Noticia publicada en Diario La Opinión de Málaga

Las carencias en el juzgado de guardia generan roces entre víctimas y agresores
Tres menores se encontraron con su supuesto agresor sexual en la sala de espera de abogados tras identificarlo en una rueda de reconocimiento

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Tres menores de edad víctimas de presuntos abusos sexuales coincidieron en la sala de espera de abogados ubicada en el juzgado de guardia de incidencias con su presunto agresor, al que minutos antes habían tenido que identificar en una rueda de reconocimiento el pasado mes de septiembre, según informaron a La Opinión de Málaga fuentes judiciales de toda solvencia.

Las horas pasan despacio en el juzgado de guardia de incidencias, lugar en el que se viven momentos de tensión y conatos de enfrentamiento de manera cotidiana por la propia naturaleza de los asuntos que allí se ventilan, lo que se acrecienta porque las víctimas, los denunciantes y sus familiares carecen de una sala específica en la que esperar y soportar los eternos trámites judiciales.

Los tres niños habían participado en una rueda de reconocimiento en el juzgado de incidencias, por lo que los funcionarios, con buen tino, optaron después por llevarlos, junto a sus madres, a la sala de espera destinada a los letrados que existe en el órgano, una habitación para todo, en definitiva.

Como el adulto y supuesto agresor no había sido detenido, sino que recibió una citación para participar en la práctica de la diligencia, al término de ésta se dirigió, acompañado por su abogado, a la misma sala, encontrándose con los pequeños denunciantes y sus madres. La tensión, sin embargo, no llegó a mayores, aunque las progenitoras sí protestaron después por estos hechos.

Petición sindical

Juan Antonio Luque, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), presentó ayer mismo, nada más conocer la noticia, un escrito ante la Gerencia de la Ciudad de la Justicia. En el documento, la central alude a «distintos incidentes producidos en los juzgados de guardia relacionados directamente con el uso compartido de un mismo espacio por partes enfrentadas entre sí».

Acto seguido, reclama que se habilite, «en aras a evitar situaciones tan desagradables que incluso puedan derivar en un peligro para la integridad física que, en no pocos casos, implican a menores de edad», un espacio separado en los órganos de guardia para denunciantes y denunciados.

«Es mejor evitar estas situaciones y, para ello, lo ideal es crear espacios específicos y separados para denunciados e imputados y víctimas y familiares», dijo Luque en declaraciones a este periódico.

Con este punto de vista están totalmente de acuerdo los jueces. «Es una reivindicación histórica desde que se inauguró la Ciudad de la Justicia: debe de crearse una sala para víctimas que esperan en los juzgados de guardia de detenidos y de incidencias», indica una fuente de la judicatura.

«Es un problema que ocurre a diario, los perjudicados por delitos han de verse las caras con los delincuentes a los que se ha citado. Se necesita sensibilidad para arreglar esto», subraya.

Y no es el único lugar en el que ocurre. Los familiares de los fallecidos pendientes de autopsia, que se efectúan en el Instituto de Medicina Legal (IML), tampoco tienen unas dependencias propias en las que atravesar más dignamente tan dolorosa espera.

Hace dos veranos, los allegados de un fenecido se trajeron hasta sombrillas para mitigar el elevado calor que hacía a las puertas del novísimo edificio judicial de Teatinos. «Fue una situación kafkiana», concluye la misma

La situación de los treces penales es «inasumible» para el decano, quien augura que a final de año se rozarán las 19.000 ejecutorias. El plan de refuerzo autonómico, que afecta a cuatro órganos y acaba el 11 de noviembre, no reduce el colapso

