El pasado 29 de julio el Ministro de justicia y el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía firmaron en Sevilla el convenio de de colaboración para la implantación del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

Ver información colgada en Web Ministerio Justicia:

• 150729 Firma del convenio de colaboración para la reforma de la Justicia (PDF. 81 KB)

Según este acuerdo, a la comunidad autónoma de Andalucía le corresponden 1.466.899 euros.

En virtud del convenio la Junta de Andalucía se compromete a destinar durante el ejercicio 2015 la cuantía recibida a alguna de las siguientes líneas de actuación o al conjunto de las mismas:

• Impulso de las nuevas tecnologías para conseguir una Justicia digital, abierta e innovadora. El objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales mediante la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y la plena interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal.
• Mejora de la asistencia jurídica gratuita que conlleve un incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos.
• Dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e implementación de la Oficina Judicial y Fiscal.
• Incentivo de mejoras que incidan en un servicio público de calidad.

Una vez más, como vemos, se olvidan de incrementar los medios personales. ¿Pretenden hacernos creer que con el “papel cero”, pero sin más funcionarios, se arregla todo?

Publicada en el BOE la Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Tenéis una hoja resumen de las modificaciones PINCHANDO AQUÍ.

La entrada en vigor de la reforma será el próximo 1 de octubre, salvo los apartados 1, 2 y 4 de la Disposición Final Tercera, relativos a aspectos de la ley 29/1998 (Recurso de Casación y Costas procesales en la Jurisdicción Contencioso Administrativo).

Se verán afectadas la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Disposición Final Tercera) y la Ley de Enjuiciamiento civil (Disposición Final Cuarta).

Esta modificación afectará al programa de oposiciones 2015, que el Ministerio tiene intención de convocar a partir del próximo 1 de octubre, tal como ya informamos el pasado 23 de junio. En el programa de estudio entrará todo aquello que esté publicado en el BOE a fecha de la convocatoria, tanto si está en vigor como si no está en vigor.

En esta reforma se modifican aspectos relativos a nuestro Régimen jurídico así como a aspectos procesales y organización territorial que pueden afectar a nuestras condiciones de trabajo, algo de lo que ya informamos en meses pasados.

VALORACIÓN DE STAJ a la modificación de nuestro estatuto jurídico en la reforma de la LOPJ.-

Lo positivo de esta modificación es que respeta sustancialmente puntos esenciales del Acuerdo suscrito por los sindicatos STAJ, CSIF, UGT con el Ministerio de Justicia en julio del 2014, lo que supone que se mantienen los actuales Partidos Judiciales, por lo tanto no desaparecen ni son sustituidos por los Tribunales Provinciales de Instancia, se mantiene los centros de trabajo con ámbito municipal y no provincial, por lo que no  habrá movilidad geográfica ordinaria forzosa, se mantienen los Juzgados de Paz, con sus actuales competencias, salvo el conocimiento de los Juicios de faltas, que pasan como delitos leves a los Juzgados de Instrucción.

Estas cuestiones estaban en peligro en la primera propuesta que el Ministerio nos dio traslado, y que de haberse llevado a cabo hubiera supuesto un conflicto colectivo y una modificación sustancial de nuestras condiciones de trabajo.

Lo negativo del texto, es que EL MINISTERIO HA INCUMPLIDO DESCARADAMENTE UNA IMPORTANTE PARTE DEL PREACUERDO: se ha reducido, de un 50% a un 30%,  el número de plazas que reservan para promoción interna, especialmente al Cuerpo de Letrados de la Admón. de Justicia, pero también a los cuerpos de Gestión y Tramitación, a cambio de tan sólo de la posibilidad de convocar proceso de promoción interna los años en los que no se convoque Oferta Pública y por lo tanto no haya turno libre. Esto no es lo que se acordó en el pre acuerdo de julio del 2014, puesto que lo que se acordó en el punto 13 fue:

“En cuanto a la carrera profesional, se recogerá expresamente la convocatoria de procesos de promoción interna específicos cuando no exista oferta de empleo público o el número de plazas sea reducido.”

Es decir, se establecía la obligación de convocar procesos de promoción interna, y no sólo la posibilidad, tal como se recoge en la Ley publicada. Y esos procesos, además, debían tener lugar siempre que no hubiera Oferta de empleo público o cuando ésta fuese insuficiente.

Por lo que se refiere a esta concreta cuestión, el Ministerio motu proprio ha introducido matices que contravienen la letra y el espíritu de lo pactado en julio. La nueva ley aprobada no da suficientes garantías de que esa promoción interna se realizará en los años en los que no haya Oferta Pública de Empleo (turno libre), seguridad que era condición sine qua non para aceptar la rebaja del 50% al 30%. Y no prevé la posibilidad de procesos de promoción independientes cuando haya Oferta Pública de Empleo, por pequeña que esta sea.

STAJ tampoco se muestra conforme con la redacción del artículo 451 LOPJ en lo relativo al carácter subsidiario del nombramiento de Gestores Procesales como Letrados sustitutos (los Gestores de la bolsa de Secretarios). Este carácter subsidiario en el nombramiento atenta directamente contra el derecho a la promoción y carrera profesional de los Gestores, al poner trabas para hacer suplencias en el Cuerpo de Letrados de la Admón. de Justicia, además de limitar esa posibilidad a que exista disponibilidad presupuestaria, algo que es lo suficientemente ambiguo como para que la Admón, pueda rechazar cualquier nombramiento de los Gestores como Letrados Sustitutos.

Por otro lado, se ha consagrado la aplicación para los funcionarios de Justicia de los descuentos en las bajas por enfermedad que no den lugar a Incapacidad temporal, a lo que STAJ se había negado rotundamente.

