MANIFIESTO
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Los Sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación, Justicia y Administración General de la Junta de Andalucía vuelven a unirse para luchar contra los sucesivos e injustos ataques contra el funcionario público andaluz y los nuevos discriminatorios recortes económicos.
Este frente común está constituido por FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes) integrada por los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía); FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad) formado por SATSE (Sindicato de Enfermería) y ANPE (Sindicato Independiente de Profesores); USAE (Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería) compuesta por FATE (Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios) y SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería); y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia).
Las organizaciones sindicales más representativas de funcionarios en Andalucía, y mayoritarias en su ámbito, rechazan estas reiteradas medidas de recorte que vuelven a basarse en la arbitrariedad y en la injusticia y que incumplen cualquier legislación y los principios constitucionales. Los ocho sindicatos firmantes denuncian la discriminación común que padecen los colectivos funcionariales, una vez más, únicos en España que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del próximo año 2.014 o cuantías equivalentes en sus complementos.
La reducción de las pagas adicionales es una medida para cumplir los objetivos de déficit, aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un 10% de las percepciones variables, que preveía ahorrar, según el Plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros.
Pero, tan sólo el gasto total en complemento específico de, únicamente, el personal funcionario de la Administración ha tenido un descenso de 2.012 a 2.013 de 284,7 millones de euros, cuantía resultante de cotejar la diferencia en el coste total en dicho concepto de los presupuestos de 2012 y 2013.
La no percepción de las dos pagas adicionales del personal funcionario y estatutario de la Junta de Andalucía, supone un ahorro para la Administración de 249,2 millones de euros, montante muy por encima del ahorro necesario en el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero. ¿Dónde se destinarán los 106,4 millones de euros de diferencia?
Los sindicatos vuelven a rebelarse contra el constante abatimiento del sector público y manifiestan su absoluto desacuerdo con los reiterados y bruscos recortes que recaen sobre funcionarios, estatutarios y laborales, mientras multitud de conceptos presupuestarios prescindibles son intocables. Es insensato e imprudente que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, sobre los servicios públicos y sobre el personal que accede a la Administración por procedimientos legales, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros, queden ilesos de cualquier tijeretazo.
Los sindicatos denuncian que se silencie la merma en la calidad en los servicios públicos, se utilice como excusa el ahorro para volver a perjudicar a un colectivo garante de los derechos de los ciudadanos y que, sin embargo, no se aminoren partidas económicas tan excesivas como las percibidas por los diputados del Parlamento de Andalucía, que cobran como mínimo unos 4.311 euros al mes (sin incluir transporte).
Ya se han tomado las primeras medidas contra el recorte como la exigencia por escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a la Secretaría General para la Administración Pública, que se lleven a cabo reuniones urgentes con los representantes de los trabajadores para llegar a soluciones comunes y que se eviten decisiones tan sesgadas e imprudentes como las que se están tomando.
Existen claras alternativas de contención del gasto público. Por ello, los sindicatos mayoritarios proponen aligerar la Administración adelgazando radicalmente la estructura de la descomunal Administración paralela que supuso más de 3.200 millones de euros en los presupuestos de 2013, más de 5.000 según datos publicados en prensa, las millonarias subvenciones a sindicatos y partidos políticos, los astronómicos sueldos y dietas de altos cargos, etcétera.
Los acuciantes recortes en materia económica y social que arrasan al sector público, no tienen precedentes y han provocado efectos colaterales como el deterioro de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal o las cargas de trabajo, que repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios trabajadores. Es más, estos tijeretazos quiebran el principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española vinculado con el de confianza legítima consagrado por jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
Los funcionarios de la Junta llevan años marcados por los tijeretazos. Desde 2.010 este personal arrastra en la Administración General la congelación salarial con una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%, la disminución del sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y productividad y la merma de la paga extra entre un 46,30% y un 1,3%, dependiendo del grupo. A lo anterior, hay que añadir la rebaja de días de asuntos propios, el aumento de la jornada laboral, la suspensión de ayudas de acción social, la ausencia de OEP y concursos de méritos y el consiguiente aminoramiento de funcionarios y perjuicios en la carrera administrativa, etcétera. Todos estos recortes se mantienen actualmente, por lo que la nueva poda del Gobierno autonómico a la paga extra supone un sacrificio insostenible.
En el ámbito de la Sanidad, los profesionales sufren con especial virulencia los recortes en sus nóminas, pues el tijeretazo del 10% en los conceptos variables, esto es los que retribuyen la penosidad de las condiciones laborales como noches, festivos, jornada complementaria y dispersión geográfica, afectan a cerca del 50% de su salario. A esto se suma una política de personal basada en criterios puramente economicistas, con nula sustitución y contrataciones basura para los eventuales al 75% o menos de salario, generando una situación que, de mantenerse un año más, derivará en un verdadero desmantelamiento del sistema sanitario andaluz. A esta circunstancia se una la torticera aplicación del incremento de la jornada laboral de 37,5 horas obviando, entre otras cuestiones, el reconocimiento del solape para el personal sanitario o la ponderación de jornada para los turnos nocturnos que, pese a estar contenida en el decreto que regula la jornada sigue sin cumplirse.
Educación no iba a ser menos. La Junta ha conseguido que los profesores andaluces sean los docentes peor pagados de España. Es más, no se han adoptado medidas para paliar la pérdida de 4.289 profesores de enseñanza secundaria producida el curso pasado, retrocediendo las cifras de plantilla a las de hace un lustro, y se mantienen las restricciones presupuestarias para la contratación de personal interino sustituto. Todo ello afecta directa y negativamente a las medidas de atención a la diversidad, compensatorias de las desigualdades en educación.
Mientras se mantienen instrumentos como la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los centros de enseñanza se ven afectados por la reducción de las partidas dedicadas a sus gastos de funcionamiento y dotación en equipamientos, dificultando hasta extremos insospechados la labor docente del profesorado que presta servicio en aquellos
En la Administración de Justicia, los funcionarios también seremos los peor pagados de toda España, junto con los funcionarios catalanes, a pesar de ser los más productivos de todo el Estado, según rezan las estadísticas; a ello se une que padecemos un trato discriminatorio con respecto a jueces y fiscales en materia de descuentos por bajas laborales, la congelación de la oferta de empleo público y la ralentización en la cobertura de puestos de trabajo, incrementos de jornada, etc. Para colmo, la Consejería de Justicia se gasta el dinero de los trabajadores en implantar y promocionar su faraónico proyecto de Nueva Oficina Judicial, sabiendo que en el ámbito gestionado por el Ministerio ha sido un rotundo fracaso, por falta de inversión.
Los sindicatos profesionales andaluces condenan el atropello, el desprecio y el desprestigio al que constantemente la Junta de Andalucía somete a sus trabajadores, castigándoles y haciéndoles culpables de la mala gestión de la propia Administración.
¿Cuándo permitirá el Gobierno andaluz que la Mesa General de la Función Pública esté integrada por los sindicatos que verdaderamente han obtenido representación para ello? ¿Cuándo va a empezar el gobierno andaluz a desmantelar la Administración Paralela creada en los últimos treinta años? ¿Cuándo se van a acatar las sentencias del TSJA y del Tribunal Supremo que instan a la Junta de Andalucía a proporcionar el mismo trato a todos los sindicatos?
Las respuestas a estas preguntas se dilatan, cada vez más, en el tiempo y los políticos se han acostumbrado a aprobar los presupuestos por imperativo legal, en lugar de cumplir la Ley y acatar las sentencias de los Tribunales.
