Noticia publicada en cadenaser.com

Según ha comunicado a los sindicatos, los empleados públicos sí percibirán en 2013 la paga de Navidad suprimida este año.

Los funcionarios verán congelado su salario por tercer año consecutivo, según se recoge en los Presupuestos del año que viene y han comunicado a los representantes de los trabajadores en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

El Gobierno mantendrá congelado el sueldo de los funcionarios en el año 2013. Los trabajadores públicos acumularán de esta forma tres años consecutivos sin subidas en su salario. A esta medida, hay que sumar la reducción de un 5% en 2010 y la supresión de la paga de Navidad de este año 2012 (lo que equivale una bajada aproximada del 7%).

Según fuentes conocedoras de esta mesa de negociación con los sindicatos de los empleados públicos, Rajoy no contempla eliminar de nuevo la paga de Navidad del año 2013. El presidente del Gobierno suspendió para 2012 esta segunda paga extraordinaria en una paquete de medidas que también reducía los días de libre disposición y el número de liberados sindicales.

Tasa de reposición del 10%

El Gobierno también mantendrá la tasa de reposición establecida este año. No se contratará a nadie, salvo para vacantes en los servicios básicos. Esta reposición seguirá siendo del 10% para los colectivos de docentes, sanitarios, Fuerzas Armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal. Esto es, por cada 10 empleados publicos de estos cuerpos que se retiren, entrará uno; del resto de colectivos, ninguno. Además, no habrá tasa de reposición alguna para Ayuntamientos.

http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-mantendra-congelado-sueldo-funcionarios-ano-2013/csrcsrpor/20120926csrcsreco_9/Tes

RECORTE SALARIAL EN ANDALUCÍA:

No obstante, en Andalucía el Decreto-Ley 1/2012 fue suspendido únicamente para 2012, por lo que el recorte salarial impuesto por el Gobierno andaluz se mantiene para el próximo año 2013 (reducción del complemento específico en cuantía equivalente al 5% de las retribuciones brutas anuales)

Delegados de todos los sindicatos representativos en la Admón. de Justicia de Sevilla están encerrados hoy desde el 26 de Septiembre en la planta baja del Edificio Noga como un acto más de protesta contra los recortes de los Gobiernos central y autonómico en defensa de nuestros puestos de trabajo, de nuestros derechos laborales y del servicio publico que prestamos a diario.

El próximo sábado tendrá lugar en Madrid una gran manifestación convocada por más de 900 asociaciones y sindicatos. STAJ se manifestará en protesta contra los recortes salariales, sociales y en los servicios públicos que vienen sucediéndose por los gobiernos de todo signo desde el año 2010 y que se han agravado con el gobierno actual.

En breve comunicaremos también más movilizaciones que han sido acordadas hoy por la plataforma nacional de sindicatos de empleados públicos, así como diferentes actos de protesta en el ámbito concreto de la Administración de Justicia.

CONTRA LOS RECORTES MOVILÍZATE, NO TE CONFORMES.

Transcribimos a continuación el artículo de María Tardón, Jueza presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid de violencia contra la mujer, publicado en prensa recientemente (fuente), palabras que suscribimos al ciento por ciento:

Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.

Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.

Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.

Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso correspondan.

Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.

Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral de los funcionarios públicos.

Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.

Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.

Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas, perjudicados por tales decisiones.

Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.

Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada vez mayores.

¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de asuntos resueltos.

No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.

Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.

Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España como Nación.

Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.

Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no da para más.

Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien llevarse consigo.

También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.

Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc…Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.

Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día un poco más.

De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"…

Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas. No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.