La misma opinión de rechazo nos merece la sanción de cese en el puesto de trabajo a los funcionarios interinos por comisión de faltas graves. Es excesiva la sanción de cese, pudiendo ser castigada con una pena de suspensión de empleo y sueldo.

Tampoco es aceptable la posibilidad de extender las competencias y la Jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a más de un Partido Judicial, sin que previamente se trate la cuestión del incremento de la plantillas como consecuencia de esa ampliación de competencias y jurisdicción, o sin que previamente se trate retribución complementaria de esos juzgados.

STAJ ha reprochado contundemente al Ministro de Justicia el incumplimiento de estos importantes puntos del preacuerdo suscrito en julio de 2015, y hemos exigido convocatoria urgente de mesa sectorial. No vamos a perdonar al Ministerio este incumplimiento y estudiaremos las medidas a tomar a partir de ahora. El Ministro, sencillamente, no ha cumplido su palabra, tantas veces repetida.

Publicada en el BOE de hoy. La Ley entra en vigor el 1 de octubre (salvo apartados 1, 2 y 5 de la DA 3ª, que entrarán en vigor al año de su publicación)

JEFATURA DEL ESTADO

Poder Judicial

• Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

  • PDF (BOE-A-2015-8167 – 68 págs. – 1.153 KB)
  • Otros formatos

El Ministerio de Justicia publica en su Web que el Congreso ha aprobado la LOPJ. Reproducimos  a continuación la nota publicada por el Ministerio:

Noticias del Ministerio

La nueva LOPJ agilizará la Justicia e impulsará la especialización, la transparencia y la profesionalización

8 de julio de 2015

• La reforma mejorará la calidad de las resoluciones judiciales y ofrecerá una respuesta más ágil al ciudadano

• Establece mecanismos para la modificación de las normas de reparto en determinados juzgados, introduce el apoyo al juez instructor en las causas complejas o la especialización de órganos judiciales para la resolución de asuntos que generan gran número de demandas

• Se amplían las competencias de los jueces de violencia contra la mujer y se establecen equipos especializados en los Institutos de Medicina Legal

• Jueces y magistrados, fiscales y secretarios judiciales, que pasan a denominarse letrados de la Administración de Justicia, podrán solicitar la permanencia en el servicio activo hasta los 72 años

• Se introduce una nueva regulación del recurso de casación en el orden Contencioso-Administrativo basada en el concepto de interés casacional

Documentos asociados:

• 150708 Congreso aprueba LOPJ (PDF. 232 KB)

NOTA publicada en el PORTAL ADRIANO.-

De Llera garantiza un “diálogo permanente” con todos los operadores judiciales para lograr una Administración de Justicia más ágil

El consejero de Justicia e Interior se reúne en la Audiencia con las autoridades judiciales de la provincia de Sevilla

Andalucía, 26/06/2015

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha garantizado hoy, en una reunión con las autoridades judiciales de la provincia de Sevilla, que el nuevo Gobierno andaluz mantendrá un “diálogo permanente” con todos los operadores judiciales y los sindicatos para mejorar y agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia en la comunidad andaluza.

En una reunión con el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Alvarez, el juez decano, Francisco José Guerrero, la fiscal jefe, María José Segarra, la secretaria coordinadora judicial, Auxiliadora Duque, y el representante del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía occidental, Antonio Reinoso, el consejero ha abordado las prioridades del nuevo Gobierno andaluz en el ámbito de la Administración de Justicia, con el fin de garantizar a la ciudadanía un servicio público de calidad.

De Llera ha subrayado que la voluntad de la Junta es “alcanzar el mayor nivel de implicación y consenso posible” con todos los sectores de la Administración de Justicia. “Proporcionar un servicio de calidad no estriba únicamente en contar con mejores edificios y con la tecnología más avanzada, por mucho que eso ayude. Consiste, además –ha precisado-, en conseguir que, en la medida de estas competencias, el ciudadano se sienta eje de nuestras políticas, como sujeto de derechos y deberes en relación con la Justicia”,

Según el consejero, la Junta dispondrá de más de 30 millones de euros procedentes de fondos europeos para desarrollar un sistema con “papel cero” a través de la implantación progresiva de las notificaciones y escritos por vía telemática y de la firma digital.

Además, De Llera ha anunciado la actualización del sistema de grabación de vistas, mediante la incorporación de la firma digital de la vista y la posibilidad de descargar vídeos a través de internet para profesionales, y la creación de la Sede Electrónica Judicial, que servirá para potenciar la comunicación telemática entre la ciudadanía y los profesionales judiciales con la Administración de Justicia.

Nueva oficina judicial y fiscal

Por otro lado, el consejero de Justicia e Interior ha hecho hincapié en la continuidad del proceso de implantación de un nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal, que permitirá agilizar y mejorar la eficacia de la Administración de Justicia en Andalucía, tal como se establece en el documento suscrito con los responsables regionales de las centrales mayoritarias en la Administración judicial andaluza.

Con el nuevo modelo aprobado por la Junta, se sustituirá la configuración vigente hasta ahora –juez, secretario y personal adscrito a cada órgano– para impulsar un sistema más eficiente con medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. Con ello se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.

En cuanto a las infraestructuras judiciales, De Llera ha subrayado que la Junta va a seguir trabajando para conseguir unas instalaciones adecuadas en toda la comunidad andaluza, a pesar de la gran dificultad que conlleva actualmente promover grandes obras. De este modo, la Consejería de Justicia e Interior, va a continuar con el desarrollo de todos los proyectos que tiene actualmente en marcha en alguna fase de ejecución.