuerdo. Por otra parte, no debe olvidarse que el preacuerdo contiene el compromiso de desarrollo reglamentario, lo que puede suponer la mejora de la regulación de algunas cuestiones que a nuestro juicio son manifiestamente mejorables, como sucede con la regulación de las sustituciones o las comisiones de servicio, o el régimen disciplinario.
Si finalmente la nueva LOPJ no ve la luz, mejor para todos, pues desde STAJ siempre hemos defendido que la solución de la Justicia no está en modificar una y otra vez la Ley, sino en invertir en medios humanos y materiales. Pero que nadie olvide que la LOPJ vigente, pactada en 2003, ya establece una profunda modificación de la estructura y organización de la Oficina Judicial, que ya está siendo implantada en muchas ciudades y que está ya proyectada para otras muchas.
STAJ luchará, como siempre, sin demagogias, sin hacer política y sin pedir cosas imposibles. La paralización de la reforma de la LOPJ dejaría las cosas como están en la Ley actual. Pero no debemos obviar que hay cuestiones que aun sin nueva LOPJ deben ser acometidas con urgencia, por ejemplo, la situación en que quedarán los Juzgados de Paz cuando se materialice la desjudicialización definitiva a partir de 2015, con privatización o no, del Registro Civil, vaciando a dichos juzgados de una de sus principales funciones, poniendo en riesgo la continuidad de los puestos de trabajo. Esa es una de las previsiones del preacuerdo y por ello, entre otros muchos motivos, es preciso que se cumpla aunque la nueva LOPJ no vea la luz.
