Se incrementa la dotación presencial en Instrucción y Penal de Málaga y Sevilla:

• Juzgados de Instrucción de Málaga: 3 funcionarios del Cuerpo de Gestión o Tramitación para todos los Juzgados (se amplía en 2 funcionarios la dotación actual)
  
• Juzgados de lo Penal de Málaga: 3 funcionarios del Cuerpo de Gestión o Tramitación, para todos los Juzgados (se amplía en 2 funcionarios la dotación actual)
  
• Juzgados de Instrucción de Sevilla: 4 funcionarios del Cuerpo de Gestión o Tramitación para todos los Juzgados (se amplía en 3 funcionarios la dotación actual)
  
• Juzgados de lo Penal de Sevilla: 3 funcionarios del Cuerpo de Gestión o Tramitación para todos los Juzgados (se amplía en 1 funcionario la dotación actual)
  

La modificación se ha producido tras la reunión de la comisión de seguimiento celebrada hoy, en la que se sigue negando la participación de las organizaciones sindicales, en la que el TSJA ha vuelto a presionar a la Administración para incrementar las dotaciones presenciales. Mucho nos tememos que desde la Secretaría General para la Justicia no se ha sabido defender la posición que la Dirección General ha venido manteniendo estos días en cuanto a la dotación de medios, primando la disponibilidad sobre la presencia física de los funcionarios, y no ha sido capaz de exigir que los Secretarios coordinadores establezcan los mecanismos para que los LAJs accedan desde sus domicilios a las bandejas de entrada de Lexnet, verdadero motivo por el que quieren que los funcionarios estén presentes en los Juzgados.

INSTRUCCIÓN 4/2020

COMUNICADO DE STAJ, CSIF, CCOO, UGT, ELA y CIG, Sindicatos representativos en Mesa sectorial Ministerio de Justicia.

LOS SEIS SINDICATOS MAYORITARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECLAMAN AL MINISTRO CAMPO LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO JUDICIAL NI FISCAL EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19

Exigimos asimismo que se inicie, de inmediato, la negociación colectiva de los planes de reactivación de la actividad procesal anunciados y, también, de la implantación de los sistemas de teletrabajo, materias ambas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal funcionario

Madrid, 5 de Abril de 2020

La nota de prensa del Ministerio de Justicia emitida tras la reunión de la Comisión de Coordinación del pasado viernes, pone de manifiesto que el ministro Campo sigue sin aceptar que los trabajadores y trabajadoras de Justicia estemos representados en los órganos donde se toman las decisiones que afectan a nuestra salud laboral y condiciones de trabajo.

En la nota de prensa el Ministro agradece el esfuerzo del personal de Justicia en el mantenimiento de los servicios esenciales y ese reconocimiento es muy importante.

No obstante, el Ministro se olvida que su obligación, incluso en una situación como la que padecemos ahora, es la de negociar con la representación sindical cualquier plan de agilización que pretenda poner en marcha incluyendo la implantación de sistemas de acceso remoto desde el domicilio para favorecer el teletrabajo empezando por las iniciativas, o “buenas prácticas” como las denomina en su nota de prensa, que se están poniendo en marcha, de forma unilateral y sin tener competencias para ello, por la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional y por los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Madrid,

Una obligación legal de negociar, puesto que el derecho fundamental de negociación colectiva no se ha suspendido por el estado de alarma, pero también un instrumento necesario para conseguir la colaboración de todos tal y como, el mismo, solicita.

Por todo lo anterior, los sindicatos hemos remitido al Ministro de Justicia Juan Carlos Campo el siguiente escrito:

“CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA, sindicatos integrantes de la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y representantes de más del 80% de las 55.000 personas que constituyen el personal funcionario no judicial ni fiscal de la Administración de Justicia,
por medio del presente solicitamos la convocatoria inmediata, al amparo del art. 34.6 y DA y el apartado 1. b) de la D.A. 12ª
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia para abordar los siguientes temas:

1.- Integración de estas organizaciones sindicales en la Comisión de coordinación de la situación de crisis creada al amparo de la Orden SND/261/2020, en la misma situación en que están integrados, además del Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en medios personales y materiales; el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

2.- Participación de estas organizaciones sindicales, desde el primer momento, en el diseño, planificación e implantación en cualquier plan de actuación o de agilización que se pretenda poner en marcha en la Administración de Justicia, empezando en los planes que ya han sido objeto de anuncio en el BOE y abordados en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento antes citada, para las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y juzgados de lo mercantil, dado que dichos planes afectan a las condiciones de trabajo del personal al que representamos.

