NOTA DE PRENSA
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de justicia nos parecen lamentables las declaraciones vertidas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Diario de Cádiz el pasado sábado donde dice expresamente: PROPONGO PERO NO DISPONGO.
De dichas declaraciones se ha hecho eco el colectivo al que representamos y no podemos dejar de estar consternados e indignados por las mismas, como si el mal funcionamiento de la Administración de Justicia fuera culpa de los funcionarios que la integran.
Desde el Sindicato STAJ le recordamos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que el Tribunal Constitucional declaró en las importantes sentencias 56/1990 y 62/1990, que hay que distinguir entre la Administración de Justicia en sentido estricto, consistente en la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado, que es competencia del Poder Judicial, y la Administración de justicia en sentido amplio (administrar la administración de Justicia, que comprende la utilización de medios personales y materiales necesarios para su funcionamiento. El Ministerio y cada CCAA con competencias transferidas deben dotar a Juzgados y Tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan.
El personal no judicial tiene una doble dependencia, en lo funcional están a lo que dispongan jueces , fiscales y laj ( que es el jefe de la oficina judicial) y por tanto están bajo sus instrucciones y en lo orgánico, en lo que señale el Ministerio o la Comunidad Autónoma que ostente la competencia y potestad reglamentaria, en materia de jornada laboral, organización, gestión, inspección y dirección de personal.
Recordarle al Sr. D. Lorenzo del Rio, que si un Juzgado no funciona, precisamente no es por los funcionarios que lo integran, sino porque, por ejemplo, cuando existen bajas de IT, la Administración (la que debe gestionar) ha tardado 3 meses en cubrir las mismas, plazo que ha bajado a mes y medio desde el acuerdo de noviembre de 2018.
Recordarle precisamente que es por la buena voluntad y trabajo de los funcionarios por lo que los Juzgados marchan normalmente, a pesar que la Administración no nos dota, ni de medios materiales ni personales como debiera.
En el recuerdo quedan aquellos tiempos en que los propios funcionarios tenían que llevar el periódico y cafés a los Jueces y Magistrados. No Sr. Del Rio, todos los funcionarios de la Administración de justicia, aprobamos una oposición en virtud de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y tenemos reconocida en la LOPJ igual que su colectivo que representa unos derechos y deberes que cumplir.
En vez de atacar a nuestro colectivo, sería más efectivo llamar a las cosas por su nombre y decir que la Administración de Justicia importa poco en esta sociedad, ni incluso a muchos colegas suyos que utilizan sedes judiciales en ciertos casos, para preparar a opositores de su mismo rango.
Chirria al oído decir que “no hay quien gestione ni mande”. La gestión como hemos dicho viene de la Junta de Andalucía, en nuestro caso, y mandar, hay muchas instrucciones que regulan nuestro quehaceres.
Lo que no estamos dispuestos a tolerar es que nuestros permisos, licencias y vacaciones dependan de la voluntad o subjetividad de un Juez, cuando tenemos regulado, como bien sabe del Río, por la Junta de Andalucía cómo son nuestros permisos, previéndose exactamente el porcentaje que queda en los Juzgados por razones del servicio, para conjugar el derecho de los funcionarios al descanso con el deber de prestar un adecuado servicio público, y repetimos que es la Administración de la Junta de Andalucía la competente.
En cuanto a los Juzgados que menciona donde existen grandes problemas en la provincia de Cádiz, Juzgados como Barbate o Sanlucar, insistimos que la falta de personal se debe a que la Administración no cubre las plazas cuando es debido; y el destino de Barbate no es agradable para Jueces por su volumen de trabajo y conflictos que conlleva, por tanto son plantillas inestables, que en cuanto puede el Juez titular destinado en el mismo pide concurso y abandona dicho Juzgado, llegando un titular nuevo que se debe hacer con todos los asuntos nuevamente.
Recordar que si existe un Juez en la provincia que se quede por la tarde en su Juzgado, también son muchísimos los funcionarios que van por la tarde a sacar adelante un trabajo que por insuficiencia de medios personales y materiales no pueden sacar adelante sólo por la mañana y ello sin recibir los incentivos que propiamente establece la LOPJ.
Respecto al Juzgado de lo Social de Cádiz, a que hace referencia, podemos afirmar e instar a que se compruebe que el retraso de dicho Juzgado no deviene por cuestiones personales, dado que es un Juzgado con una plantilla estable, que los funcionarios van al día en sus quehaceres diarios; tal vez se podría cuestionar el Sr. Presidente, que hay solo dos días de señalamientos de juicio, y a lo mejor no se convocan tantos juicios como se debiera, se podrían celebrar más juicios en un día, y eso no es competencia de los funcionarios, sino del juez que celebra, y seguro que sus motivos tendrá, pero podemos afirmar contundentemente que el equipo humano de este Juzgado es muy eficaz y competente.
Habla de tener PODER, Sr. Presidente el poder se debe emplear para que los Gobiernos de turno respondan y se reúnan para regular lo que es necesario y que posponen año tras año como la regulación de las sustituciones de auxilio judicial, o las incentivaciones o retribuciones que se les deban dar a los funcionarios que vayan por la tarde a trabajar, habiendo cumplido ya su horario, realizando, GRATIS, muchas más horas que las que legalmente les corresponden.
Y haciendo alusión a las manifestaciones tan poco acertadas de tener casi dos meses de vacaciones, sencillamente el Sr. Del Río miente, pero le recordaremos que fue el Gobierno el que nos hurtó unos derechos adquiridos en nombre de la crisis, y que por fin hoy después de luchar por algo que era nuestro, hemos recuperado, recuperación que afecta, también, a los jueces. Sr. Del Río, se equivoca, quien tiene derecho este año a más de dos meses de vacaciones, uniendo permisos y vacaciones reglamentarias, son sus compañeros los jueces, no los funcionarios.
La LOPJ detalla de manera concisa las funciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y querer tener PODER y hacer más de lo que la propia Ley regula seria un acto de supremacía, dado que a los funcionarios de la Administración de Justicia sí nos gestionan (la Junta de Andalucía) y nos dan instrucciones, lo de MANDAR queda para otras épocas de España, que por suerte hoy en democracia hemos superado.
