Descarga esta información en PDF
Hoy 1 de septiembre los sindicatos presentes en Mesa sectorial de Justicia de Andalucía hemos mantenido una primera reunión de presentación con los nuevos responsables del área de Justicia de la Consejería de Turismo, Justicia y Desregulación y Administración Local: María José Cañizares Castellanos, nueva Secretaria General de Justicia; Benito Damián Gálvez Rabadán, nuevo Director General de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos; y Ana María de Silva Molina nueva Directora General de Atención Judicial y Víctimas.
Productividad.-
En la reunión STAJ ha exigido, en primer lugar, la necesidad de agilizar la tramitación de la modificación del sistema de productividad de manera que se haga efectivo el pago de la partida prevista y ya aprobada para el ejercicio 2026. Llevamos cinco meses desde que se celebró la última reunión preparatoria, sin que se haya convocado la mesa sectorial para elevar a definitivo el documento que plasme el nuevo sistema de productividad, además de la forma de pago. Este retraso es inaceptable y por ello STAJ ha exigido una solución inmediata y que, entretanto y de forma transitoria, se abone la productividad conforme a las cantidades al sistema en vigor y cuya modificación está aún pendiente (así lo exigimos ya en escritos presentados desde hace dos meses y lo hemos reiterado hoy).
Tanto la Secretaria como el Director han manifestado que este es un asunto prioritario y durante este mes se comprometen a remover los obstáculos que están ralentizando la tramitación de la nueva productividad.
En cualquier caso desde STAJ hemos dejado claro que nunca nos gustó que la productividad se utilizase para mejorar las retribuciones, pues siempre hemos exigido, primero, el incremento del Complemento General de Puesto, y luego, el del Complemento Específico, pero que ante la cerrazón y empecinamiento del anterior Consejero, José Antonio Nieto, no hemos tenido más remedio que aceptar, so pena de quedarnos sin incremento retributivo. Pero lo que no podemos aceptar son más demoras, que mantienen a los funcionarios de Justicia andaluces como los peor pagados de todo el Estado, a pesar de ser la Comunidad con mayor tasa de litigiosidad.
Hemos pedido también a los nuevos responsables que impulsen ante el Ministerio la culminación de la negociación y tramitación del Real Decreto de Carrera Profesional, que sufre también retrasos inaceptables y por los que hemos requerido formalmente al Ministerio, como paso previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Implantación Tribunales de Instancia y Servicios comunes.-
Hemos puesto de manifiesto las notables disfunciones que está provocando la implantación de los tribunales de instancia, hecha a prisa con plazos brevísimos que han propiciado un proceso de acoplamiento caótico en muchos casos, y donde la organización del trabajo plasmada en los protocolos, manuales y acuerdos de algunos Letrados directores están sobrepasando los límites que marcan la propia estructura y Relaciones de puestos de trabajo aprobados por la Consejería tras la negociación colectiva (protocolos y manuales que STAJ tiene recurridos, de momento, administrativamente)
Hemos pedido además un estudio de las cargas de trabajo y la consiguiente modificación de las Relaciones de Puestos de trabajo, con incremento de la dotación de personal de los servicios comunes.
Los responsables de la Consejería han manifestado su intención de revisar todas las RPts y de incrementar esta dotación adaptándola a la carga de trabajo real. Desde STAJ les hemos recordado que ahora tienen una oportunidad de oro de materializar estas buenas intenciones, dado que el incremento de plazas judiciales aprobado por el Ministerio requiere también un incremento de las plantillas de funcionarios.
También hemos pedido la correcta identificación de las plazas vacantes y desiertas actuales, que está generando notables problemas en la oferta de plazas en los procesos selectivos y concurso de traslados.
Agilización de cobertura de vacantes.-
Desde STAJ hemos denunciado la lentitud en la cobertura de puestos de trabajo, donde aún hay puestos sin cubrir desde el último concurso de traslado. Tanto la Secretaria General como el Director General, a diferencia de la anterior Secretaria General de servicios Judiciales, han mostrado su sensibilidad y preocupación por la demora en la cobertura de las plazas vacantes, por lo que hay que buscar una solución y un acortamiento de los plazos de cobertura.
Infraestructuras.-
Es positivo que la misma Dirección General asuma las competencias tanto de Infraestructuras como de recursos humanos, no como hasta ahora, que estaban separadas, provocando la nula comunicación con sus responsables, que han hecho dejación de sus obligaciones de oír a los representantes de los trabajadores en esta materia.
No obstante, la gestión de las infraestructuras informáticas se traslada a otra Consejería y a la Agencia Digital de Andalucía, que asume esta competencia para toda la Junta de Andalucía, algo que no nos parece bien y que obligará a que desde Justicia se incremente el esfuerzo para que se solucionen los muchos problemas que las infraestructuras informáticas vienen generando desde hace mucho tiempo. No es de recibo que, por ejemplo, el CAU solo tenga 6 trabajadores, para toda la Administración de Justicia…
También hemos puesto de manifiesto la problemática de las sedes judiciales, cuya competencia directa sí corresponde a la Consejería. Hay edificios obsoletos, otros en estado ruinoso, con instalaciones deterioradas e insuficientes (ejemplos: Marzales en Algeciras, o los ascensores del Edifico Noga, en Sevilla, y muchos más), y la adaptación a la nueva organización judicial y de las oficinas se está haciendo de forma improvisada y sin contar con las organizaciones sindicales. Hemos aprovechado también para denunciar la falta de sensibilidad de la Delegación provincial de Granada, que durante los peores días de los recientes terremotos “no vio necesario” ordenar el desalojo de los edificios judiciales…
Los nuevos responsables de la Consejería son conscientes de los problemas y prometen buscar soluciones.
Teletrabajo.-
STAJ ha recordado la necesidad de regular el teletrabajo, que está previsto en una Disposición Adicional en la Ley orgánica 1/2025, fruto del Acuerdo de garantías suscrito por STAJ y otros sindicatos con el Ministerio de Justicia, además de autorizar las peticiones pendientes que se vienen realizando y que por sistema se están denegando, incluso con informes favorables de los LAJs. Los responsables de la Consejería creen necesario establecer un marco regulatorio por lo que esperamos que se aborde la cuestión de manera inmediata, tal como hemos pedido reiteradamente por escrito.