3.- Negociación de la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos funcionariales de Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, cuerpos generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En este sentido, le recordamos que estos sistemas de trabajo no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser ordenados por los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni otros organismos sin competencias en la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario.

4.- Instamos igualmente a ese Ministerio a que dé traslado inmediato a las organizaciones sindicales del texto de cualquier proyecto que haya sido elaborado ya en relación con las anteriores cuestiones, para su estudio por los representantes del personal.

Los seis sindicatos entendemos que el derecho de participación, información y consulta a los trabajadores que es la base de la negociación colectiva se fundamenta entre otras razones, en el conocimiento que tenemos de primera mano sobre la realidad de la Administración de Justicia.”

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y del Notariado) ha dictado la siguiente instrucción, sobre comunicación de defunciones a efectos informativos:

PDF

INSTRUCCIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA SOBRE REMISIÓN DE DATOS DE LOS EGISTROS CIVILES

Por RD 453/2020 de 10 de marzo se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, atribuyendo a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública en su artículo 7.1 e) la planificación de los Registros Civiles, la programación y distribución de los medios materiales y personales precisos para su funcionamiento, el ejercicio de la dirección funcional del personal e dichos registros, así como su organización, dirección e inspección. Tras la declaración del estado de alarma efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y su posterior modificación producida por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, el Gobierno ha aprobado diferentes normas cuyo objeto ha sido adoptar las medidas imprescindibles y urgentes para paliar las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

Se hace preciso, para poder ser eficaces en la lucha contra esta pandemia, tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen, datos que deben conocerse con el mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad, una vez comprobado que por el aumento de número de defunciones y la reducción del personal en los Registros civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma Inforeg.

Esta Dirección General es consciente del enorme esfuerzo que están realizando los Encargados, los Letrados y los funcionarios de los distintos Registros Civiles, habiéndose configurado la Oficina del Registro Civil como un servicio más que nunca esencial, y de que esta información que se les solicita supone un trabajo añadido, pero es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible, que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados. Es por ello que esta Dirección General, en el ámbito de las competencias que le son propias, dicta la siguiente Instrucción:

ÚNICA.- Todos los Registros civiles, tanto exclusivos como con competencias en otras materias, así como los registros civiles de los Juzgados de paz, remitirán a esta Dirección General a la dirección de correos sgnac.estadocivil@mjusticia.es, una vez finalizada su jornada laboral, una relación en la que conste el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual.

El Consejo General del Poder Judicial, tras la queja formulada por los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y Andalucía, ha enviado requerimiento al Gobierno Canario y a la Junta de Andalucía a fin de que se abstengan de dictar disposiciones administrativas que “obstaculicen el acceso a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos destinatarios de los servicios esenciales”, en directa alusión a las últimas instrucciones y resoluciones dictadas por estas dos Comunidades Autónomas en relación a la dotación de personal para la atención de los servicios esenciales.

El fundamento principal del requerimiento y de las quejas de los Tribunales Superiores de Justicia, -que se producen sin haber constatado ni una sola incidencia negativa en cuanto a la prestación de los servicios esenciales, pues ninguna se ha producido-, es que con el escaso personal presencial con que se ha dotado a esos servicios, especialmente en los órganos con competencias penales, no es posible acceder a Lexnet para poder visualizar los escritos y “calificar” su urgencia. Además, atribuye esta obligación de “calificar” los escritos a los funcionarios, lo cual sorprende, pues se trata de una responsabilidad que legalmente corresponde a los Letrados A.J., que como tal es indelegable.

