Tal como hemos informado estos días, el Grupo Parlamentario Unidos-Podemos no va a solicitar la tramitación de su proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, del Registro Civil. El motivo: que ha agotado el “cupo” que le corresponde en este periodo de sesiones. Todo esto nos parece una tomadura de pelo ya que este mismo Grupo político pudo haber defendido su texto alternativo como enmienda a la totalidad a la proposición de ley de reforma presentada por el Grupo Popular. Sin embargo, al igual que hiciera el Grupo Socialista y algunos representantes del Grupo Mixto, Unidos-Podemos se opuso a que la proposición de ley fuera siquiera tomada en consideración. Vamos, lo que viene siendo el “perro del hortelano”, que ni come, ni deja comer. En definitiva, ninguna de las dos propuestas de reforma de la ley han sido posibles, porque ni siquiera se han podido tramitar en el Congreso.

Lamentamos el poco interés que están demostrando la mayoría de Grupos políticos ante el futuro de un servicio público tan importante como es el Registro Civil, siendo todos ellos responsables de la incertidumbre en que quedan los más de 5.000 puestos de trabajo afectados por la nefasta Ley de 2011.

En esta situación, ya no es posible, porque no hay tiempo suficiente para ello (la Ley entra en vigor dentro de dos meses y medio), la modificación de la ley, pero sí es posible una nueva prórroga de la entrada en vigor. Desde STAJ seguimos trabajando y no arrojamos la toalla, y por ello hemos solicitado, junto con los otros tres sindicatos representativos de Justicia (CSIF, CCOO y UGT), convocatoria urgente de Mesa Sectorial con el fin de acordar que desde el Ministerio de Justicia se promueva ante el Congreso de los Diputados la presentación de una iniciativa legislativa que incluya una nueva prórroga de dos años de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, iniciativa en la que solicitamos que queden ya modificados los artículos y disposiciones que sean precisos para dejar garantizados aquellos aspectos que ya gozan de mayoría parlamentaria y que son compartidos por el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales, como son:

• Que el registro civil siga siendo atendido en exclusiva por personal funcionario de la Administración de Justicia.
• Que los Encargados del registro civil sean funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
• Que se mantenga la actual estructura territorial del Registro Civil en los partidos judiciales y juzgados de paz.

Por otra parte, hemos tenido conocimiento de la convocatoria de concentraciones por parte de algún colectivo ajeno a las organizaciones sindicales de Justicia, movilizaciones que desde STAJ apoyamos, porque apoyamos cualquier movilización que suponga la defensa del servicio público del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia y servido por funcionarios de Justicia, y animamos a todos a que participéis en cuantas acciones o actos estén convocados o se convoquen en el futuro.

Accede a la hoja informativa conjunta STAJ, CSIF, CCOO, UGT.

El Grupo parlamentario de Unidos-Podemos se descuelga ahora diciendo que agotó el cupo de Proposiciones de Ley que puede presentar en el actual periodo de sesiones que finaliza en junio, por lo que no puede activar la referida al Registro civil y que había sido registrada en el Congreso de los Diputados en el mes de octubre de 2017.

El Registro civil, como servicio público esencial, exige “altura de miras” y debe estar por encima de la lucha cortoplacista de la política. El Ministro de Justicia se ha comprometido en varias ocasiones con las organizaciones sindicales con un modelo de Registro civil público, gratuito, electrónico, único, desjudicializado, gestionado por funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia y manteniendo la estructura territorial actual para hacerlo próximo al ciudadano, teniendo en cuenta que más de 16 millones de españoles residen en el ámbito rural.

Esta propuesta contaba con el apoyo de todas las organizaciones sindicales desde hace más de un año y medio, pero el Ministerio de Justicia decidió posponer la presentación de la proposición de ley y lo hizo en el peor momento político al no contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

El PSOE, manifestó en varias ocasiones su apoyo a esta propuesta, dado el consenso alcanzado con los representantes de los funcionarios, pero luego voto, en contra, sin dar ninguna otra razón que el tacticismo político. Otro tanto puede decirse de Ciudadanos que después de asegurar que no había problema para apoyar la proposición de ley del Partido Popular acabó absteniéndose sin dar razón de ese cambio en el voto.

