Recordamos que en el mes de octubre del año pasado el Ministerio de Hacienda llegó a un acuerdo, en el marco de la Mesa General de negociación de Función Pública, con los sindicatos UGT y CCOO para el incremento salarial durante el periodo 2022-2024.
El acuerdo preveía para 2022 un incremento fijo del 1,5 por ciento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.
Por lo que respecta al presente año de 2023, el incremento fijo es del 2,5 por ciento. Asimismo, se prevé una parte variable de subida sujeta a condicionantes. De esta manera, al incremento para 2023 se podría sumar un porcentaje variable doble: un 0,5% vinculado a que el PIB supere el 5,9% que parece bastante difícil de alcanzar y otro 0,5% si el IPC acumulado de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
Respecto de 2024 al incremento fijo del 2 por ciento se podría añadir un 0,5% si el IPC acumulado de 2022, 23 y 24 supera el 8%.
El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado un incremento del 2,5 por ciento para los salarios de los funcionarios a partir de 2023, que incluye además una cláusula de revisión salarial en función del IPC.
Una subida salarial insuficiente.
Lo que ya podemos afirmar es que en el 2022, el año pasado, la suma del 2% que se nos aplicaba desde enero más el 1,5% que se nos aplicó con efectos retroactivos según este acuerdo (total 3,5%) se ha traducido en una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores públicos, ya que el IPC de 2022 alcanzó un 5,7%.
Lo mismo podemos afirmar del incremento pactado para 2023 en cuanto a su parte variable (0,5%+0,5%) y del de 2024 (0,5%) vinculados a variables de PIB e IPC.
Para 2023 el Ministerio de Economía prevé un crecimiento del 2,1% por lo que el 0,5% adicional vinculado a PIB se firma a sabiendas de que no se va a cumplir. El 0,5% vinculado a la inflación acumulada de 2022 y 2023 si esta supera el 6% supone que la subida seria del 3% pero el IPC superaría el 6% con lo que como mínimo se perderían 3 puntos más de poder adquisitivo.
Y respecto del 0,5% adicional al 2% fijo para 2024 si el IPC acumulado del período 2022-2024 alcanza el 8%, lo que equivaldría a una economía en la UCI y sería una tomadura de pelo para los trabajadores públicos al limitar su subida al 2,5% total y la inflación por encima del 8% lo que implicaría como mínimo otros 6 puntos de pérdida de poder adquisitivo.
En definitiva, un incremento salarial notoriamente insuficiente porque precariza aún más las retribuciones de los funcionarios de la Administración de Justicia y al resto de trabajadores públicos, que ya sufrimos una pérdida del poder adquisitivo superior al 20%, que va a incrementarse estos años con una inflación muy por encima de la subida pactada.
