Consumidos casi tres años de mandato el balance en el terreno de las retribuciones del personal funcionario, bajo la competencia de la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local no puede ser más negativo.

En lo que se refiere a la cartera de “Administración Pública” los funcionarios de la Administración general de la Junta de Andalucía son los peor pagados de todas las administraciones autonómicas de España, según un informe del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Cobran más de 10.000 euros menos al año que los de otras autonomías. Además, son los únicos, junto al personal de Justicia de Andalucía, claro está, a los que se les sigue adeudando los recortes económicos bestiales que sufrieron durante los años 2013 y 2014. Deuda esta, ojo, reconocida por la propia Junta de Andalucía en los Acuerdos de 13 de julio de 2018 para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y el de 27 de noviembre de 2018 para el personal de la Administración de Justicia en el ámbito territorial de Andalucía. Transcurridos más de 6 años nos preguntamos cuándo se va a cumplir esta devolución, porque los descuentos realizados al personal de Justicia con motivo de la huelga de 2023 sí, es decir, la deuda que los funcionarios de Justicia tenían con la Junta de Andalucía, sí que se han ejecutado a pesar de tener menos antigüedad.

La Junta de Andalucía está dando un ejemplo poco edificante con esta deuda contraída con sus funcionarios porque ni cumple con lo que dijo y acordó en sede parlamentaria en febrero de 2018 respecto a la inmediata devolución de estos recortes al personal de Justicia, ni cumple con los Acuerdos que firmó en julio y en noviembre. Los Acuerdos se firman para cumplirse. ¿Hasta cuándo van a seguir incumpliéndose unos Acuerdos que están publicados en el BOJA?

Respecto a la cartera de “JUSTICIA”, próximos a cumplir los 3 años de mandato de gobierno andaluz, no podemos decir nada bueno.

Desde que en junio de 2023 el gobierno autonómico del país vasco decidiera revisar el complemento específico de su personal de Justicia, el resto de ámbitos, como si de un efecto de contagio se tratase (no hay que olvidar nunca que los Cuerpos Generales tienen en toda España la misma forma de acceso e idéntico trabajo), han venido aumentando el suyo y de nuevo nos hemos quedado los últimos, Andalucía aún no ha revisado el suyo, ni existe voluntad de hacerlo, a pesar de que los funcionarios y funcionarias de Justicia tienen motivos para su revisión como pueden ser el estar soportando el mayor número de asuntos ingresados por cada 1000 habitantes, esto es, una de las tasas de litigiosidad mayor de España y por la implantación y desarrollo del nuevo programa de gestión @driano, que requiere un considerable esfuerzo de adaptación y formación extraordinario. Pero es que, aunque si no existieran estos motivos constituye fundamento suficiente para revisar este complemento el argumento expuesto en el Acuerdo de Aragón, última comunidad autónoma que ha obtenido un Acuerdo de revisión. Para la Consejería de Justicia de Aragón el objeto de este Acuerdo es, aminorar “… las diferencias salariales existentes entre los funcionarios de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón y las retribuciones que perciben los funcionarios de Justicia de otras Comunidades Autónomas”.

Este estancamiento en nuestras retribuciones, seis años llevamos sin revisarlas con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, contrasta con las remuneraciones de nuestro Consejero, a él no le gusta ser el último como nosotros, él prefiere estar entre los mejores remunerados de España.

De esta manera, el Decreto Ley 11/2023 mejoró las retribuciones de todos los altos cargos andaluces, entre ellos, nuestro Consejero de Justicia José Antonio Nieto, un 15% y la del Presidente, Juan Manuel Moreno, un 18,8%.

Con esto nuestro Consejero ha visto incrementado su sueldo hasta los 83.758,22 euros anuales, sólo por detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco, superando los sueldos de los de Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Canarias, Baleares y Cantabria, situándose así en el ranking de Consejeros de Justicia en el puesto nº 4, precisamente el mismo puesto que ocupaba el personal de Justicia antes de que nuestro Consejero tomara posesión de su cargo en junio de 2022. Desde esa fecha, desde que ocupa el cargo de consejero de Justicia nos ha relegado a ser los peor remunerados de toda España.  

Hace unos días me decía una funcionaria de Justicia con más de 40 años de antigüedad, de las que le importa y le gusta verdaderamente el trabajo que desempeña, que la Administración de Justicia en Andalucía está peor que nunca, nunca ha estado tan mal como ahora, me confesaba. 

Y no exagera, la pendencia de escritos aumenta, las demandas tardan en incoarse, los juicios se señalan para celebrarse dentro de años, el programa informático @driano se cae día sí y al otro también paralizando la actividad judicial y a nadie parece importarle. El desencanto en el personal de Justicia que es el verdadero motor de la Administración de Justicia, es generalizado. Sr. Consejero se está ofreciendo al ciudadano andaluz una justicia lenta, falta de medios, de recursos y, sobre todo, carente de motivación de su personal, dicen que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.

A poco más de un año para las elecciones Andalucía ostenta el triste honor de ser el único ámbito territorial que tiene movilizado a su personal de Justicia, reivindicando lo que otros funcionarios y funcionarias de Justicia ya han obtenido de sus respectivos ámbitos y lo tienen incluido en sus nóminas. Da la sensación de que nuestro Consejero goza al vernos reclamar nuestros derechos en aquellos lugares a dónde él acude. Esta semana nos ha tocado recordárselo en Sevilla (el miércoles) y en Granada (el viernes) con motivo de las Jornadas del Plan Estratégico de Justicia en Andalucía, pura propaganda que no refleja, mejor dicho, que tapa, que oculta el estado actual de la Administración de Justicia en Andalucía.