Pues bien, tanto el TSJ de Canarias, como el de Andalucía, MIENTEN, ya que es falso que los Letrados A.J. no puedan acceder a LEXNET en remoto. Desde STAJ
hemos comprobado que sí pueden hacerlo, desde sus ordenadores personales privados, lo único que necesitan es tener instalada su firma digital, algo que, hoy en día, seguro que la mayoría tiene para poder hacer gestiones administrativas por INTERNET (por ejemplo, la declaración de la renta). Y si no la tienen instalada, que la instalen. Es muy sencillo.

Si los Tribunales de Justicia no sabían esta posibilidad, es una absoluta irresponsabilidad por su parte, no conocer las opciones que la aplicación ofrece en acceso remoto.

Por ello, STAJ ha presentado escrito instando al Ministerio a que ordene a los Secretarios de Gobierno que den las instrucciones oportunas a fin de que los Letrados de la Administración de Justicia accedan en remoto diariamente a las bandejas de entrada de Lexnet de sus respectivos órganos judiciales, visualicen los escritos, califiquen si son urgentes o no, y sólo en el caso de existir alguno relativo a actuaciones urgentes propias de los servicios esenciales, dispongan lo necesario para que el personal que esté en turno de disponibilidad acuda al juzgado a realizar la actuación de que se trate y por el tiempo indispensable, si no es posible realizarla de forma telemática.

Igualmente, STAJ ha dirigido nuevo escrito al TSJA en el que argumentamos por qué la dotación acordada por la Junta de Andalucía es suficiente, y le recordamos que la competencia para visualizar las bandejas de entrada de Lexnet no corresponde a los funcionarios de Justicia, sino de los jueces y letrados de la Administración de Justicia, los cuales pueden acceder desde sus domicilios particulares como acabamos de exponer.

Es vergonzoso que a estas alturas muchos aún no hayan comprendido la magnitud de la crisis sanitaria que vivimos, y que la única medida eficaz para evitar la propagación del virus es la reducción drástica de la movilidad de personas.

CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19

Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA), por el presente reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19,

Desde el principio de la crisis el CGPJ se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.

Para las seis organizaciones sindicales, los Comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los TSJ por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia.

Denunciamos la táctica de sabotaje empleada por la Comisión permanente del Consejo para impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia, CCAA con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia.

Denunciamos que la injerencia del Consejo General del Poder Judicial está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, mientras recomienda a los Jueces y Magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia.

Recordamos que el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad.

Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados/as públicos/as, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.

Alentamos al Ministerio de Justicia y a las CCAA autónomas con competencias transferidas en materia de justicia para que continúe poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ.

Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los Jueces y Magistrados. La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados/as públicos/as que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales.

Unos empleados/as públicos/as que, incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la amenaza invisible de un virus mortal.

Para finalizar, las seis organizaciones sindicales queremos hacer un reconocimiento a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general que, durante estos días, están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando. Y, no por repetido hay que darlo por hecho, nuestro agradecimiento a los miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en primera línea contra el virus.

#estevirusloparamosunidos

• El Ministerio requiere a los Secretarios de Gobierno para que cumplan la Resolución de 30 de marzo, que antepone la prestación del servicio mediante disponibilidad y no presencia física de los funcionarios en los juzgados
  

Tras las denuncias formuladas por STAJ sobre los incumplimientos en muchos territorios de la Resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 29 de marzo, sobre dotación de personal para cubrir los servicios esenciales, en la que se prima la prestación del servicio mediante disponibilidad, dejando la prestación presencial al mínimo imprescindible, el Ministerio de Justicia ha trasladado a los sindicatos representativos, en la reunión celebrada esta mañana por videoconferencia, que ha dado orden a los Secretarios de Gobierno para que cumplan con la resolución dictada, promoviendo la disponibilidad como mecanismo prioritario, para poder proteger la salud de los trabajadores.

El Ministerio nos pide colaboración en este sentido a fin de que comuniquemos aquellos casos en que no se esté cumpliendo, y así lo estamos haciendo y trasladando al Ministerio, para que actúe en consecuencia.

