Tras dos semanas de espera, la Consejería ha informado hoy con algún detalle más -pocos- sobre el alcance de los recortes en nuestras retribuciones. Básicamente es lo que ya os habíamos informado en hojas anteriores, tras la última mesa sectorial:

COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- Se reducirá en una cantidad equivalente al 5%, aproximadamente, de las retribuciones brutas totales anuales, con efecto desde enero de 2012; lo que pretende la Junta es un recorte del 5% individualizado, por lo que dependerá de las retribuciones de cada funcionario según su destino, antigüedad, etc. La reducción de 2012 se prorrateará a partir de la nómina de julio, hasta la de diciembre, con lo que el impacto en nuestras nóminas de aquí a final de año será brutal. Por cuerpos será, como mínimo, lo siguiente:

Forenses: 2.250 euros (375 €/mes hasta diciembre-2012, 188 €/mes a partir de enero 2013)

Gestores: 1.350 euros (225 €/mes hasta diciembre-2012, 113 €/mes a partir de enero 2013)

Tramitación: 1.180 euros (197 €/mes hasta diciembre-2012, 98 €/mes a partir de enero 2013)

Auxilio: 1.050 euros (175 €/mes hasta diciembre-2012, 88 €/mes a partir de enero 2013)

PRODUCTIVIDAD.- Se reduce en un 10%.

ACCIÓN SOCIAL:- Se suspende la acción social, incluida la de 2011, publicada recientemente.

PREMIO DE JUBILACIÓN.- Se suprime el premio de jubilación.

JORNADA DE TARDE EN REGISTROS CIVILES.- En esta ocasión no han dicho nada de los Registros Civiles, pero en la reunión del 23 de mayo la Consejería adelantó que estudiaría una suspensión “selectiva” del plan de tardes en los Registros Civiles.

LIBERADOS SINDICALES.- También se reducirá su número de forma considerable, aunque no han concretado cuántos.

JORNADA Y HORARIOS.- Pretenden incrementar la jornada ordinaria hasta 7 horas y 45 minutos diarios, con jornadas reducidas en verano y en fiestas locales. No han concretado cómo lo harán.

LICENCIAS Y PERMISOS.- Pretenden eliminar todos los que no estén recogidos en normativa estatal.

INTERINOS.- No se reduce la jornada, como tenían previsto. No lo hacen no porque no quieran, sino porque no pueden, no pueden imponer un horario diferente sólo para los interinos.

La reunión ha sido penosa, pues la Consejería, disfrazando la reunión bajo la apariencia de “mesa sectorial”, se ha limitado a informar de los recortes y a oír las protestas sindicales, pero sin entrar a discutir ni una sola de las propuestas de alternativas a los recortes que, al menos desde el STAJ, hemos presentado. Una reunión en la que, esta vez sí, ha comparecido el nuevo Consejero de Justicia e Interior, aunque sólo ha permanecido con los sindicatos cinco minutos, para presentarse y para culpar de los recortes a las “imposiciones” del Gobierno de Rajoy. Por cierto que cuando el Consejero ha abandonado la Consejería, lo ha hecho con sus escoltas y en coche oficial, un Audi A6 3.0 quattro TDI (unos 70.000 euros que cuesta), estampa que cuando menos debe calificarse de vergonzosa tras haber “defendido” la segunda bajada de sueldos de los trabajadores de la Administración de Justicia, hecho sin precedente en nuestra democracia.

Desde el STAJ hemos vuelto a exigir la retirada del plan de recortes, y hemos vuelto a pedir que se ponga fin al despilfarro que aún persiste en la Junta de Andalucía y sobre todo al enchufismo en la “administración paralela” colocando a sus correligionarios que son a quienes realmente quieren proteger cuando afirman que pretenden salvaguardar el “empleo público”, para que todos esos enchufados no pierdan sus puestos de trabajo, conseguidos sin cumplir los requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que se nos ha exigido a los funcionarios públicos.

Hemos vuelto a exigir la retirada de las subvenciones a sindicatos, patronal, etc. etc., que no sirven para nada, más que para dilapidar dinero público a espuertas y para fomentar el clientelismo y las desigualdades.