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Los trece juzgados de lo Penal de Málaga arrastraban, hasta junio de 2010 –último dato disponible–, 17.612 sentencias sin ejecutar y acabaron el pasado ejercicio con 17.641, pese a los planes de refuerzo puestos en marcha por la Junta de Andalucía. Esta realidad numérica refleja, en palabras del juez decano, José María Páez, la «situación límite» que atraviesan estos órganos.
Los jueces deben juzgar y ejecutar lo juzgado, según dicta la Constitución. Pero los magistrados, al menos los de Málaga, están sufriendo mucho para cumplir con el segundo mandato: las ejecutorias son parte imprescindible del proceso penal y requieren de un gran papeleo; en estos órganos, cuya plantilla está formada por ocho funcionarios, cuatro empleados se encargan de ello (52 en total).
Éstos, una vez que el fallo es firme, incoan el auto en el que se anota la condena o multa; se pasa al fiscal para que informe y, ya de vuelta al juzgado, el togado decide si envía a prisión al delincuente. Si se trata de una multa, se le requiere el pago, para, en el caso de que se niegue, tratar de averiguar el patrimonio que tiene y embargarlo mandando oficios a múltiples instancias. En definitiva, es un trámite oscuro pero imprescindible.
Un retraso en una ejecutoria permitió que el pederasta Santiago del Valle acabara con la vida de la pequeña onubense Mari Luz Cortés. El presunto autor del crimen había sido condenado por abusos sexuales, pero no ingresó en prisión porque el juzgado no incoó su ejecutoria. Juez y secretaria fueron sancionados, mientras que sus respectivos colectivos profesionales se quejaban de falta de medios humanos y materiales.

«Parches»
Lo cierto es que las ejecutorias no paran de crecer pese a los continuos planes de refuerzo de la Junta de Andalucía: el más ambicioso terminó en enero, cuando quince empleados de apoyo trabajaron en la rebaja de estos trámites. En mayo de 2008, el número de fallos sin concretar oscilaba entre 11.000 y 15.000, mientras que en el verano de 2009 ya se rozaron los 17.000, límite superado ahora (17.600). «Lo peor es que van en progresión, podríamos llegar a las 19.000 a final de año», subraya el decano, quien reclama que «se ponga remedio a esto».
La Junta impulsó a principios de septiembre los conocidos planes de tarde, que en penal afectó a cuatro juzgados, de forma que tres funcionarios por órgano trabajarían tres horas extra durante otros tantos días a la semana, algo que llega a su fin el 11 de noviembre. «No se van a prorrogar, son sólo parches», asevera Juan Antonio Luque, responsable del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
«Esto genera muchos problemas prácticos: por ejemplo, en los trabajos en beneficio de la comunidad, el número de plazas es limitado y algunas no se ejecutan; se retrasa el pago de responsabilidades civiles, de las multas y el ingreso en prisión de los delincuentes», explica el juez decano.
«Es inasumible que se espere de nosotros que presidamos juicios, pongamos sentencias y las ejecutemos con la falta de medios que tenemos», apunta Páez, quien se queja de que ni siquiera se les consultó sobre los planes de tarde.
«Ha de hacerse un plan de refuerzo específico. Con el que ya se puso en marcha se sacaron adelante muchas ejecutorias, pero terminó y éstas quedaron abiertas. ¿Ahora quién las tramita?», se pregunta el magistrado.
El dirigente sindical, por su parte, corta por lo sano: «O se aumenta personal o se crean, como mínimo, diez juzgados de lo Penal para asumir la lluvia de sentencias sin ejecutar». Un juez de esta especialidad pone en Málaga más de 600 sentencias al año, celebra juicios y ha de hacer frente a un volumen importante de fallos sin ejecutar (el de Penal 10, por ejemplo, arrastra 2.541).

Calidad jurídica
Elaborar una sentencia necesita de tiempo y estudio, porque cualquier fallo –absolutorio o condenatorio– ha de tener calidad jurídica para que no sea tumbado en instancias superiores. «Muchos magistrados trabajan incluso por la tarde para desatascar el juzgado, pero es imposible hacer más», señala el decano.
Se han pergeñado varias soluciones, pero ninguna ha tenido éxito: se habló de especializar juzgados en ejecución de sentencias, pero la experiencia fue un desastre en las ciudades en las que se implantó. En Sevilla, se presentó un proyecto ambicioso: la creación de una oficina de ejecución. Málaga pidió tener otra, pero al final ambas capitales se quedaron con la miel en los labios.
Los funcionarios se quejan de esta situación y reclaman más medios. Este año se creará el décimo cuarto juzgado de lo penal en la capital. «Algo aportará», dice resignado Páez, quien se lamenta de que, cuando ocurren las cosas, la sociedad le echa la culpa a los de siempre.