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Pensábamos que no lo podía hacer peor que algunos de sus predecesores, pero estábamos equivocados. La Ministra de Justicia Dolores Delgado se ha colocado a la cabeza en cuanto a pésima gestión del Ministerio. Ha ninguneado al personal de la Administración de Justicia casi desde el día que tomó posesión de su cargo y se ha saltado la mesa sectorial de negociación, que sólo se ha utilizado para negociar, y mal, un par de cosas.
A las pruebas nos remitimos:
RETRIBUCIONES.-
En materia retributiva, se ha negado una y otra vez a escuchar las reclamaciones de los funcionarios, especialmente de los destinados en ámbito no transferido, cuyo complemento específico se sitúa como el más bajo de toda España. En cambio, ha negociado con jueces y fiscales una importante subida salarial con cargo, precisamente, al fondo adicional que se supone iba a ir destinado a incrementar la partida de personal de Justicia, de lo cual también se beneficiarán, en parte, los Letrados A.J. con el nuevo régimen retributivo para las sustituciones. Para el resto del personal, cero patatero, ni un céntimo, ni siquiera para introducir el complemento de productividad, que sí perciben los L.A.J. por trabajo que hacemos los demás.
MODIFICACIÓN LOPJ.-
En cuanto a la modificación de la LOPJ, poco o casi nada hizo el Ministerio para evitar el atropello que suponía la modificación del artículo 521 de la LOPJ y sus concordantes, a pesar de las fuertes presiones ejercidas desde STAJ para que paraliza la reforma. Sólo tras la movilización y la intensa actividad sindical realizada directamente con los Grupos Políticos en el Parlamento y el Senado, logramos que se diera marcha atrás a lo que iba a constituir el mayor atropello que se recuerde a los derechos de los funcionarios de Justicia de este país.
OPOSICIONES.-
En materia de oposiciones, han sido continuos los errores y retrasos en la elaboración y negociación de las bases, y aún hoy sigue sin publicarse la convocatoria de Promoción interna y ni siquiera ha comenzado la negociación del turno libre, correspondientes a las OPE de 2017 y 2018. La de 2019, ni está ni se la espera…
RECUPERACIÓN PERMISOS.-
Por lo que respecta a la recuperación de permisos, introducida en la reciente reforma de la LOPJ, fruto del Acuerdo suscrito con el anterior equipo ministerial hace nada menos que tres años, el equipo de Dolores Delgado ha introducido matices que perjudican claramente a parte del personal, especialmente a los interinos, y solo tras la presión ejercida desde STAJ, se ha logrado que el trato sea el mismo para todos los funcionarios, interinos o de carrera, de manera que la recuperación de los días de permiso correspondientes a 2017 y 2018 sea proporcional al tiempo de servicios prestados en dichos ejercicios.
REGISTRO CIVIL.-
El Ministerio no ha movido un dedo en esta materia salvo para avanzar en los mecanismos que permitan, dentro de año y 3 meses, la plena entrada en vigor la desastrosa Ley 20/2011, sin acuerdo con los representantes de los funcionarios, Ley a la que STAJ lleva oponiéndose desde antes de su aprobación -primero en solitario, ahora se apuntan todos-, porque supone el desmantelamiento de los actuales Registros Civiles y la condena a la desaparición de los Juzgados de Paz, con todos sus puestos de trabajo.
MUGEJU.-
El remate a todos estos despropósitos ha sido, sin duda, la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo para la MUGEJU que roza la ilegalidad, y la introducción de una estructura que se carga de un plumazo su Asamblea General y cualquier criterio de representación proporcional y democrática en sus órganos de gobierno.
En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo, el Ministerio pretendió aprobarla sin negociación, dándonos un simple “trámite de audiencia”, obviando que toda relación de puestos de trabajo correspondientes al personal al servicio de la Administración de Justicia debe, por ley, pasar por mesa de negociación. Sólo tras advertirlo STAJ se aceptó traer la propuesta a la mesa sectorial. El texto definitivamente aprobado y publicado, a pesar de introducir algunas mejoras propuestas por STAJ, mantiene sin razón alguna una serie de puestos como singularizados, cuando deberían ser genéricos, por lo que el tufillo a puestos “a medida” no desaparece en absoluto, sino que se hace evidente, y los hurta de la posibilidad de ser solicitados por todos los funcionarios en concursos de traslado ordinarios.
Y, por último, la modificación de la estructura orgánica de la MUGEJU, suprimiendo la Asamblea General y sustituyéndola por el denominado “Consejo General”, en el que la representación de los diferentes colectivos integrados en MUGEJU deja bastante que desear por carecer de los más elementales principios de representación democrática proporcional. Si es cierto que la Asamblea carecía de representantes de la carrera judicial, fiscal, forenses y letrados al compartir grupo con el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y estar en minoría en dicho grupo, y es deseable que estuvieran representados, la solución no puede pasar por eliminar la Asamblea General y sustituirla por un órgano nuevo, el Consejo General, en el que los representantes de estos cuerpos sean mayoría frente a los representantes de los cuerpos de GPA, TPA y Auxilio, que constituyen la mayoría de mutualistas de MUGEJU.
STAJ está estudiando las posibilidades de impugnar ambos Reales Decretos, porque entendemos que podrían vulnerar normas legales básicas. En cualquier caso, hemos formulado ya nuestras quejas al Ministerio y solicitado su derogación.
Y desde luego, esperamos que el partido que ocupe el Gobierno tras las elecciones de abril, sea el que sea, dé marcha atrás en estas modificaciones en el seno de la MUGEJU, y que inicie una nueva etapa en la que los derechos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia no se vean permanentemente ninguneados, como hasta ahora.
STAJ, 12-03-2019
