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Hace poco más de 5 años, en febrero de 2018, STAJ promovió ante el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de la devolución de los recortes a las funcionarias y funcionarios de justicia de la Junta de Andalucía. Concretamente, y así aparece en el diario de sesiones del Parlamento de Andalucía, la propuesta era la siguiente: “Proposición no de ley relativa a inmediata recuperación de los recortes salariales practicados al personal funcionario de justicia de Andalucía”.
En su intervención la parlamentaria que presentó la PNL hacía alusión a que el personal al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía llevaba sufriendo recortes en derechos y retribuciones, y siempre bajo la excusa, o el pretexto, de que tenían que colaborar en la recuperación económica de nuestro país y, en concreto, en el de nuestra comunidad autónoma.
El objeto de esta PNL, continuaba diciendo, era que dado que… “el Gobierno de la Junta de Andalucía nos está anunciando, a bombo y platillo, que estamos viviendo una recuperación económica, y con perspectiva de que vamos a seguir creciendo en los próximos años, bueno pues creemos que ya es hora de devolver a los funcionarios lo que de una manera injusta y desproporcionada les fue quitado, en cuento a sus condiciones de trabajo y salariales”.
La petición de STAJ a los Grupos políticos fue, básicamente, la siguiente: “Que por la Consejería de Justicia e Interior se procediese en breve plazo al inicio de los procesos de negociación con los representantes sindicales de las funcionarias y funcionarios de Justicia, para, 1. La inmediata recuperación, con el establecimiento de un calendario de pagos, de los recortes salariales provocados en los años 2013 y 2014”; 2. Revisión y subida del Complemento Específico…”
De las intervenciones de los grupos parlamentarios nos queremos detener en la del Partido Popular, primero, porque actualmente conforma, con mayoría absoluta, el Gobierno en Andalucía y, segundo, por la contundencia mostrada ante tan justas reivindicaciones.
La portavoz del Grupo Popular en su intervención dijo, literalmente, lo siguiente: “El posicionamiento del Partido Popular a esta Proposición no de Ley es que vamos a votar a todos los puntos que sí. Creemos que es justo, es de sentido común, es el momento en que la recuperación económica y la buena evolución de Andalucía no dejan lugar a dudas. Obviamente, esa buena intención no acompaña, desgraciadamente, a la buena gestión, ya nos gustaría, pero sí es verdad que precisamente por esa gestión que se debe mejorar, creemos que esta iniciativa viene en tiempo y forma, la vamos a votar a favor.
Y nos gusta mucho una palabra en concreto que introduce el propio texto de la proposición no de ley del grupo proponente, que es “inmediata”. Inmediata porque y ya está bien –y ahora voy a desgranar por qué decimos que ya está bien- de que Andalucía sea la última hasta para pagar o para devolver dinero de lo que se ha recortado por situaciones, evidentemente, de causa o razón mayor, como fue la gravísima crisis económica que ha padecido España, pero ya está bien de que Andalucía sea siempre la última para devolver los derechos a los trabajadores y, en concreto, a los funcionarios públicos y a los funcionarios de Justicia”.(…).
El resultado de la votación fue la aprobación de los puntos 1 y 2 de la Proposición no de ley.
Cataluña, que era la otra comunidad autónoma que recortó durante 2013 y 2014 las retribuciones a los empleados públicos, entre ellos, al personal de Justicia ya ha devuelto esos recortes retributivos, con lo cual se puede decir que Andalucía, como decía la portavoz del PP, continúa siendo la última en devolver los derechos a los trabajadores de Justicia.
En democracia, las formas son tan importantes como el fondo. El “sí” a la devolución “inmediata” de los recortes producidos durante 2013 y 2014 en las retribuciones del personal de Justicia no se produjo en una tertulia, ni siquiera fue en la prensa, se pronunció, ni más ni menos, que en el Parlamento. Por ello, el PP, que actualmente gobierna, en mayoría absoluta, en Andalucía debe cumplir con su palabra. La palabra dada en el Parlamento de Andalucía es contrato y los contratos deben cumplirse.