En cuanto a los EPIS, a partir de la semana que viene se contará con un número mayor de ellos y se repartirán de manera inmediata, conforme se ha realizado el anterior reparto.

En la actualidad no se dispone de test para detectar el virus, para los funcionarios de justicia, porque lógicamente se ha priorizado y destinado al personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Se modifica la instrucción dictada ayer, sólo en algunos apartados:

• Juzgados de Vigilancia, 1 GPA o TPA por juzgado. Se modifica el horario presencial, que será de 11:00 a 14:00 (en la instrucción anterior era de 10:00 a 12:00)
  
• Se clarifica que tanto decanatos como los servicios comunes de registro y reparto deben prestar servicio, dos horas al día, modificándose la franja horaria: de 11:00 a 13:00 horas.
  
• Servicios de guardia de Juzgados y Fiscalías: se recoge expresamente que la guardia se puede seguir prestando como venía establecido en la resolución de 24 de marzo, es decir, por turnos de mitad de la plantilla de guardia.
  

En cuanto al resto de órganos, permanece la misma regulación de ayer.

INTRUCCIÓN 3/2020 DOTACIÓN SERVICIOS ESENCIALES

En la actual situación de Estado de Alarma, donde se ha disminuido considerablemente la actividad en casi todos los sectores, al que no ha sido ajena la Administración de Justicia, se ha puesto de manifiesto que la intervención de los trabajadores de esta Administración es vital para el funcionamiento de las estructuras judiciales y la prestación de este servicio público.

Tanto es así, que el Presidente del TSJ de Andalucía, en entrevista publicada en el día de hoy, reconoce que los jueces realizan su labor “a duras penas porque la dotación de funcionarios es ínfima”. Por otra parte, afirma que los “Jueces se están esforzando en prestar los servicios esenciales y que quizás sean los más empeñados en mantener a ultranza esos servicios, con una muy deficiente plantilla de funcionarios”. Llaman la atención estas declaraciones, teniendo en cuenta que los jueces, en este proceso de estado de alamar y servicios esenciales, prestan servicio en sus casas, salvo los destinados en juzgados que realizan guardias o cuando son requeridos ante la eventual entrada de algún asunto urgente que requiera su intervención.

Sin embargo, vemos que los altos cargos de la Judicatura y la Fiscalía reclaman que los funcionarios presten el servicio en su modalidad presencial y no en régimen de disponibilidad como realizan jueces y fiscales. Por tanto, ese esfuerzo por mantener el rigor en la prestación de los servicios esenciales de estos colectivos de la Justicia que con tanto pomposidad expresa el Sr. Lorenzo, se basa, como el propio él mismo reconoce, en “ponerse al día en el dictado de sentencias y resoluciones pendientes”, en acudir a las sedes judiciales cuando son reclamados y en exigir a la Administración que haya más funcionarios presentes en las sedes judiciales.

Pero aún llama más la atención, cuando anima a su colectivo a no desfallecer ni a adoptar comportamientos miméticos “a los que pueden observar a su alrededor, en los que se antepone cualquier consideración al deber profesional”, poniendo en entredicho con estas indecorosas manifestaciones la profesionalidad del resto de agentes integrantes y responsables de la Administración de Justicia. Tal vez, y sólo tal vez, en estos momentos, no sólo los demás operadores de la justicia, sino también los propios justiciables, también antepongan otros valores más vitales como lo es la salud, no sólo individual, sino colectiva. Es muy fácil defender el “deber profesional”, desde casa y sin arriesgar su salud ni la de los suyos.

En este escenario insólito y delicado en el que estamos inmersos y viendo la actitud desconsiderada hacia los trabajadores al servicios de la Administración de Justicia por parte de los más altos responsables de la judicatura, desde el Presidente del CGPJ hasta los Decanos de muchos municipios, a este sindicato le tranquiliza sobremanera que esta Administración esté “en manos de otras instituciones”, como se lamenta el Sr. Lorenzo.

