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STAJ reclama al Ministerio negociación y participación de los representantes de los funcionarios en el diseño de las reformas previstas.
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Exigimos equiparación salarial y desarrollo bases carrera profesional, modificación régimen sustituciones y recuperación reserva 50% promoción interna.
Hoy se ha celebrado por videoconferencia nueva reunión entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones sindicales representativas (STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA), en la que el Ministerio ha presentado a los sindicatos los proyectos que van a ponerse en marcha en los próximos meses, acelerados algunos de ellos como consecuencia del estado de alarma y la necesidad de acometer reformas que supongan una agilización real de la Administración de Justicia y una reducción del volumen de asuntos existentes y el incremento previsto por efecto de la pandemia.
Estos proyectos se desarrollan en cuatro grandes bloques: Justicia digital, Reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible, Justicia 2030, así como la instauración de un modelo de gobernanza y “justicia orientada al dato”.
Se pretende el pleno desarrollo de la justicia digital, con fuerte inversión en medios tecnológicos, con implantación de vistas telemáticas, atención al ciudadano mediante videoconferencia, acceso de profesionales y ciudadanos a sus expedientes judiciales a través de portal Web, implantación de la cita previa telefónica, etc.
También se van a acometer reformas procesales que agilicen los procedimientos judiciales, sobre todo en el orden civil, social y contencioso-administrativo, simplificando trámites, y permitiendo la realización de algunos de ellos desde cualquier lugar sin necesidad de desplazamiento de los ciudadanos a la sede judicial, potenciando igualmente el “teletrabajo”. También se buscará una disminución de la litigiosidad mediante mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que podrán ser obligatorios en determinados supuestos.
En materia organizativa y programa “Justicia 2030“, el Ministerio apuesta decididamente por la instauración de los tribunales de instancia, pero sin desaparición de los actuales partidos judiciales e instaurando además lo que denomina “oficinas municipales de justicia”, si bien no concreta cuáles serán sus funciones ni si sustituirán o no a los actuales Juzgados de Paz. En palabras del Ministerio, se trata de acercar la justicia al ciudadano y no de alejarla.
En materia de “gobernanza“, el Ministerio quiere mantener la experiencia adquirida durante el estado de alarme, de coordinación con las CCAA con competencias, CGPJ y Fiscalía General de Estado, asegurando que se contará con la participación de otros colectivos implicados en la Administración de Justicia, así como con las organizaciones sindicales. Junto a ello, el Ministerio apuesta por lo que denomina “Justicia orientada al dato”, de modo que las Administraciones competentes puedan contar con información suficiente y en tiempo real para poder tomar las mejores decisiones en materia organizativa, entre otras, información que también estará disponible para los agentes sociales.
Desde STAJ hemos acogido con escepticismo estos proyectos, si bien celebramos que el Ministerio apueste por la modernización de la justicia, su digitalización, y por acometer medidas que supongan agilización de trámites y alivio de la sobrecarga de trabajo que padecen la inmensa mayoría de órganos judiciales.
En cuanto a las reformas en materia organizativa, hemos dejado claro que cualquier reforma en la materia debe partir de la garantía de respeto a los derechos y retribuciones de los funcionarios, ha de permitir la diferenciación y especialización de los puestos de trabajo y la libre elección de los mismos por parte de todo el personal, es decir, la movilidad voluntaria, exclusivamente, y huir de cualquier tipo de imposición o limitación en este sentido, mostrando además nuestra oposición a la desaparición de puestos de los puestos de trabajo actuales. En este sentido, el Ministerio se ha mostrado conforme en buscar el consenso y establecer un marco de negociación que incluya estos aspectos.
En materia de Registro Civil, hemos reiterado nuestra posición de mantenimiento de la actual estructura y servicio enteramente por funcionarios de la Administración de Justicia, algo compartido, en principio, por el Ministerio.
Sobre la solución extrajudicial de conflictos, desde STAJ reclamamos que no suponga una suerte de privatización encubierta de la Justicia, algo que el Ministerio asegura que no se producirá. Al mismo tiempo, hemos recordado las funciones previstas en la LOPJ para los Cuerpos de Gestión y Tramitación en materia de mediación, de ahí que apostemos por la mediación intrajudicial.
Por lo que respecta a las nuevas tecnologías, desde STAJ hemos exigido la obligatoriedad de su uso para todos y no solo para los funcionarios, y en cuanto al teletrabajo, hemos reclamado también que sea la Administración la que dote de los medios necesarios, todo ello dentro del marco de una negociación que debe producirse ya y en todo caso tan pronto desde el Ministerio de Trabajo se establezcan las pautas generales de aplicación para todos los trabajadores.
Por lo que respecta a la coordinación con las CCAA, CGPJ y FGE, y la posible participación de las organizaciones sindicales, hemos exigido que se garantice esta participación, además de resaltar que sería un grave error ignorar a los representantes del colectivo más números que presta sus servicios en la Administración de Justicia, que son además los mejores y mayores conocedores de los problemas del día a día de los juzgados y tribunales, además de constituir un personal altamente cualificado y con elevados conocimientos procesales, que se demuestran cada día. Desde STAJ hemos exigido la plena participación y reconocimiento legal y retributivo por las numerosas funciones procesales que realizamos de facto y las que se avecinan como consecuencia de las nuevas tecnologías y la pretendida plena digitalización de la Justicia.
Y en definitiva, además de la participación en el diseño de todas las reformas, hemos exigido el desarrollo de la carrera profesional, la modificación del régimen de sustituciones que implique la obligación de abono completo de las retribuciones del cuerpo al que se sustituye, el desarrollo de la regulación de las comisiones de servicio donde aún no se ha regulado -caso del ámbito del Ministerio de Justicia-, así como la mejora de la promoción interna, con recuperación de la reserva del 50 % de las plazas disponibles. Por último y aunque el Ministerio insista en que no está en sus planes y que la situación económica es muy comprometida, hemos vuelto a exigir la equiparación salarial, que acabe con las tremendas desigualdades existentes y que padecen todavía algunos ámbitos y, especialmente, el Ministerio de Justicia. Si se pretende la implicación del personal en estas reformas que se avecinan, lo primero que debe hacer el Ministerio es incentivar a los trabajadores, algo que nunca logrará manteniendo una brecha salarial que resulta poco menos de vergonzosa.
