Publicado en el BOE de hoy 30 de Diciembre.

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

En los últimos días nos estáis trasladando vuestras dudas en torno al uso de firma digital para el acceso a determinadas aplicaciones que se utilizan en los Juzgados (LEXNET, JARA o similares)

Algunos de vosotros consideráis que con el uso de la firma digital de persona física podría estar vulnerándose la protección de vuestros datos personales, y por eso creéis que la Administración nos debería proporcionar a todos firma digital de empleado público, para usar ésta en lugar de nuestra firma digital de persona física.

Esta cuestión no es nueva y ya STAJ, desde hace más de año y medio, ha venido realizando gestiones e incluso denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos esta situación. Estas son las principales actuaciones que hemos realizado desde STAJ:

· En varias mesas de negociación y mediante varios escritos hemos instado a que se dote a los funcionarios de dicha firma de empleado público para que no tengan que utilizar la firma de persona física.
· El 30 de abril de 2014, STAJ interpone denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por la actuación de la Consejería al obligar a los funcionarios a obtener y utilizar el certificado digital de persona física, en lugar del certificado de empleado público, que también proporciona la FNMT, pues sospechábamos que con ello se podría vulnerar la protección de datos personales. La denuncia -al igual que muchas otras similares- ha sido archivada por el máximo órgano en protección de datos, apreciando que no existe infracción alguna al no haber vulneración de datos personales (tenemos la resolución a vuestra disposición)
· También hemos tramitado algunas quejas a varios compañeros que lo solicitaron, facilitando el modelo para poder reclamar.

Tipos de firma digital.-

Conviene conocer bien cuáles son los tipos de firma digital que pueden usarse para el acceso a las aplicaciones, y cuáles son los datos que contiene una u otra antes de sacar conclusiones inexactas:

· Firma digital de persona física.- Contiene los datos relativos a nombre, apellidos y DNI.
· DNI electrónico.- Contiene los anteriores datos y además la fecha de nacimiento.
· Firma digital de empleado público.- Contiene los datos relativos a nombre, apellidos, DNI, cargo y organismo público.

Todos los anteriores datos, contenidos en unos u otros tipos de firma electrónica, son conocidos por la Administración, por estar incluidos dentro del Registro de Personal. Por eso, entre otros motivos, la AEPD considera que no hay vulneración de la protección de datos personales.

Obligatoriedad del uso de LEXNET y demás medios electrónicos.-

Son diversas las normas que establecen la obligación de utilizar los medios informáticos en el desarrollo de la actividad de los juzgados y tribunales. Por citar sólo dos:

· Real Decreto Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet recoge en su art. 4.1 lo siguiente:

Artículo 4. Régimen de utilización del sistema Lexnet.
1. La utilización del sistema Lexnet será obligatoria para los Secretarios judiciales y para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, relacionados como usuarios en el anexo II de este real decreto, destinados en aquellas Oficinas Judiciales que dispongan del sistema y estén dotadas de los medios técnicos necesarios.

· La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia dispone lo siguiente:
Artículo 8. Uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos.
Los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por los Secretarios de Gobierno.

No obstante lo anterior, la Administración competente, en nuestro caso la Consejería de Justicia e Interior, está obligada a proveer a los funcionarios de sistemas de firma electrónica (Art. 21.2 de la Ley 18/2011), que deben cumplir una serie de características técnicas (recogidas en la Recomendación UIT X.509.V3 o superior), las cuales se cumplen con la firma de persona física, con la de DNIe, y con la de empleado público.

La Junta de Andalucía no ha provisto a ningún funcionario de firma de empleado público, pero sí la de persona física; ante las gestiones que ha realizado STAJ, la firma se está proveyendo mediante tarjetas criptográficas, de uso personal e intransferible, con claves o contraseñas, para evitar usos fraudulentos.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre el uso de firma digital de personal física y la de empleado público?

En principio, la diferencia es mínima, pues el uso de una u otra no deja rastro y tomando medidas de seguridad elementales (inclusión en tarjetas criptográficas, acceso con contraseñas), el riesgo de uso fraudulento queda minimizado.

No obstante, es muy importante saber que el objeto de la firma digital de empleado público es, precisamente, identificar al funcionario, con su nombre, apellidos y cargo, ante terceros en sus relaciones con la Administración.

Por tanto, ¿podrá negarse un funcionario a que sus datos personales y cargo aparezcan en los documentos que emita, si precisamente él mismo ha pedido utilizar una firma digital pensada exactamente para eso? Mucho nos tememos que no.

Los Letrados de la Administración de Justicia disponen de firma de empleado público, precisamente porque a partir de ahora, todos los decretos y demás resoluciones que dicten, tendrán que firmarlos digitalmente, por lo cual es lógico que se les dote de ese tipo de firma que contiene los datos identificativos del Letrado que dicta esa resolución. Y lo mismo sucederá con jueces y fiscales.

