El parlamento ha rechazado la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por el Partido Popular para reformar la Ley 20/2011de Registro Civil, cuya entrada en vigor lleva siendo post-puesta desde el año 2011 hasta la actualidad. Salvo Ciudadanos, que se ha abstenido, los principales Grupos políticos se han opuesto a la tramitación de la propuesta del PP, sin siquiera realizar enmienda o mejora alguna al proyecto popular.
Para STAJ resulta incomprensible que los Partidos Políticos se nieguen a estudiar y mejorar una Ley, la 20/2011, que deja en vilo a casi 5.000 funcionarios de Justicia de toda España, así como la gratuidad y cercanía de los Registros Civiles de toda España para el ciudadano, y que elimina de un plumazo la totalidad de las oficinas registrales actuales para dejarlas reducidas a unas cuantas y cuyo número, composición y dimensiones dependerá de las decisiones que al respecto adopten las CCAA.
La Proposición de Ley de Reforma presentada por el Gobierno a través del Partido Popular es manifiestamente mejorable, pero precisamente por ello los Grupos políticos deberían haber aceptado su tramitación para, mediante enmiendas, buscar un texto que satisfaga las necesidades de todos, modernizando el Registro Civil pero manteniendo su estructura de modo que siga siendo un servicio público completamente gratuito, enmarcado en el ámbito de la Administración de Justicia, servido por funcionarios públicos, y cercano a los ciudadanos, manteniendo las competencias registrales de los Juzgados de Paz. No debe olvidarse que la mayoría de la población española sigue residiendo en municipios de menos de 20.000 habitantes, que se verán afectados por la desaparición de las oficinas registrales de sus municipios.
Por ello desde STAJ denunciamos que con esta decisión vuelve el peligro de pérdida de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, el peligro de perder la gratuidad de los trámites que se realizan en los Registros Civiles y la lejanía de la inmensa mayoría de la población a su oficina de Registro Civil, todo lo cual trataba de resolverse con la propuesta de reforma, hoy rechazada, de la Ley de 2011.
Este juego político que se atisba en el horizonte de unas futuras elecciones resulta intolerable, no puede bloquearse la labor parlamentaria a expensas de unos intereses partidistas, sean del partido que sean, manteniendo en riesgo continuo el servicio público y el interés ciudadano.
Por ello, STAJ en unidad de acción con el resto de sindicatos representativos a nivel nacional exigirá tanto al Ministerio como a los Grupos políticos una solución pactada, que mantenga el Registro Civil como servicio público, gratuito, con su demarcación actual, incluidos los Juzgados de Paz, con plenas competencias y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.
