Prensa. Diario Córdoba. Una juez imputa a casi 400 personas por fraude en desempleo y en bajas.

El juzgado de Instrucción número siete de Córdoba está investigando un fraude a la Seguridad Social por valor de 1.624.140 euros en el que están implicadas 365 personas por cobro indebido de prestaciones de desempleo y otras 25 por diversas incapacidades transitorias, como bajas por enfermedad o maternidad que se tramitaban a través de mutualidades.

El fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de estas cooperativas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales, según el TSJA.

Las diligencias previas comenzaron en enero del año pasado tras un escrito de la fiscalía a instancias de la Seguridad Social, mientras que los interrogatorios se iniciaron hace mes y medio. En esta causa se han personado, de momento, la Abogacía del Estado, la Seguridad Social y el Servicio Público Estatal de Empleo.

El juzgado reclama refuerzos ante la sobre carga de trabajo.

La titular del juzgado de Instrucción siete, María Dolores Rivas, ha solicitado “a la Junta de Andalucía la puesta a disposición de forma urgente de dos funcionarios de refuerzo con el fin de acelerar la investigación en curso y evitar la prescripción de delitos”, según el TSJA.

El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce la excesiva carga de trabajo de los juzgados, que ahora se verá agravada en el Instrucción siete por una causa en las que hay implicadas –de momento– cerca de 400 personas con residencia en varias provincias, lo que supone un esfuerzo extra. Entre quienes ya han declarado hay vecinos de Pozoblanco, Cabra, Jaén, Andújar y Granada, según ha podido saber este diario.

Las notificaciones, declaraciones y autos se van a multiplicar en los próximos meses, y la sobrecarga se va a notar más cuando recientemente se ha suprimido el contrato a una interina.

También es compleja la investigación de la operación Fénix, por fraude fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la compra venta de oro, que lleva el juzgado de Instrucción número dos de la capital cordobesa. La causa se abrió hace ya siete años y ante el elevado número de procesados (ahora son unos 90 pero llegaron a los 150), el TSJA optó por reforzar este órgano con un juez de apoyo “con motivo del procedimiento de especial dificultad”, como recoge en su Memoria del 2012. También la fiscalía destinó durante un tiempo a una fiscal en exclusiva.

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