Para terminar el cuadro nos encontramos con Podemos que, según dicen, defienden los servicios públicos y por ese motivo presentaron su propia proposición de ley para luego argumentar que carece de cupo para que se tramite para la toma en consideración en el Congreso a pesar de la amenaza que se cierne sobre uno de esos servicios públicos, el Registro civil. En este caso su responsabilidad consiste en que se negaron a votar a favor de la tramitación de la proposición de ley, renunciando a defender su propia propuesta en ese procedimiento y, luego, no han sido capaces de presentar esa proposición de ley cuando han tenido más de tres meses para hacerlo.

Ante este panorama CSIF, STAJ, CCOO y UGT exigimos:

1. La inmediata presentación de una nueva prórroga de la “vacatio legis” por un plazo mínimo de dos años de la Ley 20/2011 y que sea aprobada por los cuatro grupos parlamentarios sin utilizar la misma como arma arrojadiza.
   
2. Que esa “vacatio legis” incluya la garantía de lo comprometido por el Ministro de Justicia, que fue avalada por PSOE y Ciudadanos en las reuniones mantenidas con los cuatro sindicatos y que, además, está incluido en la proposición de Ley de Podemos. Registro civil público, gratuito, único, electrónico, desjudicializado, gestionado por los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia (Letrados, Gestión, Tramitación y Auxilio) y que mantenga la actual demarcación territorial y estructura, incluidos los Juzgados de Paz.
   
3. Que se convoque de forma inmediata la mesa de negociación para hablar e intentar buscar un acuerdo sobre el modelo de Registro civil del futuro sin líneas rojas. Que fue parte del compromiso en el año 2015 cuando desterró la propuesta de los Registradores y anunció una negociación “desde cero”.

A menos de tres meses de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, y tras el inexplicable rechazo parlamentario a la tramitación de la proposición de Ley presentada por el Grupo Popular en el Congreso, aún no ha comenzado tampoco a tramitarse la proposición presentada por el Grupo Podemos.

Ambas proposiciones buscaban el mantenimiento del Registro Civil como un servicio público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación territorial actual, manteniendo las actuales oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz, si bien la propuesta de Podemos es mucho más extensa y, entre otras muchas cosas, intenta recuperar algunas de las competencias que hasta ahora eran propias de Registro Civil y que el Ministerio de Justicia ha ido externalizando en los últimos años (como los expedientes de nacionalidad por residencia, o la posibilidad de tramitación de los expedientes matrimoniales y celebración de bodas civiles ante Notario). De ahí, precisamente, que no entendamos que este Grupo Político rechazara que se tramitara la proposición del Grupo Popular, pues podía haber presentado su propio texto como enmienda a la totalidad.

STAJ continúa manteniendo contactos con Ministerio de Justicia y con los Grupos políticos para desbloquear la situación. Hemos instado la búsqueda de consensos, y nos consta que se está trabajando en ello. El problema es el escasísimo tiempo que queda. Por ello, lo más probable será una nueva prórroga de la entrada en vigor de la Ley de 2011, pero STAJ ha exigido que aunque se produzca esa prórroga, la tramitación de la reforma de la Ley debe seguir su curso, pues en otro caso no se estará sino continuando la situación de incertidumbre en la que más de 5.000 funcionarios y funcionarias de Justicia, destinados en Juzgados con competencias de Registro civil, mantienen desde hace años.

Por otro lado, nos alegra que por fin haya colectivos que se hayan dado cuenta de la situación y ahora alcen su voz contra la ley de 2011. Nunca es tarde, aunque nosotros lo hemos venido advirtiendo desde que se tramitaba aquella ley, pues, como venimos diciendo desde entonces, con la Ley 20/2011, desaparece el Registro Civil tal como lo conocemos creándose unas cuantas pocas oficinas de Registro Civil al antojo de cada Comunidad Autónoma, quedando fuera de la Administración de Justicia, perdiendo sus destinos los funcionarios que ahora ocupan puestos de Registro Civil, reordenándose a otros puestos (los funcionarios de carrera) o directamente cesados (los funcionarios interinos), y poniendo en serio riesgo la continuidad de los Juzgados de Paz al desaparecer una de sus principales funciones. En resumen, el desmantelamiento total de las actuales oficinas de Registro Civil. STAJ lucha para que nada de eso suceda.