El Ministerio de Justicia se plantea retrasar hasta la próxima primavera la redacción definitiva de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, basándose en dos argumentos fundamentales. Por una parte, el Ejecutivo quiere dedicar todos los esfuerzos de la cartera de Gallardón a la aprobación final del nuevo Código Penal. En segundo lugar y de paso, se podría aprovechar la circunstancia para enfriar las contundentes reacciones que han surgido en torno al proyecto.
Los presidentes de las Audiencias Provinciales se reunieron en Santander antes del verano para mostrar su oposición a la reforma. Consideran viable la creación de los Tribunales de Instancia pero se oponen a la eliminación de las audiencias y así lo firmaron en una carta que remitieron al ministro.
La totalidad de los estamentos del Ejecutivo se ha volcado desde mayo en la defensa de la tesis de que la reestructuración no supondrá el cierre de ningún juzgado… pero nadie ha explicado qué se va a hacer con ellos.