Ayer lunes día 9 de septiembre de 2019 tuvo lugar en el Tribunal Supremo el acto de apertura de un nuevo Año Judicial por lo que conviene recordar la situación en la que nos encontramos actualmente los funcionarios de justicia ante los nuevos retos que nos depara este nuevo año judicial.
A nivel estatal y en materia retributiva, informar que en el mes de julio se empezó a abonar la subida salarial del 0,25%, lo que es la parte variable de la subida de salario correspondiente al año 2019. Esta subida no es retroactiva desde el mes de enero, sino que se aplica desde el mes de julio en adelante, y consolida en nómina para futuros incrementos. El incremento se produce sobre todos los conceptos salariales de la nómina.
Las cantidades son ridículas, entre 4 y 7 euros brutos al mes, dependiendo de los casos. Tal vez por ser una cantidad ridícula, es por lo que ha pasado inadvertida, toda vez que desde el Ministerio ni desde la Consejería de Justicia de Andalucía tampoco han tenido la deferencia de informar sobre ello. El hecho es que esa subida que estaba pendiente ya se ha producido.
Cabe recordar que la subida salarial pactada para este año 2019 fue el 2,25% fijo, más una parte variable dependiendo del incremento del PIB del año anterior (año 2018), igual o superior al 2,5%. Esa condición se cumplió, puesto que el PIB de España en el 2018 se incremento en un 2,5%. Esa parte variable es del 0,25% y es la que ya se ha subido en el mes de julio. Ambos incrementos se aplican sobre todos los conceptos salariales. Recordar también que la subida salarial pactada para el siguiente año 2020 será como mínimo de 2,30% (2% fijo) y se aplicará en los nuevos salarios y sobre todos los conceptos salariales de la nómina.
Por lo que respecta a otras cuestiones salariales como la instauración de la carrera profesional en Justicia (introducida en la última modificación de la LOPJ), no hay ninguna novedad, aún no hay nada. Esperemos que cuando haya un ejecutivo que deje de estar en funciones se pueda avanzar y cobrar en nuestras nóminas este nuevo concepto retributivo.
Continuando con el aspecto retributivo y a nivel autonómico, el personal de justicia de Andalucía tendrá a partir del 1 de enero de 2020 otro aumento retributivo de 35 euros en el concepto del complemento específico, quedando pendiente para el año 2021 una última subida de 20 euros que completará los 90 euros de aumento en nuestro complemento específico pactada con STAJ y que situará a los funcionarios de justicia con destino en Andalucía entre los mejores pagados de todo el Estado.
A esto hay que añadir el desarrollo de las demás mejoras en nuestras condiciones laborales contenidas en el Acuerdo de 27 de noviembre de 2018 firmado por STAJ con la Consejería de Justicia de Andalucía (negociación de una nueva Orden para la provisión provisional de puestos de trabajo, así como de las sustituciones entre funcionarios del mismo cuerpo; conversión de las plazas de refuerzo estructurales en plazas de plantilla; actualización del Manual de Permisos y Licencias, así como mejoras en materia de conciliación laboral; Planificación de la implantación progresiva de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía; abordar la devolución de los recortes de 2013 y 2014), así como que se continúen aplicando otras mejoras contenidas en el acuerdo (reducción a solo un mes y medio del tiempo de espera para cobertura de bajas o similares por personal interino y la cobertura de los puestos de trabajo de liberados sindicales mediante funcionarios de carrera).
REGISTRO CIVIL.-
Pasan los meses y la entrada en vigor de la Ley 20/2011, prorrogada hasta el 30 de junio de 2020, está cada vez más cerca. La situación de bloqueo político actual, sin gobierno constituido y con un Parlamento cuya actividad brilla por su ausencia, unida a la nula voluntad política y del actual equipo ministerial, dificultan las posibilidades de modificar una norma que saca el Registro Civil de la Administración de Justicia, alejando de los ciudadanos un servicio que debería ser cercano y que supone la eliminación de numerosos puestos de trabajo.
Tras la oportunidad perdida hace año y medio, cuando la mayoría de partidos políticos impidieron la tramitación y debate de una reforma impulsada por el Partido Popular desde el Ministerio de Justicia que, a pesar de sus muchas carencias, al menos mantenía el Registro Civil con su demarcación actual y dentro de los Juzgados, el futuro de este servicio tal como actualmente lo conocemos es cada vez más incierto.
A pesar de ello STAJ mantiene su oposición frontal a la Ley de 2011 -fuimos el único sindicato que desde el principio se opuso sin fisuras a su promulgación, hoy todos se suben al carro-, luchando por el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, y continúa los contactos con partidos políticos para buscar una solución urgente y definitiva.
