Feb 20 2014

Prensa: De Llera destaca el respaldo a la nueva Oficina Judicial y Fiscal, y reconoce que no ha habido negociación “porque no era necesaria”

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado este miércoles en Comisión parlamentaria los grandes beneficios que supondrá la próxima implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal en la Administración de Justicia en Andalucía y ha puesto de manifiesto la «excelente acogida» que ha tenido entre la mayoría de los profesionales de la justicia y las principales organizaciones sindicales el Decreto aprobado el pasado enero por el Gobierno andaluz para impulsar este nuevo modelo de organización judicial que agilizará y mejorará el funcionamiento de este servicio público.

El consejero ha apostado por el «diálogo y el acuerdo» para impulsar a partir de ahora el desarrollo de este proyecto y negociar las órdenes y la relación de puestos de trabajo para su implantación, al tiempo que ha explicado que «el decreto aprobado sólo establecía un marco legal amparado en el cumplimiento de una ley estatal que no obligaba a la negociación».

De Llera ha asegurado que la nueva Oficina Judicial empezará a desarrollarse durante este año como primera experiencia en los juzgados del municipio almeriense de El Ejido y en los de Vélez Málaga, mientras que el proyecto piloto de la Oficina Fiscal se desplegará en la Fiscalía de Sevilla. Además, ha anunciado que el proyecto «se irá implantando de forma progresiva y conforme se vayan aprobando las relaciones de puestos de trabajo, que estarán supeditas a las posibilidades técnicas, organizativas y presupuestarias».

Asimismo, el PP-A señala que la nueva Oficina Judicial «es la solución, con la potenciación de la mediación», pero añade que «tiene que ir más rápido, porque lo necesitamos y los datos así lo aconsejan». Por tanto, destaca que «van a apoyar los esfuerzos y impulsar el trabajo de la Consejería», pero se preguntan hasta qué punto, y después de 17 años con competencias transferidas en justicia, están preparadas la Consejería y las sedes para recibir este nuevo sistema de trabajo.

«Hay 80 partidos judiciales que necesitan programación, una fecha y un mapa de implantación», así como una planificación, presupuesto y diálogo con los sindicatos». Por último, anuncia que el PP-A presentará iniciativas «para intentar impulsar dentro de sus posibilidades esta Oficina Judicial».

Por su parte, la diputada de IULV-CA, Alba Doblas, ha dicho «estar asombrada» por que el consejero «siga afirmando sin pudor que la implantación de la nueva oficina es un deseo de los sindicatos», cuando estos, prosigue, «han manifestado su malestar por no haber negociado el Decreto aprobado en enero, pese a que afecta al funcionario de la Administración de Justicia», una afirmación que De Llera desmiente porque «no cambia nada las condiciones de trabajo de estas personas» y dice que de ser así «lo hubieran negociado».

Además, De Llera señala que desde el primer borrador, este proyecto «se explicó a todos los sindicatos», muchas de cuya opiniones «fueron tenidas en cuenta para elaborar el texto definitivo», al tiempo que ha reiterado que el Decreto «no exige negociación». La diputada de IU afirma que «una cosa es entregar el Decreto, y otra negociarlo», y ha insistido en que «no se puede obviar a los sindicatos, cuando las condiciones de trabajo se ven afectadas».

Al hilo de lo anterior, Doblas indica que existe un recurso de una sindicato contra la nueva oficina, al considerar «vulnerada» la negociación colectiva. Ante esto, De Llera insiste en que «nunca dijo que se había negociado, y sí que no era necesaria la negociación», lo que «vamos a ver cuando los tribunales resuelvan dicho recurso por falta de negociación que, estoy seguro, van a desestimar».

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