Publicada en el BOE de hoy, mediante la modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria

JEFATURA DEL ESTADO

Jurisdicción voluntaria

• Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

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Se prorroga la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2018

No obstante esta prórroga de la Ley, no se ha modificado el régimen del procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia, como anunciábamos ayer, por lo que a partir del 1 de julio las solicitudes de nacionalidad ya no pueden ser recogidas en los Registros Civiles.

Esta nueva prórroga de la Ley del Registro civil es fruto de las constantes presiones que venimos ejerciendo desde STAJ y resto de sindicatos integrantes de la mesa sectorial nacional de Justicia. Pero aún queda mucho por hacer. STAJ continuará luchando hasta conseguir el efectivo mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación actuales, enteramente servido por funcionarios de Justicia, sin pérdida de puestos de trabajo, sin eliminación de funciones, con mantenimiento de los Registros Civiles delegados de los Juzgados de Paz, sin vaciado de competencias. Exigimos al Ministerio un cambio de actitud. Aún estamos esperando respuesta a nuestras alegaciones a su ”propuesta de Acuerdo”, que cada vez nos parece menos creíble.

Como venimos denunciando desde hace dos años, el Gobierno modificó mediante la Ley 19/2015 y el Real Decreto 1004/2015 el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia, en el que, además de exigir el pago de una tasa de 100 euros, el órgano competente para su tramitación es la Dirección General de los Registros y el Notariado. Transitoriamente, desde la entrada en vigor del Real Decreto hasta el próximo día 30 de junio de 2017, las solicitudes se han podido presentar ante los Registros Civiles, pero a partir del día 1 de julio la presentación habrá de ser obligatoriamente por vía telemática o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas. Ello equivale a que no pueden presentarse dichas solicitudes ante los Registros Civiles. El Ministerio ha enviado a éstos una comunicación en la que informa de ello, añadiendo una innecesaria advertencia de que si se recogen en los Registros civiles estas solicitudes, el funcionario podría “incurrir en responsabilidad”.

La actitud de este Ministerio, una vez más, nos parece una absoluta desvergüenza. En primer lugar porque, indirectamente, en realidad está semiprivatizando los expedientes de nacionalidad por residencia, pues la DGRN, ante su incapacidad para tramitar todas las solicitudes, ha encomendado su tramitación a los Registradores de la propiedad, a cambio de 6 millones de euros (hasta la fecha). En segundo lugar, porque desde 2015 ha dejado de ser un servicio gratuito, al establecerse una tasa 100 euros. En tercer lugar, porque poco a poco va vaciando de funciones a los registros civiles, y ello aunque la culminación de los expedientes de nacionalidad corresponda al Registro Civil, mediante el juramento o promesa y la posterior inscripción. Y por último, por la forma en que “vela” por el cumplimiento de las normas, bajo amenaza a los funcionarios.

STAJ había exigido la modificación de este punto en el Real Decreto que regula el procedimiento, para lo cual el Ministerio no necesitaba siquiera consenso alguno con otras fuerzas políticas, pues al tratarse de un Real Decreto, el Gobierno tiene plenas facultades para ello.

STAJ ha exigido al Ministerio un cambio en esta actitud. Es evidente que su oferta de acuerdo en materia de Registro Civil es falsa. Esta es una prueba más.

Por otra parte, en el Diario de Sesiones de hoy 28 de junio se publica la aprobación el pasado día 22 de junio de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, por el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que se recoge entre otras cosas la prórroga de la ley 20/2011, del Registro Civil, por un año más.

STAJ continuará luchando hasta conseguir el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación actuales, enteramente servido por funcionarios de Justicia, sin pérdida de puestos de trabajo, sin eliminación de funciones, con mantenimiento de los Registros Civiles delegados de los Juzgados de Paz, sin vaciado de competencias.

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Hoy miércoles 21 de junio se debatirá en la mesa sectorial la propuesta de Acuerdo presentada por el Ministerio a los sindicatos representativos (STAJ, Ccoo, Csif, Ugt y los autonómicos Ela y Cig). La propuesta contiene cinco puntos muy breves, sobre las siguientes aspecto:

• Registro civil único, público y gratuito, llevado íntegramente por funcionarios de Justicia.
  
