La Consejera de Hacienda afirmó ayer en el Parlamento de Andalucía que los empleados públicos andaluces podrán volver a percibir parte de los recortes “cuando hayan margen presupuestario”
Este miércoles día 11 de junio hemos asistido, invitados por el Grupo popular, al pleno del Parlamento de Andalucía, en el que la Consejera de Hacienda y Administración Pública ha informado de las previsiones de revisión de las medidas excepcionales aprobadas en materia de personal en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y de la puesta en marcha de medidas a fin de compensar a los empleados públicos andaluces la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por los recortes salariales aplicados consecutivamente entre los ejercicios 2012 y 2014.
Lo cierto es que el título de la comparecencia, solicitada ante el pleno del parlamento por el propio gobierno andaluz, nos hizo albergar alguna esperanza de que íbamos a recuperar algo de lo que nos llevan quitando en Andalucía dos años consecutivos o, al menos, que el recorte salarial terminaría este año. Nada más lejos de la realidad: La Consejera ha dicho, textualmente, que eso ocurrirá “cuando haya margen presupuestario”. O sea, que el año que viene, salvo milagro, los brutales recortes salariales que nos está aplicando la Junta de Andalucía van a continuar.
La Consejera empezó alabando el esfuerzo y la labor de los empleados públicos andaluces, justificando los recortes salariales y de derechos (especialmente, la ampliación de la jornada laboral y supresión de permisos) en las exigencias de contención del déficit impuestas por el Gobierno nacional, y para evitar privatizaciones y despidos masivos de empleados públicos, cosa que sí está sucediendo, según la Consejera, en otras CCAA gobernadas por el PP. En concreto, y por lo que respecta a Justicia, dijo que se ha evitado eliminar 500 puestos de trabajo.
Reprochó al Gobierno de Rajoy que la revisión de los objetivos de déficit en 3 décimas que recientemente ha acordado el Gobierno habría permitido a Andalucía acabar con los recortes salariales de los empleados públicos, al menos en parte, pero el Gobierno no lo ha permitido y no ha autorizado a las Comunidades Autónomas a que se beneficien de esas tres décimas de revisión (unos 3.120 millones de euros), que serán gastadas en su integridad por el Estado y no por las Administraciones autonómicas. Del mismo modo, ha reprochado al gobierno que haya devuelto a la Unión Europea el dinero que prestó para rescatar a la banca, cuyo préstamo vence dentro de diez años, en lugar de dar ese dinero a las CCAA o en utilizarlo para permitir que los empleados públicos recuperen parte del poder adquisitivo perdido después de cinco años de recortes.
Por último, insistió la Consejera en que a pesar de todo el recorte salarial decretado en Andalucía es una medida “transitoria” y por tanto, en cuanto haya dinero, se revisará y si es posible presupuestariamente, se eliminará.
La oposición dijo a la Consejera que mentía, porque no es cierto que no se hayan despedido a empleados públicos (según el PP, más de doce mil puestos de trabajo sin cubrir, entre sanidad y educación) y que si no hay “margen presupuestario” es por la política de despilfarro y mantenimiento de una Administración paralela inútil en su mayor parte, que gasta enormes cantidades de dinero, poniendo como ejemplo que sigue habiendo altos cargos de entes instrumentales y empresas públicas (por ejemplo, la RTVA), que tienen un sueldo más alto que el de la propia presidenta de la Junta de Andalucía. Concluyó pidiendo al gobierno andaluz que ahorre eliminando esos gastos inútiles y los entes instrumentales innecesarios, en lugar de seguir “metiendo la mano en la cartera” de los funcionarios de Andalucía.
Ver intervención en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
