En el BOE de hoy 6 de junio se publica la Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

Esta nueva fase se inicia el día 9 de junio, a partir de la cual el servicio se prestará por la totalidad de la plantilla. Como aspectos más destacables señalamos lo siguientes:

Sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de su disposición, cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos encomendados a la Administración de Justicia, se entenderá que todos los funcionarios de esta Administración que actualmente se encuentren de permiso por deber inexcusable, mantendrán su vigencia en la nueva fase 3, extinguiendo sus efectos el 21 de junio de 2020.

En todo caso, la excepcional utilización de este permiso en la actual situación quedará restringida a los casos debidamente acreditados y justificados, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

El permiso por deber inexcusable afectará a los empleados de la Administración de Justicia con hijos/hijas menores de 14 años (los hijos de 14 o más años no darán lugar a la renovación de este permiso, salvo que se acrediten otras circunstancias de dependencia), o con personas mayores dependientes, que no pudieran flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas existentes en su ámbito territorial, o que no pudieran desarrollar la actividad ordinaria en la modalidad de teletrabajo.

Los restantes permisos y licencias de los empleados públicos, entre los que expresamente se incluyen los días de vacaciones, los asuntos particulares y los asuntos propios, mantienen intacta su efectividad y los criterios de su devengo.

TURNOS DE TARDE.-

Al igual que en la fase 2 de desescalada, cuando no pueda garantizarse el mantenimiento de las medidas de seguridad para el desempeño de las funciones propias de los puestos de trabajo simultáneamente por todos los funcionarios que deban acudir al mismo centro de destino, se establecerán turnos de tarde en las condiciones establecidas en el anexo III de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo.

En cada uno de los Órganos, Servicios o Unidades, si el número de funcionarios que prestan servicios de manera presencial permite la cobertura del servicio guardando las medidas de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias, no se habilitará el turno de tarde.

Trabajadores de especial sensibilidad.-

No podrá ser llamado a prestar servicios de forma presencial el personal que tenga reconocidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por efecto de la exposición al COVID-19, en tanto no se verifique por el correspondiente Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en qué condiciones puede prestar servicio presencial en situación de seguridad.

Según establece la Orden estos funcionarios, siempre que existan medios materiales para ello, prestarán sus servicios en la modalidad de teletrabajo, en el mismo horario habitual en que se viniese desarrollando el horario presencial antes de la declaración del estado de alarma. En todo caso de 09:00 a 14:30 horas el funcionario tendrá la obligación de encontrarse a disposición telefónica.

Teletrabajo.

La Orden establece que los funcionarios voluntariamente acogidos a la modalidad de teletrabajo podrán prestar servicios a distancia sin acudir presencialmente a su centro de destino, siempre que lo autorice la Administración competente en cada caso concreto previa petición del responsable funcional de cada Órgano o Unidad.

Los servicios en la modalidad de teletrabajo se prestarán en el mismo horario habitual en que se viniese desarrollando el horario presencial antes de la declaración del estado de alarma. En todo caso de 09:00 a 14:30 horas el funcionario tendrá la obligación de encontrarse a disposición telefónica.

Los responsables funcionales de cada uno de los Juzgados, Fiscalías, Servicios o Unidades podrán comprobar telemáticamente la veracidad y efectividad de los servicios prestados en la modalidad de teletrabajo.

Se dará preferencia en el acceso a teletrabajo a los funcionarios con especial sensibilidad frente a la exposición al COVID-19 y a los que tengan permiso concedido por deber inexcusable. Cuando concluya el permiso por deber inexcusable, los funcionarios que tengan hijos menores de catorce años u otras personas dependientes a su cargo, seguirán manteniendo esta preferencia de acceso al teletrabajo.

No podrán prestar simultáneamente sus servicios en modalidad de teletrabajo más del 30% o 40% de los funcionarios de cada Órgano o Unidad ni más del 30% o 40% de los funcionarios de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Auxilio Judicial de cada partido judicial. Si hubiera más candidatos para la prestación del servicio en modalidad de teletrabajo que los porcentajes expuestos, al establecer los turnos se tendrá en cuenta, en todo caso, la cobertura de los señalamientos y resto de actuaciones presenciales o telemáticas que deban celebrarse cada día.

Todos los funcionarios que presten servicios en la modalidad de teletrabajo, excepto el personal con patologías de riesgo y con deber inexcusable por menores de 14 años o personas dependientes a cargo, deberán acudir de manera presencial a su puesto de trabajo en jornada de mañana, al menos dos días a la semana.

