El pasado jueves se celebró una Mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia para tratar de los problemas surgidos con la implantación del  “papel cero”.

A dicha reunión, y por la parte de los funcionarios, hemos acudido los sindicatos de implantanción nacional STAJ, CSIF, CCOO, UGT.  Poco antes de acabar la reunión se ha incorporado el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado. No estuvo presente desde un principio, en un asunto tan importante para la Justicia en España y la labor de los funcionarios de Justicia, como es el proyecto "papel cero".

La conclusión que saca el Ministerio, más allá de que se estén produciendo "ciertas incidencias", es que la puesta en funcionamiento del sistema LexNET está siendo un éxito en el ámbito gestionado por el Ministerio, algo que desde STAJ no compartimos en absoluto.

El Ministerio diferencia la puesta en marcha de LexNET, de los problemas que pueda haber con otros sistemas como el MINERVA, FORTUNY u otros sistemas procesales.

Desde STAJ  hemos insistido en que no se puede aislar LexNET del resto de problemas que se están produciendo en el quehacer diario de los trabajadores de la Administración de Justicia y, en ningún caso, reducir la visión exclusivamente al ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.

No puede el Ministerio, por ejemplo, obviar los problemas graves que están ocurriendo en el ámbito gestionado por la Comunidad de Madrid o la nula implantación en el ámbito gestionado por la Comunidad Valenciana, máxime cuando este es un paso previo, importante, pero previo, para la implantación el próximo julio del expediente electrónico, del cual, nuevamente en su ámbito, el Ministerio se muestra plenamente convencido de su puesta en funcionamiento.

El Ministerio no admite la difícil situación que se está sufriendo en los Juzgados, que han de soportar los trabajadores, con una lentitud desesperante del sistema, fallos en las notificaciones, escasez de medios materiales (falta o precariedad de los escáner) y la pérdida de tiempo y recursos económicos que está suponiendo imprimir todo lo que llega a los Órganos Judiciales (en muchos casos se está imprimiendo lo digitalizado previamente)

Sobre la necesidad de más y mejores escáneres, el Ministerio manifiesta que se seguirán instalando de ser necesario. Que las oficinas sigan el trámite correspondiente para solicitarlos y se pondrán sin problema.

No obstante, los responsables ministeriales han declinado cualquier responsabilidad del Ministerio en los ámbitos gestionados por las CCAA, argumentando que esta modificación lleva cuatro años aprobada y que una versión funcional de LexNET está a disposición de las CCAA desde enero de 2015, con lo que las CCAA son las únicas responsables de la deficiente o nula puesta en marcha de las comunicaciones electrónicas.

Todos los Sindicatos hemos hecho ver al Ministerio que tantas y tan generalizadas protestas por la lentitud de los sistemas desde antes incluso del 1 de enero no pueden ser casualidad. Según el Ministerio LexNET tiene capacidad más que suficiente, señalando que con los actuales equipos podrían duplicar el tamaño de la Administración de Justicia y el sistema sería capaz de gestionarlo. Se excusan en que el problema de la lentitud que están experimentado los compañeros puede tener una casuística muy variada, desde versiones antiguas de MINERVA, pasando por los propios ordenadores o incluso las tarjetas criptográficas, y que habría que ver el caso concreto.

En este sentido se nos ha propuesto que señalemos algunos centros de trabajo en los que poder evaluar "in situ" en una visita de la Subdirección General.

Desde STAJ hemos vuelto a insistir en los problemas que genera la falta de formación e información de los trabajadores.

Su contestación es que se ha dado formación, presencial y/o "en linea", a todos los trabajadores. Respecto de la formación presencial han sido 60 formadores y se ha llegado a 9800 trabajadores. Nos insisten que, en caso de ser necesario, a través del CAU se puede solicitar una formación presencial, en el puesto de trabajo, sobre manejos de los sistemas. También piden que incidamos en la formación "en línea", que está a disposición de los trabajadores en la página del Ministerio y del aula "en línea" del Portal de la Administración de Justicia.

En definitiva, el Ministerio de Justicia se niega a admitir las enormes dificultades que ha conllevado la introducción del “papel cero”, que sólo reconoce como pequeñas dificultades técnicas que se irán corrigiendo poco a poco, algo con lo que no estamos en absoluto de acuerdo, dada la gran cantidad y variedad de incidencias que los trabajadores habéis puesto de manifiesto, y que reflejan una situación muy diferente a la manifestada por el Ministerio.

