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El consejero de Justicia reconoce que la puesta en marcha será "compleja" pero "revolucionaria"
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, reconoció ayer que la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal "va a ser compleja", si bien avanzó que una vez aprobada por el Gobierno andaluz habrá de ser abordada con todos los operadores jurídicos y las centrales sindicales.
De Llera, que asistió en Granada junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, a la comisión mixta entre el alto tribunal y la Consejería de Justicia, dijo que la implantación de esta nueva oficina supondrá una modificación "revolucionaria" en la administración judicial. "Desde luego eso hay que hacerlo con el auxilio de todos (…) Hay que cambiar la mentalidad", sentenció el titular de Justicia, que apostilló que esa modificación va a exigir el apoyo de la Consejería, del TSJA y su sala de Gobierno, de los sindicatos y de los funcionarios.
El consejero se mostró además a favor de una reestructuración de las plantillas, para evitar órganos judiciales sobredimensionados mientras otros son deficitarios, y señaló que hay que "agilizar" el sector por todos los medios y facilitar así su celeridad. De Llera se mostró "convencido" de que si la reforma es "dialogada" será más fácil que funcione y aclaró que no es "amigo de las imposiciones".
Con todo, la Oficina Judicial ya tiene oposición. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de la Nueva Oficina Judicial y ha solicitado su suspensión, ya que considera que supone una "vulneración flagrante" del derecho fundamental a la negociación de las condiciones de trabajo y del ejercicio a la libertad sindical.