Recordemos que en Andalucía tenemos nuestra propia instrucción que regula el teletrabajo en la Administración de Justicia. ACCEDE AQUÍ

En la mañana de ayer miércoles, se ha celebrado reunión por videoconferencia entre el Ministerio de Justicia, STAJ y el resto de sindicatos representativos en la Administración de Justicia a nivel nacional, y en ella el Ministerio nos ha adelantado información referente a los procesos selectivos abiertos.

Auxilio Judicial. El examen ahora calculan que se pueda celebrar entre finales de octubre y noviembre. Hemos reclamado al Ministerio que publiquen de una vez los listados provisionales de admitidos.

Tramitación turno libre. El tercer examen de Word lo prevén para la segunda quincena de julio, como ya os hemos adelantado.

Tramitación promoción interna. Sobre los exámenes de lengua propia en alguna comunidad, STAJ ha exigido que se celebren ya en este mes de junio, y que lo puedan hacer en la provincia de su domicilio pues son muy pocos. El Ministerio dice no tener problema y que se lo trasladará a las comunidades implicadas.

Publicados en la Web del Ministerio de Justicia los listados provisionales (02/06/2020) El plazo de presentación de alegaciones es del día 8 al 19 de junio de 2020, ambos inclusive.

ACCEDE A LOS LISTADOS AQUI

STAJ ha presentado escrito al Ministerio en el que solicitamos de manera URGENTE la continuación de los procesos selectivos suspendidos, así como que se proceda a realizar todas aquellas gestiones necesarias para garantizar la máxima seguridad de los opositores, en concreto las siguientes:

1.- Se permita la realización de los ejercicios pendientes dentro de la provincia de residencia del opositor solicitante al objeto de evitar desplazamientos y en todo caso manteniendo el ámbito por el que se ha presentado.

2.- Se reserven aulas suficientes, en todas las provincias, para la realización de los ejercicios pendientes, a fin de garantizar el distanciamiento interpersonal.

3.- Se disponga de gel hidroalcohólico en cada una de las aulas que se habiliten para la realización de los ejercicios.

4.- Se establezca la obligatoriedad de llevar y utilizar mascarilla adecuadamente, para poder entrar y realizar la prueba correspondiente.

Solicitamos, asimismo, que a la mayor brevedad, se publique en su página web información de estos procesos, fechas para la realización de ejercicios pendientes, así como los listados de admitidos de auxilio judicial y los que correspondan al turno de promoción interna de Tramitación y Gestión.

Durante todo el proceso de crisis sanitaria, que llevó al Gobierno a dictar el Decreto acordando el Estado de Alarma, prorrogado por sucesivos decretos, y al Consejo General del Poder Judicial a dictar Resolución en la que se establecían los servicios esenciales que no se suspenderían durante dicho Estado de Alarma, y por tanto quedaban fuera de la suspensión de la actividad judicial decretada y de la paralización de los plazos procesales, hemos asistido a continuos insultos y ataques gratuitos de algunos miembros de la Abogacía, tanto por redes sociales como en medios de comunicación, hacia los funcionarios de Justicia, como si éstos fueran los responsables de la paralización de la activad judicial.

Quizá, Abogados como IRENE Y ELISA GONZÁLEZ ANGEL. GRUPO LEGAL ABOGADOS, que han vertido su opinión en el Diario de Sevilla, no sepan que la parálisis de la justicia y el cierre de las sedes judiciales, salvo para los servicios considerados esenciales por el CGPJ, no obedece al capricho de los funcionarios o a una natural inclinación de este colectivo a la holgazanería, como pretenden insinuar. Han sido el Ministerio de Justicia y el CGPJ quienes han decidido, en el marco de sus respectivas responsabilidades, paralizar la actividad judicial. Y ello, porque la Administración de Justicia no está preparada tecnológicamente para poder mantener la actividad en una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos, fruto de la desidia o desinterés de los distintos Gobiernos de España, que no han invertido ni dinero ni esfuerzo en modernizar la Justicia. De haberlo hecho, esta Administración no tendría por qué haber detenido su engranaje de forma tanta estricta, porque los funcionarios podrían haber realizado sus funciones en remoto mediante el teletrabajo, como llevan solicitando los representantes de los trabajadores desde el inicio del Estado de Alarma.

