Dice en su discurso que revisará la ley de tasas judiciales y apuesta por un sistema de Registro Civil eficaz y ágil
Prensa: El nuevo ministro de justicia revisará la Ley de tasas judiciales.
El nuevo ministro de Justicia Rafael Catalá ha fijado el “análisis” y la “mejora” en la aplicación de las nuevas tasas judiciales, la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Registro Civil entre sus prioridades al frente del Ministerio. Catalá ha recibido este lunes la cartera de Justicia de manos de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Palacio de Parcent. Esta mañana ha jurado el cargo en el Palacio de la Zarzuela y, acto seguido, ha participado en el Consejo de Ministros que ha aprobado recurrir la consulta soberanista de Cataluña ante el Tribunal Constitucional.
“Os convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo equilibrado de las reformas pendientes”, ha trasladado Catalá a todos los operadores jurídicos, para pedirles su colaboración a cambio de ofrecerles “diálogo, lealtad y voluntad de consenso”.
PRIORIDADES COMO MINISTRO
Catalá, que ha regresado a la que fue su “casa” entre 2002 y 2004 como ‘número dos’ de José María Michavila, ha fijado sus prioridades para este año de legislatura: la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la “mejora” de los sistemas de justicia gratuita, el “análisis y la mejora” en la aplicación de la ley de tasas, la “mejor versión” final de la Ley de Servicios Profesionales y la implantación de un sistema eficaz y ágil de Registro Civil.
Además, ha prometido aumentar las plazas de jueces y fiscales para dar solución a la situación de jóvenes que salen de la Escuela Judicial y no tienen destino. Aunque no ha citado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revoluciona el mapa judicial, sí ha mostrado su compromiso para trabajar a favor de una justicia electrónica.
Catalá ha agradecido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la compleja pero gratificante tarea que le ha encomendado para dirigir un “Ministerio de Estado”, asociado a la mejora de la Administración de Justicia, algo que constituye un pilar del Estado. En este sentido, ha recordado que el Estado social y democrático de derecho tiene entre sus fundamentos el imperio de la Ley, cuyo amparo queda garantizada con la “inalienable libertad y la obligada igualdad de todos los ciudadanos”.
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Recordemos que STAJ ha combatido fuertemente la Ley de Tasas, pues impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que menos recursos tienen, habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma por diversos grupos parlamentarios, además de haber forzado una modificación que suavizó, aunque de forma insuficiente, las previsiones de esa Ley.
En cuanto al Registro Civil, ya ha sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del Registro Civil, que también ha sido impulsado por STAJ y que ha sido interpuesto por varios grupos políticos del Congreso de los Diputados. Si la idea del nuevo Ministro confirma la privatización, STAJ continuará con las movilizaciones y todas las acciones que está realizando contra la misma, sin descartar la convocatoria de huelga.
Entre las reformas proyectadas por el anterior Ministro, la que más directamente afecta al estatuto jurídico de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley no parece estar entre las prioridades del nuevo Ministro, de lo cual no podemos sino alegrarnos, pues como llevamos años diciendo desde STAJ, la solución a los problemas de la Justicia en España no pasa por reformar una y otra vez la ley, sino en invertir más y mejor en medios humanos y materiales, incrementando el número de jueces y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y llevando a cabo una auténtica modernización tecnológica de la tramitación procesal.
En 2003 ya se reformó la LOPJ para introducir un nuevo modelo de organización de las oficinas judiciales, que aún está en fase muy inicial de implantación, y que si está fallando en algunas ciudades es precisamente por la falta de inversión. Gallardón ha intentado dar un paso más allá, y no se ha contentado con esa reforma de la oficina judicial, sino que también ha pretendido una modificación sustancial de la organización judicial, mediante la creación de tribunales de instancia. Pero de inversión en medios humanos y materiales, no ha habido nada nuevo en la etapa de Gallardón.
Sea como sea, y gracias a las presiones realizadas desde diversos sectores (judicatura, municipios) y muy especialmente por STAJ y las organizaciones firmantes del preacuerdo suscrito en el mes de julio, si el nuevo Ministro pretende continuar con la reforma de la LOPJ, se va a encontrar un proyecto que no se parecerá en nada al inicialmente propuesto por el anterior Ministro, pues aunque contemple la existencia de los tribunales de instancia, no desaparecerán los partidos judiciales, ni las oficinas judiciales de paz –aunque sí sus jueces-, y, en cuanto al estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia, los centros de destino serán municipales y no provinciales, manteniéndose los centros actualmente previstos en la Ley, prohibiéndose la movilidad geográfica ordinaria forzosa, o potenciándose la promoción interna, entre otras cosas que se mejoran, además del compromiso de un desarrollo reglamentario para mejorar cuestiones como las sustituciones o las comisiones de servicio. Por cierto, a ese sindicato que no para de mentir en sus panfletos le decimos que STAJ jamás avaló el anteproyecto de LOPJ. STAJ lo que ha hecho es luchar para que el texto originario del Anteproyecto se modifique para salvaguardar los derechos de los funcionarios de justicia y sus puestos de trabajo, y lo ha logrado, precisamente con la firma del preacuerdo.
STAJ ya ha solicitado al Ministro una reunión urgente donde abordar todas estas cuestiones. Esperemos que esa mano tendida que ha mostrado en su toma de posesión, llegue a los trabajadores que constituimos más del 80 por ciento de quienes trabajamos al servicio de la Administración de Justicia.
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