El hermano del presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, es uno de los asesores de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y se le achaca buena parte de la autoría intelectual de la reforma que traspasará competencias del Registro Civil a los registradores de la propiedad.
El borrador del departamento encabezado por Joaquín Rodríguez ha puesto de uñas a jueces, notarios, funcionarios, abogados y alcaldes porque lo interpretan como un asalto al poder de los registradores de la propiedad. E incluso ha suscitado una rebelión dentro del mismísimo cuerpo de registradores. Estos señalan dos problemas: por un lado, que estas funciones del Registro Civil conllevan muchos costes, hasta 300 millones de euros según algunas fuentes consultadas. Por otro, se niegan a asumir las funciones de un ‘gran hermano’, captando todo el tráfico jurídico.
Incluso el grupo del que Enrique Rajoy es uno de los cabecillas y que ha impuesto esta reforma, la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver, se ha roto a raíz de este debate. “En el Ministerio se les llama los hombres de negro y Gallardón tiene con ellos otra bomba lista para explotar”, coinciden fuentes próximas a la Administración.