En sesiones de mañana y tarde se han celebrado hoy las reuniones de mesa técnica y mesa sectorial de Justicia de Andalucía, que os resumimos a continuación:
Nueva herramienta de control de asistencia HERMES.-
Como os adelantábamos hace algunas semanas, la Consejería ha modificado la herramienta informática de control de asistencia, con el objetivo de mejorarla, llenando las muchas lagunas que tenía la herramienta actual y clarificando algunas cuestiones que eran objeto de dudas o de interpretaciones diferentes e incluso erróneas por la Administración según la provincia en que nos encontrásemos; se recogen también todos los diferentes tipos de guardia que existen y los diferentes tipos de compensaciones horarias. De paso, aprovecha la Administración la nueva herramienta para extender el control horario a todos los órganos judiciales, incluidos los Juzgados de Paz. En los próximos días nos entregaran el documento donde se recogen todas las mejoras, del que os informaremos detalladamente y que pondremos a vuestra disposición. No se modifica la normativa sobre jornada y horarios, aunque desde el STAJ hemos insistido una vez más en que esta normativa debe revisarse en futuras mesas.
La herramienta se implantará progresivamente, comenzando en diciembre en periodo de prueba por Jaén, Granada, Juzgados de Paz, y Juzgados de menores y Fiscalía de Sevilla y algún otro aún por concretar, para posteriormente implantarlo en todos los órganos andaluces, aproximadamente en el mes de marzo, una vez corregidos los posibles errores que pudieran presentarse en ese periodo de prueba.
Resolución de Guardias del IML de Sevilla.-
Para poner fin a la actual situación de manifiesta “alegalidad” en la forma en que se presta el servicio fuera de la jornada ordinaria en el IML de Sevilla, la Consejería pretende, basándose fundamentalmente en criterios de ahorro, implantar guardias de permanencia y disponibilidad semanales con un funcionario, en lugar de la guardia de 24 horas solicitada de manera unánime por todos los sindicatos. La postura de la Consejería nos parece una contradicción y un enorme agravio comparativo con Málaga y Granada, que cuentan con guardias de 24 horas para sus respectivos IMLs, dado que el tipo de guardia que prestan los Juzgados de Instrucción en las tres localidades es de 24 horas (48 en el caso de Málaga), siendo además el de Sevilla el IML que soporta mayor carga de trabajo. Como decimos, la Consejería impondrá la guardia semanal, eso sí, si se lo permite Presupuestos, lo que aún está por ver.
Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia.-
La Consejería dio traslado en el mes de julio del Borrador del Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia, para que los sindicatos –y otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia- hiciésemos nuestras alegaciones y sugerencias al mismo. La intención de la Administración en el día de hoy era contrastar la opinión sindical y la valoración que nos ha merecido el indicado Plan, para tratar de elaborar un documento definitivo que contenga en la medida de lo posible las sugerencias de todos los actores implicados de una u otra manera en la Administración de Justicia andaluza.
Hasta la fecha, según la propia Consejería, son varios los colectivos que han presentado ya sus alegaciones (Colegio de abogados, Procuradores, Secretarios, TSJA, entre otros) Por la parte sindical, sólo UGT y STAJ hemos presentado nuestras respectivas alegaciones. Desde el STAJ lo hemos hecho (en un documento de más de 40 páginas –el borrador del plan tiene más de 160-), porque consideramos de sumo interés aprovechar la oportunidad que se nos ha brindado de expresar nuestro punto de vista a un proyecto de vital importancia que, de aprobarse, va a suponer la hoja de ruta de la modernización de la Administración de Justicia en Andalucía, y eso nos afecta a los funcionarios de Justicia muy directamente. No presentar alegaciones, o incluso, como ha hecho algún sindicato, alardear de que no lo piensa hacer, nos parece un imprudente ejercicio de irresponsabilidad.
Es difícil, por no decir imposible, resumir en unas pocas líneas el contenido del borrador del Plan y de nuestras alegaciones, pero sí resaltaremos aquí lo que hoy hemos puesto de manifiesto a los responsables de la Consejería:
1.- Todo lo que atañe directa o indirectamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios debe ser negociado en la mesa sectorial de Justicia.
2.- La Nueva Oficina Judicial, en torno a la cual gira buena parte del plan, no puede ponerse en marcha si previamente no se ha mejorado la situación de atasco actual que padece la Administración de Justicia, y si no se ha llevado a cabo una informatización y digitalización plena y eficaz, donde los equipos y las redes informáticas sean fiables y rápidas y soporten la enorme cantidad de información que circula por ellas, y donde los órganos judiciales y las distintas oficinas estén interconectados entre sí. Y todo ello con una formación previa y de calidad para todos los funcionarios.
3.- Es necesario mejorar los edificios judiciales, construir ciudades de la justicia allí donde el número de órganos lo requiera, acabar con la provisionalidad de sedes, arreglar las deficiencias y, sobre todo, poner remedio a la caótica falta de espacio que es común a la mayoría de edificios actuales.
4.- Es necesario incrementar, previamente, el número de órganos judiciales y las plantillas de muchos de ellos. Se habla siempre de optimización de recursos humanos, pero ello no puede hacernos caer en el tremendo error de pensar que se puede hacer todo con el mismo o incluso con menos personal. Muy al contrario, la modernización de la Justicia requerirá aún más personal que ahora, pues no solo el ahora existente es insuficiente, sino que además la modernización supone la asunción de tareas nuevas –muchas de las cuales ya estamos padeciendo en juzgados y tribunales todos los días: SIRAJ, Acceso a bases de datos, grabaciones de vistas, asistencia a vistas, etc., etc.,- que es imposible asumir si no se incrementan las plantillas actuales.
5.- Es imposible cumplir el objetivo último del plan –la modernización de la Justicia andaluza-, si no puede financiarse. La propia Consejería no se ha atrevido a dar números, pero es evidente que todo lo que se precisa costará muchísimo dinero, y en época de recortes, de crítica situación económica, de bajada de sueldos a los funcionarios, congelación de pensiones, etc., parece como mínimo ilusorio pretender embarcarnos en una empresa tan difícil y costosa, aunque necesaria.
6.- Por último, es imprescindible que el plan cuente con el apoyo y el consenso no sólo de los diferentes actores que intervenimos en la Administración de Justicia de manera más directa, sino también con el consenso de todas las fuerzas políticas, máxime en un momento como el actual, en el que el partido que sustenta el gobierno andaluz no tiene asegurado, ni mucho menos, su permanencia en el poder.