• Registro Civil electrónico, basado en el folio único personal.
  
• Registro Civil integrado en la Administración de Justicia, velando por el mantenimiento de la estructura actual y las funciones delegadas de los Juzgados de Paz.
  
• Registro civil desjudicializado y servido por personal al servicio de la Administración de Justicia en activo, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados.
  
• Compromiso del Ministerio de Justicia a presentar en las Cortes Generales proyecto de ley de reforma de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil que deberá asentarse en los ejes anteriores.
  

Desde STAJ consideramos que el contenido de la propuesta de Acuerdo es insuficiente y de mantenerse en esos términos no garantiza las reivindicaciones que venimos manteniendo desde el año 2011, contra una ley que nunca nos gustó por lo que suponía de desmantelamiento total del Registro Civil sacándolo de la Administración de Justicia, con pérdida de miles de puestos de trabajo.

Si el Ministerio quiere consenso, deberá incluir en el Acuerdo, al menos, lo siguiente:

• Respecto a la gratuidad del RC, que se impulsen medidas que faciliten el acceso al RC sin intermediarios, incluidos por los medios telemáticos que se establezcan.
  
• En cuanto a la estructura de las oficinas del Registro Civil, no nos basta con "velar" por el mantenimiento actual, sino que debe garantizarse inequívocamente el mantenimiento de la estructura y demarcación actuales, con una oficina de Registro Civil en cada partido judicial y en los Juzgados de Paz, con competencias plenas, incluido el expediente previo al matrimonio civil.
  
• Las competencias de las Comunidades Autónomas deben enmarcarse dentro de las asumidas en materia de Administración de Justicia.
  
• Garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo asignados actualmente a RC.
  
• Reconocimiento de las funciones registrales de todos los Cuerpos, y posibilidad de que los Gestores asuman la función de Encargado en aquellos Registros donde así se establezca, y en todo caso en los Juzgados de Paz y Agrupaciones.
  
• Garantía de un Registro Civil con competencias plenas y exclusivas, de modo que todas las actuaciones registrales, incluidos los expedientes, sean de la exclusiva competencia de las oficinas de Registro Civil, sin perjuicio de la celebración de matrimonio civil ante otros funcionarios, Alcaldes, o las especialidades propias de los matrimonios canónicos o de otras confesiones.
• Compromiso por parte del Gobierno del impulso a la reforma de la Ley de 2011,
  así como cuantas otras normas legales o reglamentarias deban dictarse para cumplimiento del Acuerdo.
  

El Ministerio de Justicia acaba de enviar a STAJ una propuesta de acuerdo en el seno de la mesa sectorial de Justicia nacional, con los siguientes puntos fundamentales:

• Primero. Registro civil único, público y gratuito, llevado íntegramente por funcionarios de Justicia.
  

• Segundo. Registro Civil será electrónico, basado en el folio único personal
  

• Tercero. Registro Civil integrado en la Administración de Justicia, velando por el mantenimiento de la estructura actual y las funciones delegadas de los Juzgados de Paz
  

• Cuarto. Registro civil desjudicializado y servido por personal al servicio de la Administración de Justicia en activo, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados.
  

• Quinto. Compromiso del Ministerio de Justicia a presentar en las Cortes Generales proyecto de ley de reforma de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil que deberá asentarse en los ejes anteriores.
  

STAJ examinará con detenimiento esta propuesta de acuerdo, y velará especialmente por la garantía de mantenimiento de la estructura, demarcación y puestos de trabajo actuales, la integración del Registro Civil en la Administración de Justicia, su gratuidad, el mantenimiento de las funciones registrales de los Juzgados de Paz, o la ausencia de cualquier norma que suponga directa o indirectamente la privatización de funciones registrales.

Hemos sido convocados a mesa sectorial el próximo día 21 de junio, donde se abordará esta cuestión.