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Los colectivos profesionales exigen la suspensión y directrices para evitar el desbarajuste de la norma que enfrenta a la Junta y al Ministerio
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitirá la próxima semana unas directrices o recomendaciones generales a todos los juzgados de la comunidad autónoma para unificar criterios ante los problemas detectados en la puesta en marcha del objetivo «papel cero» en la Administración de Justicia. Unos problemas denunciados por todos los colectivos profesionales implicados y que ha llevado ya a algún juez a amenazar con no admitir demandas si llegan por vía telemática, a pesar de que desde el 1 de enero es obligatorio utilizar este formato. Otros juzgados carecen de medios para admitir documentos en formato digital. Mientras los problemas recaen en los profesionales y los administrados generando más demoras a la tramitación judicial, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia se culpan mutuamente del desaguisado.
El objetivo «papel cero», vigente en los juzgados españoles desde el pasado 1 de enero, se estableció en la Ley 18/2011, aprobada por consenso de todo los grupos políticos bajo el mandato del Gobierno de José Rodríguez Zapatero. La norma daba un plazo de cinco años para aplicar la gestión informatizada en los juzgados. El plazo se cumplía en julio de este año. No obstante, el Ministerio de Justicia decidió en 2015 adelantar el objetivo al 1 de enero.
El adelanto «precipitado» del objetivo es la excusa que plantea la Junta de Andalucía, con competencias plenas en materia de Justicia, para explicar el caos que reina ac tualmente en los juzgados andaluces. El propio consejero de Justicia, Emilio de Llera, califica la decisión de Rafael Catalá como una «manía» del ministro. «El papel cero era para haberlo hecho planificada y progresivamente, no de golpe y de manera sorpresiva» sostiene Llera.
Desde el Gobierno central se replica que la Junta conocía el plazo desde febrero de 2015 y que la herramienta principal para la gestión informatizada en Justicia, el sistema Lexnet, funciona desde 2004 y desde entonces ha gestionado más de 200 millones de notificaciones y tres millones de escritos.
Juan Antonio Luque, delegado del Sindicato de la Administración de Justicia (STAJ) en Málaga, enumera los tres grandes males del sistema: «no se ha formado a la plantilla, su capacidad —de envío— es limitada y no se ha conectado a la Fiscalía». Luque considera que está «deslavazado» y pone como ejemplo que en las salas «no hay ordenadores». «¿Cómo va a tener acceso el juez al expediente?», se pregunta.
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