Hemos vuelto a exigir que reduzcan el volumen de una Administración duplicada y sobredimensionada, donde lo que sobra no son los funcionarios sino los políticos, (presidentes, vicepresidentes, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales, jefes de gabinete, delegados provinciales, y cientos de cargos políticos de “confianza”, además de un sinfín de enchufados inútiles).

Hemos vuelto a exigir que suspendan las obras superfluas –por ejemplo, el nuevo despacho de la fiscalía del TSJA en Granada, donde la Junta gastará nada menos que 6.000.000 euros-.

Hemos vuelto a exigir que se elimine la formación a jueces, secretarios judiciales y fiscales a cargo del presupuesto andaluz. Si la Consejería no puede recortarles su sueldo porque no tiene competencias sobre ellos, que tampoco se gaste ni un céntimo en su formación.

Hemos exigido un sinfín de medidas de austeridad que la Junta, por supuesto, no está dispuesta a adoptar, pues es mucho más fácil meter la mano en el bolsillo de los funcionarios públicos.

Ante todo este atraco, el STAJ, además de las movilizaciones que ya tenemos convocadas y las acciones legales que emprenderemos contra los recortes, estudiaremos si solicitamos la devolución de las competencias de Justicia al Estado, porque las transferencias no sólo no han servido para mejorar la Administración de Justicia, sino que la han empeorado y encarecido notablemente por la existencia de cargos políticos inútiles que agradecen el esfuerzo de los funcionarios colocándonos como los peor pagados y con los derechos más recortados de toda España.

CONTRA LOS RECORTES: MOVILÍZATE, NO TE CONFORMES

En la mañana de hoy se ha celebrado reunión de mesa sectorial en la que la Consejería ha avanzado a los sindicatos el alcance de las medidas de recorte salarial en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía. Recordemos que la Consejería sólo tiene competencias sobre nuestro complemento específico y sobre el complemento de productividad, por lo que respecta a las retribuciones, y para la concreción del horario de trabajo en los órganos judiciales, en desarrollo de la orden ministerial que regula esta materia y la propia LOPJ, según la cual el horario de trabajo en los órganos judiciales es el mismo que en el resto de la Administración General del ESTADO. Por tanto, el margen de regulación de la Junta de Andalucía en estas materias es limitado.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- Se reducirá en una cantidad equivalente al 5%, aproximadamente, de las retribuciones brutas totales anuales, con efecto desde enero de 2012; pendiente de concretar la cantidad exacta y forma, y si afectará a todos por igual -por cuerpos-, o dependerá de las retribuciones que tenga cada uno, en función de su antigüedad y destino, aunque visto lo sucedido en Cataluña y Canarias, nos inclinamos por esto último. La Consejería, como decimos, no ha concretado nada, ni cómo distribuirá el recorte en lo que queda de año, ni en qué cuantía exacta lo hará. Nosotros estimamos que, de media, a un médico forense le supondrá una reducción de unos 2250 euros anuales, a un gestor podría suponerle unos 1350 euros, a un tramitador unos 1180 euros, y a un Auxilio unos 1050 euros.

PRODUCTIVIDAD.- Se reduce en un 10%.

ACCIÓN SOCIAL:- En principio debe desaparecer, pero no saben si la publicada la semana pasada en BOJA se suprimirá o no, tienen que estudiarlo.

PREMIO DE JUBILACIÓN.- Se suprime el premio de jubilación.

JORNADA DE TARDE EN REGISTROS CIVILES.- La Consejería va a estudiar una suspensión “selectiva” del plan de tardes en los Registros Civiles, sin que tampoco haya concretado exactamente qué quiere decir con esto (es decir, no dice si afectará a todos los Registros Civiles, y por tanto se reducirá el número de funcionarios que presta el servicio por las tardes, o si sólo afectará a algunos Registros Civiles, suprimiendo la jornada de tarde directamente, o si reducirá el número de tardes y por tanto de retribución…)

Jornada y horarios.- Se incrementa la jornada y horario hasta las 37 horas y media semanales. Este incremento de jornada será flexible, sin que haya concretado tampoco la Consejería a qué se refiere con “flexibilidad”.

