Como sabemos, la Ley 20/2011 está prorrogada hasta junio de este año 2020. Esta ley supone el desmantelamiento absoluto del Registro Civil tal como lo conocemos, sacándolo de Justicia y llevándoselo a otras Administraciones, sustituyendo las actuales oficinas de Registro Civil incardinadas en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados de Paz, por unas pocas oficinas generales en cada Comunidad Autónoma y al antojo de cada una de estas.
Una vez que se ha iniciado la nueva Legislatura y se ha formado el nuevo Gobierno, STAJ se ha dirigido por escrito a los Grupos Parlamentarios de ámbito nacional para solicitar una reunión en la que abordemos una solución urgente para el futuro del Registro Civil. STAJ considera necesario que la estructura territorial actual de las Oficinas de Registro Civil se mantenga, así como que continúe siendo un servicio público gratuito dentro de la Administración de Justicia y prestado íntegramente por personal al servicio de esta Administración.
