Tras la comunicación de “cese del teletrabajo” enviada por la Consejería el martes 31 de octubre, hace unos minutos nos acaban de enviar nueva nota en la que informan ahora de la “suspensión transitoria del cese del teletrabajo”. El contenido de dicha nota, que será colgada en el portal Adriano, es el siguiente:
“NOTA INFORMATIVA PARA LA SUSPENSIÓN TRANSITORIA DEL CESE DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ANDALUCÍA, COMUNICADA MEDIANTE LA NOTA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS JUDICIALES, CON FECHA 31/10/23
Con fecha 31/10/23, desde la Secretaría General de Servicios Judiciales se emitió una nota informativa para el cese de las medidas organizativas y tecnológicas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía a partir del lunes 6 de noviembre de 2023.
No obstante, por parte de esta Secretaría General se informa que se suspende la aplicación del cese de las medidas referidas, en tanto se reciben los informes que se han solicitado al Gabinete Jurídico de esta Consejería, sobre la aplicación de tales medidas .
Sevilla, 2 de noviembre de 2023
SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS JUDICIALES
Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública
Secretaría General de Servicios Judiciales“
Por tanto, a la espera de ese informe jurídico, el teletrabajo se mantiene en Andalucía en las mismas condiciones que hasta ahora.
Desde STAJ seguiremos insistiendo en el enorme error que supone la suspensión del teletrabajo en la Administración de Justicia por el paso atrás que supone en esa pretendida modernización tecnológica de la que tanto alardea el Consejero en medios de comunicación desde que tomó posesión, además del retroceso que supone en los derechos de conciliación de vida laboral y familiar de los funcionarios de Justicia.
En cuanto se convoque la mesa sectorial que hemos solicitado, seguiremos exigiendo el mantenimiento del teletrabajo y el comienzo urgente de una regulación específica para nuestro ámbito autonómico, al margen de lo que decida el Ministerio de Justicia (al que también le estamos exigiendo lo mismo), porque entendemos que la Consejería tiene plenas competencias para regularlo.
