Los expertos limitaron la acción popular y el jurado y propusieron que los jueces pasaran pruebas psicológicas y no opinaran de actualidad
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comparecerá el próximo 7 de mayo en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas maestra de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la dirección de las investigaciones, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que crea los tribunales de instancia y suprime los partidos judiciales.
El ministro recibió formalmente el pasado febrero los trabajos encomendados a las comisiones de expertos que fueron designadas para elaborar dos leyes que marcarán el rumbo de la Justicia en España para los próximos años. Una de ellas diseña una nueva organización del mapa judicial y la otra encomienda al Ministerio Público la instrucción de los delitos y las faltas, en lugar de a los jueces como ocurre en la actualidad.
Este segundo articulado ha sido uno de los grandes retos que se marcaron los antecesores del actual ministro. Su predecesor en el cargo, Francisco Caamaño, fue quien más lejos llegó al aprobar un anteproyecto de ley en el último año de legislatura, que, finalmente, no vio la luz por la falta de tiempo y de consenso y que también daba la instrucción al Ministerio Fiscal.
Gallardón tiene ahora sobre la mesa un texto llamado a sustituir a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882 y con más de sesenta modificaciones parciales en su haber. Pero tiene además cerca de tres años de legislatura por delante para lograr dar ‘luz verde’ al nuevo modelo.
