Ver esta noticia en prensa:
- https://www.diariosur.es/sucesos/denuncian-caos-reforma-juzgados-torremolinos-fuengirola-marbella-20251020202906-nt.html
- https://www.andaluciainformacion.es/articulo/malaga-tribunales/staj-culpa-junta-caos-tribunales-instancia-torremolinos-marbella-fuengirola/202510201322153154722.html?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=share_button
CAOS EN LA FASE II
La mayor transformación de la Administración de Justicia ha llegado a Andalucía y con ella un caos generalizado en los órganos judiciales.
La falta de previsión de medios físicos y las deficiencias informáticas unido a una prisa injustificada por llevar a cabo la implantación de los Tribunales de Instancia está originando una situación caótica de trabajo, en la que la desorganización y las dificultades son la tónica general en los ahora llamados Servicios Comunes de Tramitación y de Ejecución, que han venido a sustituir a los antiguos y ahora añorados Juzgados.
¿Era necesaria una reforma en la Administración de Justicia? Por supuesto, nadie pone esa cuestión en tela de juicio, pero una reforma de semejante magnitud debería hacerse desde una buena planificación, desde la previsión de medios físicos y materiales, desde la formación de los agentes implicados… nada más lejos de la realidad que estamos viviendo en Andalucía.
La fase II de la Implantación de los Tribunales de Instancia sólo afecta a 16 partidos judiciales de toda España con Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer en todo el territorio español y Sección de Familia, Infancia y Capacidad, y en Andalucía esos partidos judiciales se corresponden con tres partidos malagueños: Torremolinos, Fuengirola y Marbella. La falta de previsión de medios físicos y la dispersión de sedes en los tres partidos judiciales (con tres y cuatro sedes diferentes) está generando situaciones insólitas como que un funcionario cuyo puesto de trabajo está en una de las sedes se le haya asignado la ejecución de procedimientos civiles de una plaza judicial ubicada en otra sede distinta y ejecuciones penales de plazas judiciales ubicadas en un tercer edificio (sin conocimientos previos en el trámite de ejecutorias de delitos leves y sin recibir formación alguna para ello). Esto que parece absurdo es la realidad que se está viviendo en Fase II, un funcionario debe tramitar procedimientos que no están digitalizados y no los tiene a su disposición en su centro de trabajo, con la pérdida de tiempo y la disfunción que supone que el funcionario para cualquier consulta deba abandonar su puesto, un absoluto despropósito…
Los profesionales y los ciudadanos si quieren consultar sus procedimientos tienen que recorrer un periplo de sedes judiciales en busca del funcionario al que se le ha asignado su procedimiento porque no ha habido la previsión suficiente para poder ubicar a los funcionarios por Servicios comunes, sino que se encuentran dispersos en los diferentes edificios judiciales mezclados en despachos sin un orden lógico ni coherente.
Y por si fuera poco el caos organizativo, le sumamos la falta de autorización de comisiones de servicio por parte de la Consejería de las plazas vacantes de Fase II; se han cesado refuerzos de funcionarios, como el de Violencia sobre la Mujer de Marbella, por creación neta de plazas y un mes despues del cese no se ha autorizado su cobertura, traduciéndose en puestos de trabajo sin cubrir en una jurisdicción sobrecargada por la comarcalización y que además acaba de ampliar sus competencias, implicando todo ello un riesgo importante en la protección de las víctimas de Violencia de Género. O una plaza en la Fiscalía de Torremolinos, que nada tiene que ver con el Tribunal de Instancia y que sin embargo permanece sin cobertura desde agosto… son algunos ejemplos de la inoperancia y dejadez de la Consejería de Justicia andaluza.
Se entiende que todo cambio conlleva una fase de adaptación pero estas no son las condiciones para llevar a cabo el cambio; la Consejería de Justicia andaluza debería revisar sus prioridades y aprender de los errores de la fase I, que se han multiplicado en fase II y probablemente se agraven de forma exponencial en la última fase que afecta a los grandes partidos judiciales de Andalucía y que pretenden implantar el 31 de Diciembre de este año.