Afortunadamente, la dotación de personal en las sedes judiciales no depende de los miembros de la carrera judicial, de ser así en estos momentos la salud de estos trabajadores estaría en grave riesgo, teniendo en cuenta que prestan servicio de cara al público sin medidas de protección, pues se verían abocados a asumir tareas más allá de las esenciales, para la caprichosa tranquilidad de sus señorías.

Tras las declaraciones efectuadas por el Lorenzo del Río, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, STAJ le ha dirigido esta misma mañana escrito manifestándole nuestro absoluto por sus afirmaciones. El Presidente del TSJA deja entrever que los únicos que luchan por el cumplimiento de los servicios esenciales son los jueces, ignorando, una vez más, la imprescindible labor y el trabajo que desempeñamos los funcionarios y funcionarias de Justicia, como si en los juzgados solo existiesen jueces y los funcionarios estuviéramos sólo de adorno.

Hemos vuelto a dejarle claro que la dotación de personal presencial para esos servicios es suficiente y que no puede ser más atendiendo a la grave crisis sanitaria, pues reducir al mínimo imprescindible la presencia física de los funcionarios es clave para preservar su salud y la del resto de la ciudadanía, evitándose con ello la movilidad de personas y contribuyendo así a detener la propagación del virus, según indican las autoridades sanitarias. Sin olvidar que todo el personal está en situación de disponibilidad y en condiciones de localización inmediata durante la jornada laboral.

Igualmente, le hemos manifestado que los funcionarios y funcionarias de los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia, así como los médicos forenses, de todo el Estado y, por supuesto, de Andalucía, estamos absolutamente comprometidos con la prestación del servicio y que nuestro interés, como servidores públicos, no es otro que intentar que esos servicios se presten puntualmente, de modo que los perjuicios que la situación de pandemia y estado de alarma están provocando afecten lo menos posible a los derechos de los ciudadanos.

Y le recordamos al Presidente del TSJA que en lugar de criticar la dotación de personal que ha sido decretada por la Consejería, lo que debe hacer es algo que le llevamos pidiendo sin éxito desde el inicio de la crisis a los órganos de gobierno del Poder Judicial, es decir: que se den las instrucciones oportunas y establecer los mecanismos adecuados en coordinación con jueces decanos y secretarios coordinadores, así como con colegios de abogados, procuradores, graduados sociales, y Cuerpos de policía y Guardia civil, con mecanismos de comunicación rápidos y coordinados, para que, con esa dotación presencial mínima y la disponibilidad del resto de personal, sea posible la prestación de los servicios, sin merma alguna para los derechos de los justiciables.

Es posible, si hay voluntad, establecer mecanismos de comunicación rápidos entre órganos judiciales en los que deban tramitarse las diferentes fases procesales, para que se tome debido conocimiento por el órgano correspondiente. Y también es posible canalizar la entrada de escritos, atestados, solicitudes, documentos, etc., relativos a los servicios esenciales, mediante los servicios de guardia y decanatos, para que todo aquello que no pueda ser realizado por estos, sea comunicado de manera inmediata a los responsables de los órganos judiciales y fiscalía, para que se disponga lo preciso para que el personal necesario en situación de disponibilidad acuda a su puesto de trabajo puntualmente para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias.

Eso, y no la dotación presencial de funcionarios, es lo que falta, porque desde el inicio de la crisis sanitaria no se ha adoptado ni una sola medida en este aspecto.

Adjuntamos Instrucción de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, en la que se fija una nueva dotación presencial para los servicios esenciales. Nos comunica la Consejería que probablemente no pueda publicarse en Adriano hasta mañana, por problemas técnicos.

Resumimos las novedades:

Se mantienen los servicios de guardia como hasta ahora

• Juzgados Vigilancia: 1 GPA o TPA presencial en horario de 10 a 12
  
• Juzgados Instrucción: 1 GPA o TPA presencial para todos los Juzgados. Horario de 9 a 14
  
• Juzgados de lo Penal: 1 GPA o TPA por sede judicial donde estén ubicados. Horario de 9 a 14
  
• Juzgados de Violencia exclusivos: 1 GPA o TPA presencial. Horario de 9 a 14
  
• Registros Civiles Exclusivos: 1 GPA o TPA presencial y un Auxilio. Horario de 9 a 14
  
• Juzgados de Primera Instancia con competencia en Registro Civil: 1 GPA o TPA presencial. Horario de 9 a 14
  
• Secciones Penales Audiencia Provincial: 1 GPA o TPA presencial para todas las secciones. Horario de 9 a 14
  
• Juzgados Mixtos y UPADs con Registro Civil: 1 GPA o TPA presencial. Horario de 9 a 14
  
• Juzgados Mixtos y UPADs con Violencia: 1 GPA o TPA presencial. Horario de 9 a 14.
  