Desde STAJ, seguiremos presionando al Ministerio para que aborde todas estas nuevas dificultades, así como las que padecemos desde hace mucho más tiempo, derivadas de las deficientes herramientas informáticas con las que contamos los trabajadores de la Administración de Justicia

Las prisas por implantar un proyecto sin haber dado tiempo a las Administraciones competentes para adaptar los sistemas, convierten en fracaso el proyecto “estrella” del Secretario General de la Administración de Justicia del Ministerio.

No ha pasado un mes desde que se inició la presentación telemática de documentos y la lista de incidencias y problemas que está generando su implantación es infinita. Funcionamiento lento del sistema, devoluciones automáticas de escritos erróneas, deficiente integración de Lexnet en las aplicaciones de gestión procesal, errores en la entrada de escritos en los órganos judiciales, limitación de capacidad de los archivos, inexistencia de firma digital para jueces, y un largo etcétera de disfunciones que está generando, precisamente y además de un notable atasco en la recepción de escritos y tramitación procesal, que el “papel cero” suponga un gasto en papel mucho mayor que el que existía hasta ahora.

El verdadero responsable de todo este desaguisado es el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, de quien dependen la Subdirección General de Modernización y la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, y entre cuyas funciones está la planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.

El proyecto “estrella” con el que ha querido despedirse de esta legislatura este Alto cargo del Ministerio de Justicia ha resultado ser un auténtico fiasco, por no haber previsto muchas de las vicisitudes propias de la tramitación procesal y del trabajo diario en Juzgados y Tribunales, y por no haber dado tiempo suficiente a las Comunidades Autónomas con competencias para adaptar plenamente los sistemas de gestión procesal existentes, pensados para la tramitación en papel.

Ver información en prensa:

El plan Papel Cero de Justicia se tambalea al poco de entrar en vigor: "Es una utopía"
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El Director General de Infraestructuras de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y tras las numerosas peticiones realizadas por STAJ, ha informado a las organizaciones sindicales sobre el estado actual de la implantación del expediente digital, reconociendo las numerosas incidencias que se están produciendo en los primeros días de su puesta en funcionamiento. Ha reconocido que la integración de Lexnet y Adriano presenta dificultades técnicas que están solucionando, e incluso dificultades o disfunciones en la formación previa a los funcionarios.

En realidad, la verdadera responsable de estos problemas ha sido la celeridad con la que el Secretario General de la Administración de Justicia del Ministerio, responsable del área de modernización de la Justicia, ha querido implantar el expediente digital, habiendo dado muy poco margen de tiempo a las CCAA con competencias para adaptar los sistemas e infraestructuras necesarias para la plena y eficaz integración de Lexnet en las diferentes aplicaciones de gestión procesal.

El Director General de Infraestructuras también ha aclarado algunas dudas en relación con la utilización de la firma digital, confirmando lo que STAJ ya ha informado en nuestro boletín informativo de 21 de diciembre pasado, en el sentido de que la firma digital únicamente se utiliza como medio de identificación ante el sistema, y no como identificación ante terceros.

Es decir, que los datos que contiene la firma digital no trascienden, y si lo hicieran, no sería problema de la firma digital, sino del documento que se emite, que estaría diseñado para contener el nombre del funcionario, insistiendo en que no existe ningún documento en Adriano o Lexnet en el que figuren los datos del empleado, salvo aquellos que firman juez o Letrado de la Administración de Justicia. Por ello, para los funcionarios, y ante la polémica sobre uso de firma privada o firma de empleado público, es irrelevante el tipo de firma digital que se use, siempre que sea reconocida y reuna los estándares requeridos.

La Consejería, según el Director, no obliga a nadie a que obtenga firma digital; es el sistema el que obliga a identificarse digitalmente para poder usarlo, y este uso es a lo que sí estamos obligados los funcionarios. Esa identificación puede hacerse por cualquier tipo de firma electrónica reconocida, por ejemplo, el DNI electrónico. Para aquellos funcionarios que no tengan firma electrónica, la Junta de Andalucía tiene suscrito un convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para facilitar a los funcionarios la obtención de firma electrónica sin necesidad de desplazamiento del funcionario a ninguna parte.

STAJ ha recordado al Director que no en todos los casos se está facilitando la obtención de la firma digital, especialmente en los pueblos, donde el funcionario está teniendo que acudir a Ayuntamientos u otras administraciones para obtener o renovar la firma digital.

Hemos reprochado también que por parte de la Consejería no se haya sido transparente en la información, porque todas estas cuestiones han generado muchas dudas y lógicos recelos entre los funcionarios, que se habrían despejado totalmente si desde el primer momento se hubiera informado con claridad sobre el motivo, objetivo, y consecuencias del uso de firma digital en los sistemas informáticos.