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La negativa de los Grupos parlamentarios a tramitar la proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, presentada por el Partido Popular en el Congreso, ha generado una situación de absoluta incertidumbre para los casi 5.000 funcionarios de Justicia que actualmente ocupan puestos de trabajo con funciones de Registro Civil.
Lamentamos que las disputas y estrategias políticas de cara a futuros procesos electorales hayan provocado una situación de bloqueo intolerable y por eso STAJ, en unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales representativas de Justicia (Csif, Ugt y Ccoo), exigirá a Ministerio y Partidos Políticos que busquen una solución pactada que además de modernizar el Registro Civil, lo mantenga como servicio público gratuito y cercano a la ciudadanía, integrado en la Administración de Justicia, manteniendo su demarcación y estructura actuales y los Juzgados de Paz y, por tanto, con todo el personal que actualmente ostenta funciones registrales.
Los cuatro sindicatos también recabaremos nuevamente el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues entendemos precisa su implicación dado que los municipios, especialmente los de menos población -que son mayoría-, se verán seriamente afectados por la Ley de 2011, si no se rectifica.