El pasado día 27 de abril el Grupo Parlamentario Ciudadanos de Andalucía, a instancias de STAJ, formuló ante el Parlamento andaluz una pregunta oral relativa a la posición de Andalucía respecto al futuro del Registro Civil. La respuesta del Consejero evidencia que su gobierno está de acuerdo con la estructura del Registro Civil prevista en la Ley de 2011, que eliminaba prácticamente la totalidad de las oficinas de Registro civil y sobre todo los Juzgados de Paz, sacándolo completamente de la Administración de Justicia. El Consejero expresa que está en desacuerdo con la modificación de la ley que ha propuesto el Ministerio de Justicia, pero el motivo de fondo no es que con esa modificación se genera una absoluta incertidumbre en cuanto a la subsistencia del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia o sobre la permanencia de las oficinas registrales actuales incluidos los Juzgados de Paz o que los puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia puedan desaparecer. Nada de eso, lo que preocupa al Consejero realmente es que no podrá decidir quiénes serán los Encargados del Registro Civil (no podrá colocar en estos puestos a quien el gobierno andaluz decida) y el gasto que supondrá que los Encargados tengan que ser los Letrados AJ porque las funciones que estos detentan ahora corresponderán a los Gestores PA, según el modelo que proyectaba el Ministerio. No nos extraña esta preocupación del Consejero, porque la Consejería, actualmente, se niega a pagar a los Gestores PA las habilitaciones de Registro Civil, a pesar de que los tribunales la condenan una y otra vez a que lo haga, y con costas.
Transcribimos a continuación el texto de la pregunta y la respuesta dada por el Consejero. Que cada cual saque sus conclusiones. Nosotros ya lo tenemos claro:
10-17/POC-000609. Pregunta oral relativa a oficinas de Registro Civil
El señor FERRERA LIMÓN, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a oficinas de Registro Civil.
Y para formularla tiene la palabra su diputada, la señora Bosquet.
La señora BOSQUET AZNAR
—Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, señor consejero, esta pregunta… Como todos sabemos, el Ministerio de Justicia recientemente ha entregado a las comunidades autónomas la propuesta de modificación de la Ley 20/2011, que ya en su día se quedó apartada por los desacuerdos que produjo la misma. Ahora el caso es que sin mayoría absoluta parece ser que quieren volver otra vez a ponerla en funcionamiento.
En esta ley se mantiene la estructura territorial del Registro Civil inicialmente prevista y se deja a las oficinas integradas dentro de la Administración de Justicia; es decir, que lo que viene a garantizar el Gobierno, por así decirlo, es una oficina por comunidad autónoma, y el resto se supone que el número de oficinas que tenga que haber y la ubicación de estas quedan en manos de la comunidad autónoma.
Yo lo que entiendo es que ahora el balón, por así decirlo —en este caso lo tenemos nosotros, este Gobierno, la capacidad sobre ello—, está en su tejado, por lo que digo. Y aquí tenemos que en el caso de Andalucía no sabemos qué va a pasar, y sobre todo no sabemos qué es lo que va a ocurrir con la financiación de las mismas. Estamos hablando de una cuestión que preocupa, y bastante, imagino que usted lo sabrá, a las oficinas de Registro Civil, a los funcionarios, preocupa también a los ciudadanos. Porque aquí, por ejemplo, en Andalucía tenemos oficinas de Registro Civil en todos los partidos judiciales, que están en manos de los jueces de Registro Civil, y luego las oficinas de los Juzgados de Paz, que tenemos muchos y bastantes en Andalucía.
Con las pretensiones del Gobierno parece ser que se cerrarían estas oficinas. Entendemos también la situación de intentar digitalizar y racionalizar un poco los recursos, y en ese sentido sí está bien, pero nos preocupa y preocupa a los funcionarios qué va a ocurrir con ellos, qué va a ocurrir con la ubicación de las mismas y demás.
Por eso yo quisiera que respondiera cuál es la opinión del Gobierno, qué tiene pensado, que está claro que es un proceso, según se ha dicho, a largo plazo, pero qué tiene previsto, qué piensa este Gobierno de ese nuevo modelo de organización.
El señor FERRERA LIMÓN, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, señora Bosquet.
Señor consejero, tiene usted la palabra.
El señor DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR
—Gracias, señor presidente.
La propuesta de reforma de la Ley 20/2011, de julio de ese año, de 2011, del Registro Civil, prevista por el Gobierno central, no puede ser en su conjunto objeto de una valoración positiva por nuestra parte, claro que no. Dicha ley partía de un modelo de Registro Civil de carácter único, público y gratuito. Posteriormente, el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Gobierno del Partido Popular, determinó que la entrada en vigor de dicha ley sería el 15 de julio de 2015, siendo la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Justicia y del Registro Civil, que desvirtuaba la naturaleza pública del modelo inicial, la que establece la Ley 20/2011.
Tras las sucesivas prórrogas, el cambio normativo planteado vuelve a distanciarse del modelo inicial, y resulta contradictorio y regresivo, además de alterar el marco competencial sobre la materia de las comunidades autónomas con competencias transferidas. Como muestra, citar algunas de las modificaciones contenidas en el documento de propuesta de reforma de la ley con las que mostramos reticencia, y respecto de las cuales informamos al ministerio el pasado 13 de marzo en la conferencia sectorial. Por ejemplo, se elimina de raíz la posibilidad, de las comunidades autónomas de designar a los encargados de las oficinas generales del Registro Civil, prevista en la ley de 2011. En cambio, el posible ejercicio de las comunidades en la puesta…, en las propuestas de diseño, creación y organización de las oficinas, implica un incremento de competencias y, consecuentemente, un aumento del gasto que estas deberán soportar. De hecho, la mayor carga de trabajo para los letrados de la Administración de Justicia puede suponer su designación como encargados de los registros, provocará el reparto de sus funciones en funcionarios del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, con el consiguiente incremento de gasto.
A poco más de tres meses de la última fecha prevista para la entrada en vigor de la modificación de la ley, se nos propone una reforma a medio camino entre el modelo que esta establece y el actual, con la única diferencia de que se eliminan las competencias de los jueces, pero quedan los letrados. Una reforma que vemos incoherente e imprecisa, que contradice algunos de los contenidos de la ley, que dejar sin aclarar cuestiones como la singularización de las unidades del registro civil en los juzgados y que traslada la responsabilidad de su configuración a las comunidades autónomas, pero sin que ello se acompañe de dotaciones correspondientes.
Una reforma, en definitiva, señoría, con cuyo planteamiento general no podemos estar de acuerdo.
Puedes ver el contenido completo de la comisión en el siguiente enlace:
http://stajandalucia.es/wp-content/uploads/2017/05/Comisión-Justicia-27-abril-17.pdf
