Son muchos los que consideran que la figura del procurador, representante procesal de parte, ya presente en el Derecho romano o en las Partidas de Alfonso X el Sabio como “personeros”, son una figura obsoleta que encarece la justicia y resulta prescindible. El Gobierno ha preferido no acometer una reforma de semejante envergadura. Todo lo contrario.
El Ministerio de Justicia ha elaborado un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado por el Consejo de Ministros, que refuerza las funciones de los procuradores, sobre todo en materia de notificaciones, en las que tendrán la condición de agentes de la autoridad.
La ley permitirá al ciudadano elegir si quiere que sea el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, quien practique los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso, o, como hasta ahora, sigan siendo los funcionarios de la Administración de Justicia quienes lo hagan.
Según Soraya Sáenz de Santamaría, servirá para “agilizar los procedimientos de la justicia”.