Tras la denuncia presentada por STAJ por la no convocatoria de Oferta de Empleo Público para la Administración de Justicia de forma reiterada, hemos sido recibidos por la Adjunta de la Defensora del Pueblo, junto con los Asesores en materia de Empleo Público de dicho organismo.

STAJ ha aprovechado la reunión para trasladar a la Institución del Defensor del Pueblo nuestra preocupación y denuncia por la situación que atraviesa la Administración de Justicia en todo el Estado, y que está íntimamente relacionada con la insuficiencia de medios materiales y personales, que se agrava, precisamente, por la reiterada suspensión de las ofertas de empleo público.

En tal sentido, le expusimos con la máxima claridad los siguientes aspectos

• La situación actual está llevando al colapso generalizado de juzgados y tribunales, lo cual, en definitiva, beneficia al corrupto y al delincuente de forma clara, pues ese colapso genera ineficacia en la Administración de Justicia, que no llega o llega muy tarde para dar respuesta a todos los casos de corrupción que inundan, vergonzosamente, la vida pública en nuestro país.
• Los juzgados están “infradotados” y ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, que a fecha actual hay mas de 600 puestos vacíos sin nombrar interinos para la cobertura temporal de bajas o vacantes, con datos similares encontramos en la C. Valenciana o la ralentización de los nombramientos, que sucede en otros ámbitos.
• Esta situación es ya alarmante y lleva a suspensiones de juicios o retraso de estos, lo que puede provocar la prescripción de delitos y de faltas, truncando así la persecución de las conductas delictivas que es misión de la Administración de Justicia, así como la eternización de procedimientos judiciales civiles, sociales o contencioso-administrativos, lastrando aún más, si cabe, el movimiento de la economía en nuestro país.

Con la falsa excusa de buscar soluciones a ese colapso, el Ministerio de Justicia y el Gobierno se han embarcado en proyectos privatizadores de importantes ámbitos de la Administración de Justicia, así como reformas legislativas y de la organización judicial que alejan la Justicia del ciudadano, o que sencillamente vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, como es el caso de la Ley de Tasas, que invita al ciudadano a no litigar so pena de tener que abonar unos gastos excesivos para hacer valer sus derechos ante la Justicia.

También le hicimos ver que de esa forma no se solucionan los problemas de la Justicia, pues la solución pasa por cubrir todos los puestos y en consecuencia convocar Oferta de empleo público de manera urgente, además de proveer las plazas vacías con personal interino, y una mayor inversión en medios técnicos y materiales, modernizando la Justicia. El Ministerio y el Gobierno son conscientes de ello. Sin embargo, no hacen nada, y mantienen congelada esta oferta sine die, por lo que parece que les interesa que la Justicia siga funcionando lentamente.

Respecto de la Oferta de Empleo Público para Justicia, concretamente, expusimos lo siguiente:

1. Las convocatoria no supone coste económico alguno, porque las plazas no son nuevas, sino que ya existen, por ello la disculpa de no convocar por la crisis no es válida en este ámbito.
2. La realidad es que en Justicia existen más de 9000 interinos lo que supone un empleo temporal superior al 23% de media y en algunos casos puede llegar al 35% como sucede con el cuerpo de Auxilio Judicial.

Disculpa perfecta para poder amortizar y suprimir plazas porque al interino se le cesa o nombra por necesidades del servicio sin indemnizaciones ni preaviso “son empleados públicos temporales de quita y pon sin problema alguno”; con ello, al privatizar determinados servicios de justicia desaparece, para ellos, el problema de personal, eliminando puestos de trabajo de un plumazo.

Al Defensor del Pueblo le preocupó de forma importante el tema de las “prescripciones” y mantuvimos postura común en que esta situación beneficia al CORRUPTO y delincuente y perjudicando de forma especial a la ciudadanía.

Reconoció que la única forma de combatir el incremento de corrupción existente en España son los Tribunales, y con la manera “solapada” de colapsar los juzgados y tribunales los corruptos están saliendo beneficiados.

En definitiva, el Defensor del Pueblo se ha comprometido a mantener reunión con el Ministerio de Justicia para apoyar esta petición de STAJ con los fundamentos expuestos y de los que os hemos trasladado de forma resumida.

Desde STAJ no vamos a rendirnos y la lucha por la OPE, por la no privatización de la Justicia y por la modernización y mejora de esta Administración, va a ser constante.