POLEMICA PARKING CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MALAGA: ACTITUD PREPOTENTE DE UNA JUEZ

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Málaga Ciudad de la justicia
Una jueza denuncia a un guardia civil por no dejarla pasar al parking
La polémica del aparcamiento enfrenta de nuevo a la judicatura y a los sindicatos
Justicia.
MÁLAGA
Una magistrada de la Ciudad de la Justicia interpuso ayer una denuncia en el Juzgado de Guardia contra el subteniente de la Guardia Civil encargado de vigilar el aparcamiento del edificio, ya que éste, según las fuentes consultadas, no “la dejó pasar”.La juez llegó pasadas las 8.30 horas a la puerta del parking y se la encontró cerrada. Molesta, se bajó del vehículo y le pidió explicaciones al agente. Éste le contestó que las 156 plazas del sitio estaban ocupadas y, por tanto, no podía dejarla pasar.La afectada montó en cólera y se inició una discusión entre ambos. El funcionario le repitió que tenía órdenes de no dejar pasar a nadie una vez que el aparcamiento está repleto, por lo que la conductora acudió al Juzgado de Guardia y allí interpuso una denuncia por un supuesto delito de desobediencia.Poco después, un oficial acudió a verla y le pidió disculpas por los hechos. La magistrada debió aparcar su automóvil fuera del parking de la Ciudad de la Justicia, lo que la puso en “peligro”, según las fuentes consultadas. El roce es una muestra más de la tensión que se ha desatado en los últimos meses entre los funcionarios y los miembros de la judicatura por el uso de los aparcamientos subterráneos. Hay pocas plazas y la Junta de Andalucía cree que deben poder estacionar allí todos los funcionarios del edificio por riguroso orden de llegada. Una vez que está repleto el espacio, las puertas han de cerrarse.Sin embargo, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Arroyo Fiestas, y el anterior juez decano, Manuel Caballero Bonald, emitieron el pasado 8 de julio sendos acuerdos en los que se asignaban las plazas “a los magistrados y jueces del edificio por estrictas razones de seguridad”. Sólo se respetarían las zonas de minusválidos y la entrada en el aparcamiento de quienes llegaran en bicicletas o motocicletas. La Fiscalía hizo lo propio en relación con sus representantes.Los sindicatos montaron en cólera, alegando que hay más de 1.000 funcionarios en el edificio y todos ellos, junto con jueces y fiscales, “arrastran los mismos problemas de seguridad”.Lo cierto es que, como se recuerda en los escritos de Arroyo y Bonald, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió el 30 de octubre de 2007 que el uso del aparcamiento debería ser exclusivo de jueces, fiscales y magistrados por seguridad. “Los sometidos a riesgo son los que ejercen la actividad jurisdiccional dictando resoluciones (jueces o magistrados) o ejercitando la acción penal (fiscales)”, recordaba el TSJA en su resolución.En los acuerdos también se hacía referencia a la decisión adoptada en el mismo sentido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 2 de abril de 2008.En cualquier caso, fuentes judiciales afirman que los magistrados podrían llevar a los tribunales a la Junta de Andalucía por el criterio que mantiene en relación con el uso de los aparcamientos. Estos choques han sido habituales en estos días: un juez que debía realizar una guardia el pasado miércoles se enfadó porque, al llegar a los aparcamientos, éstos estaban repletos y hubo de aparcar fuera, aseguran otras fuentes judiciales distintas de las anteriormente citadas.El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia en Málaga, Juan Antonio Luque León, apoya sin fisuras la postura de la Junta de Andalucía y recuerda que “todos los colectivos del edificio tienen similares problemas de seguridad”. Este sindicato denuncia que, en los últimos días, muchos coches han aparcado en espacios en los que no se puede hacer una vez que se han ocupado todas las plazas, “taponando las bocas de riego o el cuarto de contadores, poniendo en peligro a muchos de los que trabajan allí”. Sin ir más lejos, esto ha ocurrido en diversas ocasiones desde el pasado viernes. “Una funcionaria no pudo sacar su coche para ir a urgencias, ya que estaba mala, y tuvo que coger un taxi”, explica Luque, quien reclama que persista “el criterio de la Junta, que es el de abrir los aparcamientos a todos aquellos funcionarios que acudan a la Ciudad de la Justicia a trabajar, respetando el turno de llegada”.

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