Noticia publicada en el diario ABC.es
Reunión para tratar los recortes La delegación provincial de Justicia se reunirá hoy con el decano de los jueces y representantes de los secretarios judiciales para tratar los recortes de los taxis. Justicia asegura que habrá reuniones en todas las delegaciones provinciales ya que la medida afecta todas las provincias. STAJ presentará hoy una queja formal ante la consejería.
M. B. SEVILLA
Publicado Miércoles, 09-09-09 a las 07:06
La consejería de Justicia tuvo ayer que salir al paso ante las críticas que ha provocado la instrucción dada para suprimir los taxis y que los funcionarios que realizan notificaciones y otros actos judiciales tengan que utilizar el transporte público.
El departamento que dirige Begoña Alvarez, que había cuantificado en tres millones de euros lo que se gasta en taxis para los juzgados andaluces, dijo ayer que la nueva medida de supresión de estos vehículos supondrá el ahorro de dos millones de euros «que estarán mejor empleados».
Según la nota de la consejería de Justicia,con ese dinero que se obtendrá de «la regulación del uso del taxi», se contratará a más de 40 profesionales al servicio de los equipos adscritos a los juzgados de familia y a los de menores como psicólogos y trabajadores sociales. En cualquier caso, Justicia mantiene la instrucción dada para que las notificaciones en las ciudades donde haya red de transporte público se hagan en autobús con la excepción de servicios especiales como levantamientos de cadáveres o lugares de difícil acceso para el servicio público.
Miles de actos suspendidos
La puesta en marcha de esta medida de ahorro ha levantando una gran polémica. El pasado lunes el juzgado decano de Sevilla suspendió todos los embargos y lanzamientos y todas las citaciones, lo que supuso que quedaron pendientes 287 embargos, 31 lanzamientos, 2 posesiones y 1 remoción además de un gran número de citaciones.
Según fuentes judiciales ayer había 464 citaciones pendientes de practicar en Sevilla a los que había que sumar los embargos así como más de 1.439 diligencias. Eso supone que en unos días se han quedado pendientes más de 2.000 diligencias ya que los funcionarios que usaban los taxis ahora deben ir en autobús con lo que no tienen tiempo para llegar a todas partes. La media era de 20 taxis diarios. También se están viendo afectados los fiscales que acuden a los juicios de faltas o los que deben acudir a centros penitenciarios o de mayores.
Ayer, el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, advertía de que la utilización del servicio público para estas notificaciones «no va a ser operativa» porque hay 800 órganos judiciales en toda Andalucía y miles de procedimientos se verán afectados por el citado recorte.
«Va a provocar un atasco judicial si no hay medidas alternativas», advertía el decano mientras que desde el Sindicato de Trabajadores para la Administración de Justicia, STAJ, se recordaba que miles de actos se están suspendiendo en toda Andalucía y se recordaba el enorme gasto de la Junta de Andalucía en coches oficiales para altos cargos.
Jueces, fiscales y secretarios advierten a la Junta de las “disfunciones” de restringir el uso de taxis
SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) –
El colectivo de jueces, fiscales y secretarios judiciales de Sevilla advirtió hoy miércoles a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de las “disfunciones” en el funcionamiento del servicio público judicial que supondría restringir el uso de taxis por parte de los funcionarios en los actos de comunicación, como los embargos y las notificaciones.
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, informó de que en el encuentro mantenido en la mañana de hoy con la delegada provincial del ramo, Francisca Amador, ésta ha informado a los operadores judiciales del contenido de la Instrucción 2/2009 emitida con fecha 29 de julio del presente año 2009 por el departamento que dirige Begoña Álvarez.
En este sentido, Jiménez Ballester señaló que durante el encuentro, de carácter eminentemente informativo, se ha trasladado a la delegada provincial los “problemas” que podría generar esta orden por la cual se acuerda que los desplazamientos de los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces se hagan en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.
Al hilo de ello, el juez decano llamó la atención sobre uno de los principales inconvenientes de la implantación de esta medida, como es el hecho de que existen determinados lugares donde el transporte público colectivo no puede llegar, mientras que determinados procedimientos judiciales implican una “celeridad” que transportes como el autobús no permiten.
De igual modo, valoró la importancia de que el servicio de Guardia disponga de un vehículo de circulación preferente que no se vea afectado por el tráfico cotidiano, de cara a casos como levantamiento de cadáveres, punto en el que destacó la “receptividad” demostrada por la responsable provincial de Justicia, que les ha informado de que en los próximos días plantearán “soluciones” y “alternativas” a los problemas presentados.
HASTA TRES MILLONES EL PASADO AÑO
Según informó el departamento de Begoña Álvarez a Europa Press, la Consejería hizo frente en 2008 a gastos por valor de tres millones de euros en concepto de los taxis utilizados por los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces, recordando que el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Junta la competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia.
En este sentido, resaltó que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública “debe coligarse con la eficiencia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales”.
Por ello, ha emitido una instrucción por la que se regula la utilización de los taxis para los servicios que a diario se practican en la comunidad autónoma, de manera que los desplazamientos se harán, tal y como establece el ‘Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio’, en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.
