El Gobierno ha anunciado que subirá el sueldo de los funcionarios un 2% el próximo ejercicio de 2022.
Se trata del séptimo año consecutivo que suben los salarios públicos, después de otros seis años de congelación y recortes con la excusa de la anterior crisis, como el recorte del 5% de media de todas las retribuciones de los empleados públicos del año 2010, recortes en la acción social que aún se mantienen en Andalucía, reducción drástica de los procesos selectivos, permisos, recortes por situación de I.T., etc.
En 2010 llegó el primer recorte, del 5%, aún sin recuperar, y en 2012 fue el segundo con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, que posteriormente fue devuelta, aunque se mantuvieron recortes salariales en 2013 y 2014 en varias Comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía. Cataluña elaboró un calendario de pago y ha restituido esos recortes, en cambio, Andalucía es la única Comunidad autónoma que aún no los ha devuelto.
Por su parte, la congelación salarial se aplicó durante cinco años (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) y no fue hasta 2016 cuando volvieron a incrementar las retribuciones de los empleados públicos.
Sobre los recortes en Andalucía, conviene aquí recordar que STAJ logró la aprobación de una PNL (Proposición no de Ley) en 2018 por el Parlamento andaluz instando al Gobierno de Andalucía a negociar la devolución de esos recortes y el incremento del complemento específico. Ambas cuestiones han sido abordadas e incluidas en el Acuerdo suscrito en noviembre de 2018 por STAJ, CSIF, UGT y CCOO con la entonces Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, con la oposición de SPJ-USO.
Respecto al complemento específico, ha experimentado en dos años un incremento total de 118,62 €/mes para Auxilio Judicial, 119,64 €/mes para Tramitación P.A., 121,38 €/mes para Gestión P.A., y 120,09 €/mes para Médicos forenses, pues el acuerdo preveía un incremento lineal de 90 euros a lo que había que aplicar cada año los porcentajes de incrementos generales para todos los empleados públicos.
En cuanto a la recuperación de los recortes de 2013 y 2014 sufridos en Andalucía, se incluyó en el Acuerdo una cláusula que prevé esa recuperación en cuanto las disponibilidades presupuestarias lo permitan. No es desde luego lo que STAJ pedía, pues queríamos que se iniciase ya un calendario para la recuperación –y no renunciamos a ello-, pero al menos se refleja en el Acuerdo un compromiso de restitución de las cantidades recortadas en su día. Sobre esta cuestión, sorprende que ahora el sindicato que se opuso al contenido del Acuerdo en su totalidad (incluido el incremento salarial y la previsión de recuperación de recortes), haya iniciado ahora una campaña de recogida de firmas –otra más-, para “fijar un calendario” para la recuperación de aquellos recortes, criticando que en el propio acuerdo se reconozca la necesidad de continuar trabajando en la recuperación del poder adquisitivo perdido –obvia dicho sindicato (SPJ-USO) que la solicitud de calendario de recuperación es precisamente lo que contenía la PNL instada por STAJ y aprobada por el Parlamento Andaluz en su momento-. Nos parecen muy bien esas campañas de recogida de firmas pero, ¿alguien cree de verdad que la Junta de Andalucía va a aprobar sólo para los funcionarios de Justicia una devolución de recortes que afectó a todo el sector público andaluz?
También es importante poner de manifiesto las cantidades que de no haberse suscrito el Acuerdo (es decir, si todos hubiésemos hecho lo mismo que SPJ-USO) habríamos dejado de percibir por incremento del complemento específico, que hasta el mes de octubre de 2021 incluido suman ya casi 2.900 euros por funcionario, cantidad que obviamente irá incrementándose cada mes que pase. Nuestra responsabilidad y la de la del resto de sindicatos firmantes del Acuerdo nos obligaba a no dejar pasar esta oportunidad de mejora salarial palpable en nuestras nóminas en muy corto plazo. Eso no son palabras huecas, son euros en el bolsillo de cada Funcionario de Justicia andaluz. Los brindis al sol los dejamos para otros.
