STAJ cree que la restricción del uso de taxis derivará en un “colapso total” de los actos de comunicación
SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) –
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) advirtió hoy a la Junta de Andalucía que la restricción del uso de taxis por parte de los funcionarios en los actos de comunicación, como los embargos y las notificaciones, derivará en un “colapso total” de los actos de comunicación de las instancias judiciales.
El coordinador en Andalucía del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, José Luis Fernández Alaya, ha remitido un escrito al viceconsejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Ortiz Mallol, advirtiendo de que “son muchísimas las diligencias que practican diariamente”, extremo que “es posible únicamente si se cuenta con un servicio de transporte adecuado, como es el taxi, que aunque su número no es ni mucho menos suficiente, dado el volumen de trabajo, sí al menos podría considerarse aceptable”.
Sin duda, para el sindicato, el rendimiento de estos servicios y el de los funcionarios que realizan las diligencias de comunicación “se verá seriamente menoscabado si han de utilizar medios de transporte público colectivo únicamente”. “Las líneas de autobús urbano no llegan a todas partes ni muchísimo menos (además de la lógica lentitud del servicio en muchos casos), y, fundamentalmente en los pueblos, donde sin existir servicios de transporte público los funcionarios deben realizar diligencias en lugares muy alejados de la sede del órgano judicial o de difícil acceso, con desplazamientos interurbanos en numerosas ocasiones”.
Según figura en la misiva, “no es difícil adivinar que si se suprime el servicio de taxi, los actos de comunicación se ralentizarán irremediablemente y, con ello, la tramitación de los procedimientos judiciales, que legalmente dependen de la notificación personal de las resoluciones que se dictan”.
SUSPENSIÓN Y RETRASO DE JUICIOS
Así, señala el escrito, “se retrasarán y se suspenderán numerosos juicios por falta de emplazamiento o de citación de las partes o los testigos, se retrasará la ejecución de las sentencias, ya sean Civiles, Penales, de lo Social, Contencioso-Administrativo, Mercantiles, de Juzgados de Familia, de Violencia sobre la Mujer, etc., por no poder practicarse los actos de notificación y de ejecución que han de realizarse ordinariamente fuera de la sede judicial”.
“En definitiva, un grave perjuicio para el servicio público que padecerán los ciudadanos que verán como los procedimientos judiciales se retrasan aún más como consecuencia de la falta de medios personales y, a partir de ahora, también materiales”, dijo STAJ, que advirtió de un “colapso total que sufrirá la práctica de actos de comunicación en toda Andalucía”. “Pondrá en situación de riesgo a los trabajadores que habrán de realizar su labor en barrios desfavorecidos y sin la menor protección y posibilidad de auxilio que en muchas ocasiones es necesaria”.
En consecuencia, “solicitamos se deje sin efecto la Instrucción dictada por esa Viceconsejería, y manifestamos nuestro rotundo rechazo a cualquier medida que pueda comprometer la labor que realizan los funcionarios de la Administración de Justicia y que cause mayor dilación a los procedimientos judiciales, que por falta de medios, tanto personales como materiales, es ya insostenible”.
El Pais.com
Justicia baraja pedir a los funcionarios que usen su coche
J. M.-A. – Sevilla – 10/09/2009
Optimizar el parque oficial de automóviles y que cada funcionario utilice su coche con apoyo económico de la Administración son dos de las opciones que la Junta baraja, al margen del autobús, para sustituir los taxis que hasta ahora utilizaban los funcionarios de los juzgados para entregar las notificaciones.
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La medida, que ha causado gran preocupación entre jueces, fiscales y secretarios por los retrasos que originará, está previsto que suponga un ahorro de dos millones y está siendo estudiada por la Consejería de Justicia. Ayer el secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, se reunió con representantes de la judicatura, los secretarios y el ministerio público para estudiar posibles alternativas. “Es más cómodo ir en taxi, pero a pesar de que genera inquietud, es una medida que puede suponer reutilizar esos recursos”. Izquierdo aludió a la posibilidad de generar 40 nuevos empleos con el ahorro logrado.
El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, alertó sobre que hay lugares donde el transporte público no puede llegar y que ciertos procedimientos judiciales implican una “celeridad”. José Luis Fernández, del sindicato STAJ, alertó de que la medida derivará en un “colapso total” de los servicios.