INTERINOS.- La reducción de la jornada laboral en un 15% a los interinos de la Administración de Justicia, no saben si pueden hacerlo, ni cómo, por tanto, están estudiando si esta medida se aplicará o no a Justicia y de aplicarse en qué medida y a qué puestos. Por cierto, tampoco han dicho si se va a abrir o no la bolsa de interinos que debió haberse abierto hace meses.

Desde el STAJ hemos exigido la retirada del plan de recortes, por ser injusto, por hacer recaer en los funcionarios las consecuencias del despilfarro permitido y propiciado por los dirigentes políticos de la Administración, por haber permitido que los banqueros, auténticos ladrones de guante blanco, y ellos mismos, se vayan de rositas y con las arcas llenas en una crisis de la que son responsables directos, por haber creado y permitido el despilfarro y el enchufismo en la “administración paralela” colocando a sus allegados que son a quienes realmente quieren proteger cuando afirman que pretenden salvaguardar el “empleo público”, para que todos esos enchufados no pierdan sus puestos de trabajo, conseguidos sin cumplir los requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que se nos ha exigido a los funcionarios públicos. Por haber permitido el despilfarro en el reparto de dinero público mediante subvenciones inútiles, no hay más que ver la enorme cantidad de millones de euros que se conceden para actividades de lo más variopinto a todo tipo de entes, muchas de ellas inútiles e incluso frívolas -no todas- en un momento como el actual, y que pagaremos los funcionarios directamente de nuestro bolsillo. ¿Por qué no han suprimido esas subvenciones muchas de ellas repartidas o autorizadas sólo unos días antes de las elecciones andaluzas, en lugar de robarnos a los funcionarios nuestro salario?

Consideramos que los recortes deberían aplicarse primero a los responsables políticos, desde el Presidente de la Junta de Andalucía hasta el último de los concejales de cualquier municipio andaluz. ¿Sabías que un diputado en el Parlamento andaluz percibe, como mínimo, 3.913,26 euros al mes, y puede llegar a más de seis mil, si se suman los complementos por cargos, dietas, gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, -muy por encima de lo que perciben los funcionarios como indemnización por razón del servicio cuando tienen que desplazarse fuera de su centro de trabajo-…? A eso se suman las retribuciones que perciben por sus cargos el Presidente de la Junta, los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Jefes de Gabinete y todos los cargos políticos de responsabilidad y resto de enchufados de la Administración, Diputaciones, Ayuntamientos, etc., etc. Eso, además de ser los únicos que sí pueden compatibilizar más de un cargo en el sector público (lo que a los funcionarios nos está prohibido), por los que reciben, por supuesto, las retribuciones que correspondan, que rara vez son de escasa cuantía, y la productividad, muy superior a la miseria que recibimos los funcionarios. Dicen que se reducirán en un 5% las retribuciones de los altos cargos, pero es evidente que a ellos no les dolerá el bolsillo como a nosotros.

Los funcionarios no somos los responsables de la crisis, los políticos sí, pero mientras a nosotros sí nos afectan sus consecuencias, a ellos, que son los que la han provocado, no les afecta lo más mínimo.

STAJ, está estudiando la posibilidad de interponer todo tipo de acciones que sean procedentes ante los tribunales para defender nuestros derechos y nuestros salarios. Y convocará en unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales cuantas acciones de protesta sean necesarias, de las que os informaremos en breve.

MOVILÍZATE CONTRA LOS RECORTES

NO TE CONFORMES

Se ha convocado a los sindicatos a Mesa sectorial de Justicia en Andalucía para el próximo día 23 de mayo, con el siguiente único punto del orden del día:

“Medidas en materia de Empleo Público en Andalucía. “

STAJ exigirá en esa mesa la retirada del plan de recortes de los sueldos y derechos de los funcionarios que ha anunciado el gobierno andaluz, por su injusticia y por hacer recaer nuevamente en los empleados públicos las consecuencias de una nefasta gestión y un despilfarro vergonzoso por parte de los dirigentes políticos, únicos responsables, por acción u omisión, de la situación actual.