En el caso de funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio en principio no es necesario que firmen digitalmente ningún documento y por tanto sus datos no deberían aparecer en ellos. El uso de de firma electrónica en las aplicaciones correspondientes es sólo a efectos de identificación ante el sistema, que está diseñado para que sólo pueda accederse mediante firma digital y sólo por aquellos funcionarios y funcionarias a quienes previamente la Administración ha reconocido como usuarios de los mismos. Pero no tienen por qué trascender sus datos en los documentos que emita. Es más, desde STAJ estaremos vigilantes para que si algún dato personal de los funcionarios figura en algún documento, formular las reclamaciones que consideremos oportunas por posible vulneración de la privacidad.

No obstante, si a pesar de lo anterior los funcionarios quieren tener firma de empleado público, seguimos poniendo a disposición de todo el que nos lo pide modelos de solicitud para ello, y a nuestros afiliados ponemos a su disposición nuestros servicios para efectuar las reclamaciones administrativas y judiciales que sean procedentes.

En el BOE de hoy lunes se publica la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 19 de Diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La modificación afecta a la cuantía máxima de la ayuda que se incrementa desde los 300 euros a los 350 euros por año natural.

www.boe.es

También se publica la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se prorroga para el año 2016 y se modifica parcialmente la de 10 de Febrero de 2015, por la que se convocan ayudas del programa del plan de atención socio-sanitaria.

-Todas las referencias al año o al ejercicio económico y/o presupuestario 2015 contenidas en la Resolución de 10 de febrero de 2015, se han de entender referidas al año 2016.

-El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de diciembre de 2016

-La fecha límite para la presentación de la documentación a que se refiere el parágrafo 3.7.2 de la Resolución de 10 de febrero de 2015, será el 10 de enero de 2017

-La cuantía de la ayuda para el programa de atención a personas mayores será de doscientos cincuenta euros al mes (250 €/mes).

www.boe.es

Pinchando en las imágenes puedes acceder a hojas informativas sobre el importe de la paga extraordinaria de diciembre en Andalucía. La Consejería nos informa que la previsión es que el día 21 de diciembre se emitan los pagos.

Paga extra en el INT y CF de Sevilla:

En la página de la Mugeju, se ha publicado nota en la que se informa que la entidad BBVA baja el tipo de interés a los nuevos prestamos hipotecarios del Convenio con Mugeju.

Nota informativa

En el BOE de 10 de diciembre se ha publicado Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

Resolución de 25 de noviembre de 2015.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género que para hacer efectiva su protección, su derecho a la asistencia social integral o para recibir asistencia sanitaria, se vean obligadas a abandonar el lugar donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho al cambio de destino.

El traslado por violencia de género tendrá la consideración de traslado forzoso.

La empleada pública víctima de violencia de género que requiera una movilidad por razón de violencia de género, deberá presentar una solicitud dirigida directamente al titular de la Unidad competente en materia de recursos humanos del Ministerio, en el que se encuentre destinada

La acreditación de la situación de violencia de género a efectos de lo dispuesto en esta Resolución se realizará por alguno de los siguientes medios:

1. a) Sentencia condenatoria.
2. b) Orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
3. c) Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares penales para la protección de la víctima.
4. d) Certificado/informe acreditativo de atención especializada, expedido por un organismo público competente en materia de violencia de género.

Recuerden que en el artículo 63 de nuestro Reglamento de Ingreso se contempla la posibilidad de traslado por causa de violencia de género sobre la mujer funcionaria.

Publicada en el BOE de hoy 15 de diciembre:

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

• Orden JUS/2685/2015, de 4 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo de Directores de los Servicios Comunes Procesales por el sistema de libre designación.

  • PDF (BOE-A-2015-13601 – 3 págs. – 178 KB)
  • Otros formatos

(De conformidad con lo establecido en la vigente Orden de Horario y Calendario Laboral)

· Días 22, 23, 28, 29 y 30 de Diciembre de 2015  y 4 y 5 de Enero de 2016 se establece una jornada de  7 Horas/Día.

Franja rígida:
De 5 Horas entre las 9 y las 14 hs.

Franja Flexible:
Sólo mañanas de 7:30 a 9:00 hs.
y de 14:00 a 15:30 hs.

· Cortesía: 15 minutos a la entrada o a la salida.

Publicado en el BOE de hoy 10 de diciembre.

Orden JUS/2642/2015, de 26 de noviembre, por la que se resuelve concurso de traslados para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

STAJ ha presentado escrito a la Consejería exigiendo el cumplimiento del mandato que ha efectuado el Parlamento Andaluz a través de una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno de Susana Díaz a que modifique el régimen de descuentos por IT para equipararlo al de jueces y fiscales, mucho más beneficioso que el que padecemos los funcionarios de Justicia de Andalucía. Todo ello sin renunciar a que se elimine totalmente este injusto recorte.

Recordemos que esa proposición no de Ley es fruto de las conversaciones mantenidas por STAJ con grupos políticos en el Parlamento andaluz y fruto de ello el Grupo Podemos de Andalucía ha presentado una proposición no de ley en este sentido, que ha sido aprobada por mayoría absoluta al contar con el apoyo de los Grupos de Ciudadanos y Partido Popular y la oposición del PSOE.

A ello se une que en el ámbito del Ministerio de Justicia STAJ ha logrado que se aplique también ese régimen de descuentos por IT. Sorprende que en Andalucía el resto de sindicatos haya pactado con la Junta de Andalucía un régimen de descuentos mucho peor.