El Juzgado de Paz de Tarifa, obligado a celebrar un enlace matrimonial en la calle.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado, a través de un comunicado, que nuevamente el Juzgado de Paz de Tarifa ha celebrado un enlace matrimonial en la puerta de entrada de dicha sede.
Recuerda el sindicato que en el año 2001 el Juzgado de Paz fue ubicado provisionalmente donde se encuentra actualmente para llevar a cabo las obras de remodelación de su antigua sede, junto al Hogar del Pensionista. Y explican que “una vez llevadas a cabo las reformas necesarias, el edificio fue ocupado por la Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Tarifa, un edificio a pie de calle, que cuenta con rampas de acceso y sin barreras arquitectónicas”.
En noviembre de 2013 este sindicato ya denunció que la ubicación del Juzgado no reunía “las medidas de seguridad e higiene que debe tener una sede Judicial. Existe una única puerta de entrada y salida, escaleras muy empinadas para llegar a la Oficina Judicial que impide el acceso a personas mayores y a ciudadanos aquejados de alguna minusvalía, obligando a atenderlos en el portal del edificio o en la misma calle”.
Ya el pasado 2 de mayo este sindicato denunció la celebración de una boda en el portón de entrada del edificio.
Este domingo contrajeron matrimonio JSR y MPCV y nuevamente el enlace de los contrayentes se produjo en la puerta de acceso al Juzgado, “al no poder subir la empinada escalera uno de los contrayentes, y la boda tuvo que celebrarse de forma improvisada en la parte baja del edificio que da acceso al Juzgado de Paz”.
El sindicato lamenta que “de nada han servido los escritos presentados en el Ayuntamiento, ni la denuncia pública que en su momento se hizo, ni las denuncias que han sido presentadas por los usuarios ante el Consejo General del Poder Judicial. Poco le importa al Ayuntamiento de Tarifa que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder libremente a las instalaciones del Juzgado de Paz y así poder garantizar la igualdad de derechos y promover el goce pleno de los mismos”.
El STAJ considera que “el Ayuntamiento debería pronunciarse por qué motivo no todos los ciudadanos en Tarifa tienen los mismos derechos”.