Señor Consejero, le pedimos que cese esa animadversión hacía el personal de Justicia; señor consejero le solicitamos que aparque por un momento su agenda, cargada de reuniones, de eventos y de inauguraciones y se detenga por un momento a hablar con los representantes de los trabajadores, le rogamos que dialogue con los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia en Andalucía, converse y llegue a un Acuerdo con quienes verdaderamente hacen que la maquinaria de la Administración de Justicia funcione en Andalucía.

La Consejería nos ha convocado a STAJ a una mesa sectorial para el próximo martes 28 de enero para hablar de todo menos de subida salarial en el complemento específico. Por lo tanto, en este año de 2025 que acabamos de estrenar la Consejería de Justicia continúa en la misma línea de menosprecio a su personal de Justicia con el que acabó el año 2024. Todo permanece igual en Andalucía.

Entre tanto la vida continúa y avanza en otros ámbitos estatales, a mediados del pasado mes de diciembre 2024, nos hemos encontrado que dos comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, a saber, Aragón y Cantabria han firmado con sus respectivas Consejerías sendos acuerdos de incremento del complemento específico.

Por otra parte, el pasado 15 de enero, otro ámbito, la Conselleria de Justicia de Valencia ha citado a los sindicatos a una futura mesa sectorial para el próximo día 27 de enero con orden del día sobre revisión de su complemento específico. Además, en el ámbito gallego, el próximo día 4 de febrero la Dirección General de Xustiza de la Comunidad Autónoma de Galicia celebrará una mesa Sectorial donde se hablará también del complemento específico.

El círculo se va cerrando y ya solo quedan dos comunidades autónomas donde se sigue sin saber nada sobre la negociación de su complemento específico, a saber, Navarra y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En Andalucía, sobran los motivos para esta más que merecida revisión del específico, a los fundamentos ya expuestos en reiteradas ocasiones, primero, que esta Comunidad Autónoma lleva soportando varios años uno de los mayores números de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes y, segundo, el de la implantación y desarrollo del programa de gestión @driano, se une una nueva causa o motivo, la desigualdad y discriminación a la que siempre ha reaccionado el personal de Justicia andaluz, y que ha sido el motivo en que se ha fundamentado último de los Acuerdos de revisión del específico, el Acuerdo de Aragón, esto es, “las diferencias salariales existentes entre los funcionarios de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las retribuciones que perciben los funcionarios de Justicia de otras Comunidades Autónomas.”

Andalucía, ha vuelto a batir otro récord, negativo claro, ya no es la única Comunidad Autónoma que queda por restituir las pagas de 2013 y 2014, esto es, la última Comunidad Autónoma, sino que, además, va a ser la última en actualizar su complemento específico, es decir, la que tenga los funcionarios de Justicia peor pagados de España, la que peor trata a sus funcionarios de Justicia.

Entre tanto, nuestro Consejero José Antonio Nieto Ballesteros, único responsable de esta situación, amparado en su mayoría absoluta, rechazó las enmiendas a los presupuestos generales de 2025 en las que por parte del Grupo Socialista a instancias STAJ se solicitaba la devolución de los recortes de 2013 y 2014 y la negociación del complemento específico y va conduciendo y por ende condenando, al personal de Justicia de Andalucía, que siempre había estado entre las comunidades autónomas mejor pagadas, a ocupar el último puesto en el ranking de las comunidades autónomas que peor paga y, por consiguiente peor trata retributivamente, a sus funcionarios. Para el Consejero, como dice en una reciente entrevista, “Andalucía es la comunidad autónoma con la renta per cápita más baja de España, con el salario medio más bajo de España y no puede tener a los funcionarios mejor pagados”, eso sí, los políticos están en la media alta de los políticos mejor remunerados.

Frente a los potentes argumentos de los trabajadores de Justicia como son las revisiones salariales experimentadas en todas las Comunidades con competencia en materia de Justicia, por parte del Consejero todo son excusas, excusas y más excusas. Ha llegado el momento en que la situación es crítica, por lo que si no es capaz de solucionar lo que sí lo han hecho sus homólogos en el resto de ámbitos debería dar un paso al frente y abandonar una Consejería que le viene larga y lo que resulta contradictorio de su discurso es que exija responsabilidad y coherencia a los funcionarios que no se aplica a él mismo ya que durante 2024 nuestro máximo responsable de Justicia se ha subido el sueldo más de un 14 por ciento.

El consejero de Justicia de Andalucía se encuentra solo, rehúye el diálogo, síntoma del mal gobernante, y lo más triste de todo es que se cree en posesión de la verdad, careciendo de voluntad alguna para llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Hacer depender el aumento retributivo del personal de Justicia de la resolución de un recurso es una forma miserable de portarse con el personal de Justicia que no tienen la culpa de las disputas políticas.

Últimamente se refugia en sus planes estrella viajando por toda Andalucía, primero, en el más que cuestionado Plan de Infraestructuras Judiciales y, segundo, en potenciar la mediación. No para de difundir las bondades de la mediación que, por cierto, bien podría aplicarla para solucionar el conflicto que tiene con sus trabajadores de Justicia. Mediación señor, pero por mi casa no.