• Decanatos: 1 GPA o TPA presencial, en horario de 10 a 12
  
• Resto órganos y fiscalía: Prestación en régimen de disponibilidad, estableciéndose turnos rotatorios por juzgado o fiscalía.
  
• Juzgados de Paz: Prestación en régimen de disponibilidad, publicando en lugar accesible al público un teléfono de contacto.
  
• Institutos de Medicina Legal: Siguen como hasta ahora, pero priorizando la disponibilidad siempre que sea posible.
  

INSTRUCCIÓN 2/2020 DE LA DGOJF

Acaba de firmarse por el Ministro de Justicia nueva resolución sobre servicios esenciales. En parte se atiende a las reivindicaciones que viene haciendo STAJ desde el inicio del estado de alarma, en tanto se potencia la disponibilidad frente a la presencia.

De entrada hemos de resaltar que LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LAS CCAA SE MANTIENEN VIGENTES, si bien entendemos que la nueva resolución del Ministerio las habilita para, en su caso, realizar modificaciones para adaptarse a esta nueva dotación.

Resumimos los aspectos más importantes de la nueva resolución:

• Se mantienen los servicios esenciales que ya están acordados.
  
• Se mantienen las resoluciones dictadas por las CCAA.
  
• Régimen presencial. Se prestarán presencialmente los siguientes servicios:
  
  • Servicio de guardia en todos los partidos judiciales y fiscalías. Se realizarán siempre que sea posible, mediante videoconferencia o cualquier dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación bidireccional segura de datos y en su caso imagen y/o sonido, para evitar traslado de detenidos, profesionales y personas a las sedes judiciales.
    
  • Ordenes de protección y medidas cautelares en materia de Violencia de género. Se prestarán de la misma forma expuesta para los Juzgados de guardia.
    
  • Actuaciones de Registro Civil declaradas esenciales. (Nacimientos en plazo, defunciones y matrimonios en peligro de muerte) Se mantiene el protocolo de 27 de marzo en cuanto a la expedición de licencias de enterramiento.
    
  • Actuaciones urgentes en causas con preso. Se fomentará especialmente la videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación bidireccional segura de sonido e imagen, incluso para evitar traslados de presos a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias.
    
• Régimen de disponibilidad. Fuera de los anteriores servicios, el personal al que le corresponda prestar los servicios esenciales lo hará en régimen de disponibilidad durante la jornada laboral, debiendo estar localizable para acudir al juzgado a la mayor brevedad si fuera requerido para la prestación de los servicios que no puedan ser prestados a distancia.
  
• Los Secretarios coordinadores o los Secretarios de Gobierno, y Fiscales Jefes, coordinadamente con Ministerio o CCAA en sus ámbitos, deberán disponer del listado de LAJs y personal disponible para garantizar la cobertura del servicio. Se adoptarán medidas para que el servicio se preste preferentemente a distancia o en su defecto desplazando el menor número posible de funcionarios.
  
• Presencia básica en sede judicial o fiscal. En todo caso, en la sede judicial o fiscal donde no exista servicio de guardia, debe quedar al menos un funcionario de los cuerpos generales en régimen de presencia durante las horas de audiencia pública, el cual coordinará las actuaciones de registro, reparto y de decanato a efectos de asegurar la correcta prestación de los servicios.
  

En Andalucía, estamos estudiando la nueva resolución del Ministerio, para intentar reducir la dotación existente actualmente en nuestro ámbito, y así lo hemos solicitado ya a la Consejería.