Por tanto, la única forma que la Administración de Justicia hubiera tenido para no detener su actividad, hubiera sido manteniendo la presencia de los funcionarios en las sedes judiciales, dado que esta Administración, por mor de sus deficiencias tecnológicas se basa su regular funcionamiento en la voluntad y trabajo de los funcionarios, lo que se ha puesto más de manifiesto durante esta crisis. Pero esta decisión de mantener la presencia de los trabajadores de Justicia en los órganos judiciales era algo que el Ministerio y las Comunidades Autónomas no podían autorizar, por cuanto no disponían de medios ni capacidad para garantizar la salud de sus trabajadores y público asistente, tal como exigían las autoridades sanitarias.

Las injustificadas críticas y expectoración de insultos de algunos Abogados hacia el colectivo de funcionarios de Justicia, puede que tengan su base en el desconocimiento acerca de las circunstancias en las que se han desarrollado los servicios esenciales en Justicia, que no han dejado de prestarse en ningún momento por los funcionarios, pese a que su empleador no les facilitó mascarillas, ni guantes, ni mamparas, ni geles hidroalcoholicos, ni medidas de seguridad de ningún tipo para su salud y la de quienes acudían a las sedes judiciales, a diferencia de las entidades privadas que debían continuar su actividad, las cuales se apresuraron para abastecerse de material de protección para sus trabajadores y el público que acudía a sus locales, y a tomar las medidas de seguridad de acuerdo con las exigencias de la situación sanitaria.

Por tanto, estos miembros de la Abogacía, que seguro salían a aplaudir vehementemente a las 20:00 horas, desconocían que había un colectivo cumpliendo, sin aspavientos, con rigor, responsabilidad y entrega, unos servicios esenciales sin medidas de protección, arriesgando su salud y la de sus familias, atendiendo al público y a los detenidos.

En la exposición de opinión de IRENE Y ELISA GONZÁLEZ ANGEL en el Diario de Sevilla, dicen estulticias tan indocumentadas como que los funcionarios “no hacen turnos de mañana y tarde (a pesar de la propuesta), no acuden sus horas laborales, y solo celebran actuaciones que estiman esenciales”, como si determinar cuál debe ser el horario en la situación actual, la ratio de personal que debe trabajar en modo presencial, cuándo hay que asistir o no por las tardes (aún sin determinar) y qué actuaciones son esenciales fueran cuestiones que dependiesen de la voluntad de los funcionarios. La ignorancia es muy atrevida.

Se atreven también, estas dos letradas, a revelar al mundo que los juicios en los que los asistentes no tendrían que ser más de 9 podrían celebrarse. Parece que estas letradas no asistieran mucho a juicios, de ser así, sabrían de las aglomeraciones que se congregan en los pasillos, entradas y salidas de los accesos, salas de espera, etc., sin que hasta la fecha se hayan articulado, por la Administración competente, herramientas y mecanismos que eviten estas situaciones de congregación masiva de personas. Igualmente, reclaman con vehemencia y firmeza para las declaraciones en las Secretarías de los Juzgados con dos o tres intervinientes de las partes, sin reparar en el detalle que esas declaraciones se desarrollan en estancias muy reducidas, sin distancia de seguridad y varías a la vez que celebran distintos funcionarios de una misma Secretaria.

Es más que evidente, que las Señoras letradas IRENE Y ELISA GONZALEZ ANGEL tampoco se han parado en el dato de que el Decreto, en el que se acuerda la desescalada de las actividades, señala expresamente que aquellas que conlleven mayor aglomeración de personas serán las últimas en reactivarse y volver a su desarrollo habitual. Como quiera que la de Justicia es la Administración que mayor número de ciudadanos recibe a diario, no es difícil de entender que sea una de las que presente una desescalada más gradual, no por iniciativa, precisamente, de los funcionarios, sino de las autoridades sanitarias.

La licencia que se permiten las letradas IRENE Y ELISA GONZALEZ ANGEL en relación a la vida personal de los funcionarios de Justicia, si acuden o no a peluquerías y bares, etc. pero no lo hacen a su puesto de trabajo, es de una bajeza e intromisión vergonzosa, y hasta infantil. Asistir o no a bares y peluquerías es una decisión de la esfera personal de cada cual, a la que se recurre ocasionalmente si se quiere y bajo las medidas de protección que los establecimientos cumplen. Acudir diariamente al trabajo, sin medidas de protección para trabajadores y usuarios, no es decisión del trabajador, sino del empleador. No obtante, y bajo su responsabilidad, no son pocos los funcionarios de Justicia que están acudiendo a su puesto de trabajo, superando con ello el porcentaje autorizado por la Administración, pero este sería un detalle sin valor para algunos Abogados como las señaladas IRENE Y ELISA GONZALEZ ANGEL, para las que los grandes males de la Justicia se los atribuyen, justamente, a los que la sostienen en pie.