Os mantendremos informados de cualquier cambio al respecto.

El Ministerio ha atendido por fin a nuestras reclamaciones y nos acaba de pasar un nuevo borrador de dotación de servicios esenciales en el que se reduce el número de personas que deberán acudir diariamente de forma presencial a sus puestos de trabajo, incrementando de forma generalizada el régimen de disponibilidad. Se va a tramitar de forma urgente y estamos formulando alegaciones.

Una vez se publique, veremos si es posible reducir aún más la dotación que tenemos establecida en Andalucía. STAJ así lo solicitará, porque consideramos que aún hay margen.

Tras la demanda de medidas cautelares interpuesta por STAJ ante la Audiencia Nacional, aún pendiente de resolución pero de la que se dio traslado inmediato la semana pasada a la Administración, el Ministerio acaba de informarnos que está trabajando desde el sábado, cuando ha tenido la oportunidad de adquirir una nueva remesa de EPIs, según nos dicen, disponiendo en este momento de una nueva partida urgente de materiales preventivos, incluyendo mascarillas, a recibir en sedes entre hoy y mañana. Este envío es un complemento previo al envío más amplio que prevemos recibir el 1 de abril, y entregar en los dos días subsiguientes.

La primera distribución, que comprendió más de 600 dispensadores de gel de 0.5 litros y casi 100.000 guantes proporcionados por Correos, se ha realizado en la semana del 23 de marzo.

El envío que ahora anuncia el Ministerio nos informa que va a llegar a los 432 partidos judiciales entre hoy y mañana se compone de a las 41.000 mascarillas, 164.600 guantes y 16.356 geles.

Por último, informa el Ministerio que el envío amplio se repartirá en tres entregas separadas por unos días entre ellas, estando prevista la primera oleada entre los días 2 y 3 de abril. Esta partida está compuesta por 175.000 mascarillas quirúrgicas, 350.000 guantes de látex y 30.000 dispensadores de 0.5 litros de gel.

Según el Ministerio, el reparto entre todos los partidos judiciales del Estado de los equipos de protección individual adquiridos por el Ministerio de Justicia se ha hecho atendiendo a criterios de proporcionalidad al número de personas que están atendiendo los servicios esenciales, así como al número de órganos judiciales existentes en el partido judicial. Se han tenido en cuenta factores de corrección como son los de ser capital de provincia y por lo tanto tener órganos con competencia provincial (juzgados penales con juicios no suspendidos, menores, etc) así como, en algún caso, la mayor incidencia de la crisis en algún territorio (casos de Madrid y Barcelona).

Este nuevo material se suma al anunciado por la Consejería el pasado viernes, y que debería estar disponible entre esta semana y la próxima.

Publicado esta noche en el Boletín Oficial del Estado:

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Medidas urgentes

• Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
  
  • PDF (BOE-A-2020-4166 – 8 págs. – 262 KB)
    
  • Otros formatos
    

La Disposición Adiciona Tercera establece se refiere expresamente a los servicios esenciales de la Administración de Justicia y la necesaria adaptación del personal que los presta:

Disposición adicional tercera.Servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley. Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instrucciones del Ministerio de Justicia.

Este Real Decreto-ley confirma lo que llevamos diciendo desde STAJ desde el minuto uno: HAY QUE REDUCIR LA MOVILIDAD AL MÍNIMO, y así lo dice su preámbulo: “La prioridad de la regulación contenida en esta norma es, por tanto, limitar al máximo la movilidad.”

El Gobierno se ha dado cuenta de que con las medidas adoptadas en el Real Decreto de Alarma no es suficiente, porque la movilidad sigue siendo superior a la necesaria. En la Administración de Justicia, el CGPJ y muchos jueces, muchos LAJs y muchos Fiscales están presionando desde el inicio del estado de alarma de manera indecente y temeraria para que la dotación de personal se incremente en los órganos judiciales y fiscalías. Con estas nuevas medidas acordadas por el Gobierno se demuestra que en STAJ llevábamos razón.

Esperemos que dejen de presionar y faciliten el cumplimiento de estas nuevas medidas de confinamiento.